Podemos acusa al consejero de Desarrollo Rural de Aragón de administrar una empresa del sector
- En la información pública disponible en Internet, Olona aparece, en la actualidad, como presidente de la empresa. Pero en su web, el consejero señala que ocupó ese puesto hasta 2015. Accedió al cargo de consejero en julio de ese mismo año
Podemos Aragón acusa al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón (PSOE), Joaquín Olona, de compatibilizar su cargo con el de administrador de una empresa privada del mismo sector. Apuntan que, según los datos oficiales que figuran en el Boletín del Registro Mercantil (Borme), Olona pertenece, en la actualidad, al Consejo de Administración de Ingeniería, Estudios y Servicios S. A. (Inesa). Esta empresa, señala la formación morada en un comunicado, ofrece “servicios especializados de ingeniería y consultoría de impacto ambiental, trazabilidad alimentaria, auditoría energética e ingenierías de infraestructuras, entre otros”.
De igual forma, y también a tenor de lo publicado en el Borme, desde Podemos informan de que Olona ha presidido el Consejo de Administración de Investigaciones y Asistencia Técnica Quasar S. A., que pertenece a Inesa. Abandonó dicho cargo, explican, el pasado 28 de abril para ceder su puesto a María Jesús Olona Blasco. No obstante, sospechan que “podría seguir desarrollando su actividad como director comercial de Quasar, empresa dedicada a la consultoría en el ámbito de la alimentación, el medio rural y el medioambiente”.
En la información pública existente en Internet, se puede comprobar que Joaquín Olona aparece, actualmente, como presidente de Inesa S. A. En Quasar, sin embargo, es María Jesús Olona la que figura como presidenta y consejera. Distinto es lo que el propio Olona cuenta en su página web personal, donde dice que fue presidente de Inesa y consejero delegado y director general de Quasar hasta 2015. Hay que recordar que accedió al cargo de consejero del Ejecutivo autonómico en julio de ese mismo año.
Incompatibilidades
El Grupo Parlamentario de Podemos ha presentado dos escritos, uno dirigido al Gobierno de Aragón y otro al presidente de las Cortes, solicitando que aclaren la situación. De corroborarse la veracidad de los hechos, exigen al presidente de la Comunidad que cese inmediatamente a Olona. Son varias las legislaciones que sostienen la denuncia de la formación morada.
Entre ellas, la Ley 2/2009 del Presidente y del Gobierno de Aragón, que, en su artículo 31, dice: “Los miembros del Ejecutivo ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y, en consecuencia, no podrán ejercer ninguna otra actividad pública o privada, con independencia de que sea remunerada o no, salvo la propia del mandato parlamentario en las Cortes de Aragón y las que autorice la Ley. La única retribución que podrán percibir por el desempeño de su función será la que corresponda con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma”.
Se refieren también al artículo 32 de la misma Ley, cuyo punto uno reza así: “Los miembros del Gobierno formularán declaración patrimonial, comprensiva de todos sus bienes, derechos y obligaciones, y de cualquier actividad que le produzca ingresos, referida al momento en que tomen posesión del cargo y al día de su cese”. Por lo tanto, indican que las actividades referidas “deberían figurar en la declaración presentada en el Registro de Intereses de las Cortes de Aragón”.
Y, por último, mencionan los artículos 11 y 12 de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal de las Administraciones Públicas. En el primero de ellos se explica que el personal comprendido en el ámbito de aplicación de dicha ley “no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado”. En el siguiente artículo se listan las actividades incompatibles.
Del mismo modo, alertan en Podemos de que Olona preside las empresas públicas Sarga y Aragonesa de Gestión de Residuos S. A., que “compiten directamente en el mercado de las mismas áreas que las empresas privadas de las que forma parte”.