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ARAGÓN

Biscarrués se cae del Plan Hidrológico mientras la Galliguera y los Monegros se despueblan

El polémico embalse desaparece de la lista de objetivos del Estado mientras la evolución demográfica de la montaña y del llano pone en duda los efectos del regadío y del turismo como fijadores de población

Los afectados alertan del impacto negativo para La Galliguera.

El proyecto del pantano de Biscarrués se diluye tras haber sido durante treinta años una amenaza para la montaña y una ilusión para el llano. Coordinadora Biscarrués - Mallos de Riglos

No aparece. Ni se le nombra. El proyecto del pantano de Biscarrués, que de nuevo iba a provocar la inundación de un pueblo (Erés) para llevar agua a otros, en este caso desde el cauce del río Gállego a la comarca de Los Monegros, se ha caído del Plan Hidrológico del Ebro. 

Ese concepto, que durante tres décadas ha sido sinónimo de amenaza para la montaña y de ilusión para el llano, no aparece en el resumen del ETI (Esquema de Temas Importantes) con el que la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) ha puesto en marcha el nuevo proceso de consulta pública en el que se basará el tercer Plan Hidrológico del Ebro (PHE), ni tampoco en el documento básico de la evaluación ambiental de la iniciativa.

Sí sale en el documento inicial del proceso, aunque solo con una breve mención que le incluye, junto con Albagès, Mularroya y Yesa, entre los “embalses de regulación asociados” a “las medidas de creación de nuevos regadíos” en un texto redactado en octubre de 2018, apenas quince meses después de que la Audiencia Nacional declarara, en una sentencia sobre la que en breve va a pronunciarse el Supremo, que tanto el anteproyecto como la declaración de impacto incumplen la Directiva Marco del Agua por avalar una obra que supone añadir otra interrupción a la circulación del caudal, por carecer de los necesarios estudios previos que viabilidad económica, social, ambiental y técnica y, también, por no incluir un programa para recuperar sus costes cargándoselos a los beneficiarios.

Un debate agrio donde no se decide

El proyecto de Biscarrués, uno de los incluidos en el mitificado Pacto del Agua de 1992, ha ido perdiendo capacidad a lo largo de sus casi cuatro décadas de existencia sobre el papel, en las que pasó de 190 a 35 hectómetros sin que nunca se descartara la ‘alternativa cero’, un eufemismo del descarte, y con la balsa de Almudévar, sobre la que también hay pendiente un pronunciamiento judicial, como complemento.

Mientras los tribunales finalizan el chequeo de la legalidad de esos proyectos, el de Biscarrués ha sido de nuevo situado en el centro del debate político por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que ha propuesto debatir el futuro de la obra.

La iniciativa ha generado una nueva alharaca de las que tradicionalmente acompañan al debate sobre política hidráulica en la comunidad, con defensas cerradas de papeles mojados como el acuerdo del 92, denuncias de acuerdos y servidumbres supuestamente oscuros o turbios, ya sean de grupos políticos, locales o de regantes, y los habituales escasos avances en el debate, que permanece estancado donde en realidad, además de en los tribunales, debe ser dirimida la cuestión: un Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a cuyos mandos se halla la vicepresidenta Teresa Ribera.

Cuando la montaña y el llano van a menos

Descontados los argumentos ambientales a la vista del criterio de los tribunales, la demografía y la economía se sitúan como los ejes del debate en torno a Biscarrués: los Monegros reclaman la obra para mejorar la garantía de abastecimiento de sus regadíos, integrados en el sistema del Alto Aragón, y sujetar con ellos la población de un territorio en declive, mientras la Galliguera denuncia que una obra de esa magnitud empantanará un tramo de catorce kilómetros del Gállego de cuya navegabilidad dependen hasta 700 empleos de temporada y el futuro de una comarca que, tras convertirse en el principal foco de turismo activo del Pirineo con 80.000 visitantes al año, ha logrado detener la pérdida de vecinos.

Sin embargo, en realidad, ni una ni otra comarca se salvan del proceso de despoblación que está vaciando el mundo rural de toda España, con Murillo de Gállego como excepción relativa en la Galliguera.

La ‘capital’ de esa subcomarca tiene hoy casi medio centenar más de habitantes que hace un cuarto de siglo, aunque también veinte menos que hace siete años tras cuatro de recuperación, según los datos del padrón a uno de enero del año pasado que ofrece el INE.

En el resto el declive es generalizado: Ardisa ha perdido quince de los 85 vecinos que tenía a mediados de los años noventa mientras Las Peñas de Riglos se deja medio centenar para caer a 248 y Biscarrués eleva la pérdida a 67 para quedarse en 182 (-32%).

Agüero ha perdido 34 (129, -20%) en un proceso del que tampoco se libran otros cercanos como Ayerbe, que cae a 1.009 tras reducir su censo en 133, o Loarre, donde siguen empadronados 338 vecinos, con sendos retrocesos de más de un 10% y casi un 20%, respectivamente, en dos décadas y media.

La evolución demográfica de la zona del llano a la que está destinados los supuestos beneficios de la obra es similar, con unos flujos de despoblación incluso más intensos a menudo aunque con la excepción de Fraga (+3.250, +27%) y Sariñena (+102, +2,5), que como cabeceras de comarca de cierta entidad se benefician de la concentración de habitantes que lleva varias décadas dándose en el mundo rural.

Las pérdidas son generalizadas en el resto de las localidades del área regable, con retrocesos de 300 empadronados en Grañén (-14,5%), de 477 en Lanaja (-28,9%), de 400 en Lalueza (30,9%) o de 227 en Castejón de Monegros (30,1%) y caídas en el entorno de la cuarta parte del censo en otros como Robres, Alcubierre o Huerto.

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