La lucha de una madre ante el vacío legal que dejaba enseñar a maltratadores: “Los derechos de los niños están por encima”

El Gobierno de España ha dado un nuevo paso en la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), con un anteproyecto que busca reforzar la protección de niños y niñas frente a situaciones de violencia. Entre las medidas más destacadas se encuentra el endurecimiento de los requisitos para trabajar con menores, especialmente en entornos relacionados con la primera infancia.

La reforma, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, pretende cerrar vacíos legales detectados desde la entrada en vigor de la ley en 2021. El nuevo texto pone el foco en la prevención y en garantizar entornos seguros para los menores más vulnerables. Entre otras medidas, amplía los controles para impedir que personas condenadas por violencia de género o maltrato familiar puedan ejercer profesiones en contacto con niños pequeños.

Detrás de este debate legal hay nombres propios y casos que han contribuido a evidenciar las carencias del sistema. La aragonesa Paloma Delgado, médica y víctima de violencia vicaria, ha impulsado durante los últimos años una intensa labor de denuncia pública y reivindicación institucional. 

Una frase que lo cambió todo

A comienzos del actual curso escolar 2025-2026, la comunidad educativa del IES Francisco Grande Covián de Zaragoza mostró preocupación tras conocer que uno de sus profesores había sido condenado a siete años de prisión por maltrato continuado a su exmujer y a sus tres hijos, cuando estos tenían 6, 9 y 11 años respectivamente. Una sentencia que finalmente fue sustituida por medidas alternativas y una multa de 1.530 euros. 

El caso ya había generado polémica y revuelvo mediático el curso anterior en el IES Goya. En aquel momento, las familias pusieron en marcha la plataforma Docentes Decentes y encabezaron protestas para reclamar una reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia, reabriendo así el debate sobre el vacío legal que permitía ejercer como docentes a personas condenadas por violencia familiar, siempre que no tuvieran antecedentes por delitos sexuales.  

Paloma Delgado había comenzado este movimiento de lucha mucho antes, acompañada por la abogada Altamira Gonzalo, también aragonesa y experta reconocida en este campo. En diciembre de 2022, Delgado compareció en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón donde reclamó reformas legales para reforzar la protección de los menores. Allí lanzó una pregunta que se convirtió en símbolo de su reivindicación: “¿Estarían tranquilos si el profesor de sus hijos estuviera condenado por maltrato a los suyos propios?”.

No es un caso aislado, puede pasar más allá de las aulas de un colegio

Precisamente esa cuestión es la que conecta directamente con el espíritu de la actual reforma de la LOPIVI. El anteproyecto contempla ampliar los requisitos de acceso a profesiones relacionadas con la infancia, más allá del actual certificado de delitos sexuales. La intención es impedir que personas condenadas por violencia o maltrato familiar puedan trabajar en escuelas infantiles, centros educativos, actividades deportivas o espacios de cuidado de menores. 

Tras hacerse público, el caso de Delgado y su familia se ha convertido en un ejemplo recurrente citado por asociaciones feministas y organizaciones de protección a la infancia, para denunciar lo que consideran fallos estructurales del sistema judicial en materia de violencia vicaria. “Nos encontramos con que, un año después de la denuncia, mi exmarido y padre de mis hijos, condenado por maltrato, ejercía como docente en un centro educativo, ¿cómo podía ser?”, se pregunta Paloma Delgado. 

Una persona, sin experiencia profesional previa como docente, con una condena firme, impartiendo clases de ética y siendo referente para el alumnado“, continúa Delgado, ”es una situación que lanza dos mensajes peligrosos“: ”A quienes están siendo abusados les dice que no merece la pena denunciar, porque la sociedad no lo penaliza; y a quienes tienen como referente a un docente o monitor condenado el mensaje es que da igual lo que hagas, porque puedes continuar haciendo tu vida con normalidad, sin apenas penalización“. 

El caso de este profesor de Zaragoza no es aislado, por eso “es importante que se tome como referencia, pero también que seamos conscientes de que puede pasar en otros espacios”; entornos como una clase de tenis, un aula o un campamento, apunta Paloma Delgado.

Durante años la aragonesa ha impulsado campañas públicas, recogidas de firmas y reuniones con instituciones para reclamar cambios legislativos. “La disposición del Ministerio ha sido buena, vinieron a Zaragoza para mantener un encuentro y nos han escuchado”, reconoce Paloma. La respuesta social también ha sido positiva, una de sus peticiones en Change.org llegó a superar las 100.000 firmas de apoyo. Y en estos días, precisamente, se han actualizado tanto esta como la petición realizada por Lucía Gutiérrez: “No con mis hijos”. 

Un paso más para acabar con la incertidumbre y el miedo

En numerosas ocasiones, en testimonios recogidos en prensa, Paloma Delgado ha denunciado el “miedo, incertidumbre y desprotección” que viven muchas madres y menores tras denunciar violencia de género. También ha criticado que, por defecto, el sistema prioriza los derechos del agresor frente al interés superior del menor. Algo que es difícil de cambiar si no se conoce: “La gente no puede reclamar algo si no tienen consciencia de que existe”, apunta y recuerda que incluso los docentes, hasta la fecha, desconocían el vacío legal que ahora va a subsanar la reforma de la LOPIVI.  

Hacer público su caso “ha sido sanador” para Paloma y para sus tres hijos, a los que “sentir el apoyo social” les ha ayudado en un proceso “complicado y duro” en el que tal y como lamenta esta madre, “no se ha pensado en las secuelas psicológicas de los menores a futuro”. Por eso, sacar adelante esta reforma “es una forma de avanzar, una mejora para la sociedad”, se complace la aragonesa. 

La reforma de la LOPIVI también incorpora otras medidas relevantes, como la prohibición expresa del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), la obligación de escuchar a los menores sin límite de edad en procedimientos judiciales, y la posibilidad de que un solo progenitor autorice atención psicológica para hijos víctimas de violencia.

Aunque el texto aún debe recorrer su trámite parlamentario, el debate social ya está abierto. Y en él, voces como la de esta aragonesa –madre, médica y víctima de violencia- ha sido fundamental para trasladar al ámbito político una realidad que muchas víctimas llevaban años denunciando: que la protección de la infancia no puede quedarse únicamente en el papel y que los antecedentes de violencia deben tener consecuencias reales cuando se trata de trabajar con menores.

Pendientes quedan otros puntos de la reivindicación de esta madre y mujer maltratada, entre ellos: la acumulación de delitos y, la revisión y valoración del condenado antes de dar paso a su restitución. Medidas complejas, ya que requieren una reforma a nivel penal, pero que, como recuerda Paloma Delgado son “necesarias” por el bien de los menores, cuya protección “debe ser nuestra prioridad”.