Siete pueblos de Teruel, instituciones y empresas mineras buscan soluciones ante el aumento de tráfico pesado de arcillas

El incremento del tráfico de camiones por las carreteras del Bajo Aragón y el Maestrazgo ha vuelto a poner en alerta a los municipios afectados. Este lunes, representantes de la Diputación Provincial de Teruel, del Gobierno de Aragón, alcaldes de los municipios afectados y responsables de las empresas mineras se han reunido para buscar soluciones. La carretera TE-38 conecta localidades como Molinos, Castellote, Seno y la zona de Cuevas de Cañart, y soporta desde hace años un tránsito intenso que se ha agravado desde la guerra de Ucrania, al incrementarse la extracción de arcillas en Aragón para suplir el suministro exterior.

El presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Joaquín Juste, ha urgido este lunes al Gobierno de Aragón a “concretar” la titularidad, de la carretera TE-38, en la provincia de Teruel, en el tramo desde La Venta de la Pintada hasta Castellote pasando por Molinos.

Antes de participar en una reunión sobre el tráfico de camiones de arcillas por esta vía, encuentro en el que han participado representantes del Gobierno de Aragón, alcaldes y empresas, Joaquín Juste ha señalado que este tráfico pesado “está generando ciertas incomodidades en la zona”.

Cientos de vehículos pesados atraviesan diariamente la carretera TE-38, muchos de ellos transportando arcillas extraídas en la zona con destino a industrias de la provincia de Castellón. Esta situación ha generado preocupación entre vecinos y alcaldes por los problemas de seguridad vial y el desgaste de unas infraestructuras que no están preparadas para asumir ese volumen de circulación.

Durante el encuentro se ha hecho balance de las actuaciones ya ejecutadas, con una inversión superior a los 115.000 euros destinada a mejorar tramos críticos y reforzar la señalización, según ha detallado el presidente de la DPT, Joaquín Juste. Sin embargo, ha advertido de que la titularidad compartida de esta vía entre el Gobierno autonómico y los ayuntamientos complica su mantenimiento y la ejecución de nuevas obras.

Por ello, se ha planteado avanzar en la transferencia completa de la titularidad al Ejecutivo autonómico con el fin de agilizar los trámites y garantizar una respuesta más eficaz a las necesidades de la vía.

Al encuentro han asistido también los directores generales de Minas, Yolanda Vallés, y de Carreteras, Miguel Ángel Arminio, quienes han coincidido con los alcaldes y representantes de las empresas en la necesidad de mantener una colaboración estrecha para compatibilizar el mantenimiento de la actividad económica con la seguridad vial y la calidad de vida de los habitantes.

Además, se ha acordado evaluar la evolución del tráfico para prever si el número de camiones aumentará o disminuirá en los próximos meses, y poder adaptar las actuaciones en función de la demanda real.

Este encuentro se produce después de que en los últimos meses se intensificaran las demandas de los alcaldes de los municipios de Aguaviva, Mas de las Matas, Castellote, Cuevas de Cañart, Seno, Molinos y Las Parras de Castellote, que reclaman una reunión conjunta entre todas las partes implicadas. El detonante de esta iniciativa fue un accidente ocurrido en marzo entre un camión y un autobús de línea en la A-225, que dejó siete heridos leves.

A la saturación de las vías se suma la peligrosidad en tramos especialmente sensibles, como la travesía de Aguaviva —que los propios alcaldes definen como un “embudo”—, por donde pasan más de 400 camiones diarios. Las alcaldías también denuncian comportamientos imprudentes por parte de algunos conductores, especialmente en lo referente a la velocidad.

Una de las reivindicaciones centrales es que el Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel clarifiquen la titularidad de la carretera TE-38, que permanece en un “limbo legal” y cuya gestión efectiva se ve obstaculizada por este vacío competencial.

Los ayuntamientos también han señalado que las empresas mineras han mostrado buena predisposición a colaborar y participar en una mesa conjunta. Sin embargo, han pasado ya dos meses desde las primeras reuniones institucionales y los alcaldes echan en falta avances y una mayor comunicación por parte del Gobierno autonómico sobre las medidas que se están valorando.