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Salvador Hierro dice que la Junta de Santullán "no busca justicia" en La Loma sino un "interés político y económico"

El exconcejal de Castro Urdiales acusa de "prácticas mafiosas" al pedáneo y la letrada de la Junta Vecinal

Declaración de Salvador Hierro y Carmen Villanueva en el juicio de La Loma.

Declaración de Salvador Hierro y Carmen Villanueva en el juicio de La Loma.

El exconcejal de Castro Urdiales Salvador Hierro (IU) ha declarado este miércoles en el juicio de la Loma en la Audiencia provincial que la acusación particular de la Junta Vecinal de Santullán en esta causa responde a "intereses políticos y económicos" y que "no busca justicia".

Hierro, que únicamente está acusado por la Junta Vecinal de Santullán ya que la Fiscalía retiró los cargos contra él y 38 acusados más al limitar la causa al SUNP 12, ha asegurado que no votó a favor del plan parcial de este sector de suelo urbanizable a sabiendas de que hubiera alguna irregularidad en la tramitación.

"En absoluto, no se me ocurre. Ni yo ni ninguno de los que votaron, y se aprobó por unanimidad" (en septiembre de 2004), ha puntualizado, tras asegurar que "se ha enterado en este juicio de que supuestamente había un informe negativo de Carreteras".

Hierro, concejal de Obras en el tripartito PRC-PP-IU entre 2003 y 2007, ha acusado de "prácticas mafiosas" a la abogada de la Junta, Yolanda Merino, y al alcalde pedáneo, Julián Revuelta, con los que tiene una "enemistad personal manifiesta" y que en su opinión "buscan venganza a través de la Justicia". La Junta Vecinal solicita para él cinco años de prisión y 11 de inhabilitación por falsedad documental y un presunto delito continuado de prevaricación.

A preguntas de la fiscal, ha denunciado que la Junta Vecinal presionó bajo amenaza de "denunciarnos" para conseguir incluir en el SUNP-12 una finca de su propiedad de 5.000 metros cuadrados, a lo que "todos" los técnicos municipales "dijeron que no taxativamente".

Asimismo, ha afirmado que "con las mismas prácticas mafiosas", Merino le planteó una recalificación de terrenos de su familia a la entrada de Sámano, y al no conseguirlo planteó un contencioso contra el Ayuntamiento que perdió.

Ha añadido que la familia de Revuelta tenía en La Loma una fábrica de actividad considerada "peligrosa, molesta y tóxica "sin ningún tipo de licencia municipal". Hierro ha relatado que Revuelta le puso una querella criminal por calumnias e injurias y le pidió una indemnización de 60.000 euros que no se estimó.

El exconcejal, que únicamente se ha opuesto a responder a la abogada de la Junta Vecinal, ha afirmado que la denuncia del alcalde de Santullán por la invasión de caminos de su propiedad --es el origen de la causa de la Loma-- se produjo "cuando empezaron los primeros movimientos de tierra" y ha recalcado que no fue contra el equipo de Gobierno sino contra el alcalde y contra él porque "somos los culpables de que no pudiera meter la finca en el SUNP 12" y de la situación de la fábrica de su familia.

Entonces (la denuncia se presentó en 2006) Revuelta era alcalde pedáneo por el PSOE y ahora lo es por el PRC, partido al que también representa como concejal en el Ayuntamiento.

"Interés político y económico"

De igual manera, Hierro ha destacado que el plan parcial del SUNP 12 se aprobó por unanimidad, y sin embargo, la Junta Vecinal de Santullán no acusa a todos los miembros de la Corporación, ni siquiera a todos los miembros del equipo de Gobierno, por lo que considera que subyace un "interés político".

"En la Junta Vecinal gobierna el PRC y en el Ayuntamiento el PSOE, hay intentos de gobernar juntos --como a nivel regional-- por lo que hay que sacar a los concejales del PSOE, a los que no acusa pese a que han votado lo mismo que yo", ha resumido. Hierro ha añadido que "en lo económico", a la Junta Vecinal de Santullán "le va dando resultado" y ha aludido a un acuerdo con Vallehermoso para evitar un contencioso que le reportó "256.000 euros por un terreno".

Carmen Villanueva

En la sesión de este miércoles también ha declarado la ingeniera municipal, Carmen Villanueva, que al igual que Hierro, está acusada únicamente por la Junta Vecinal de Santullán, que solicita dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por un presunto delito continuado de prevaricación y prevaricación administrativa.

La técnico, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha explicado que "por norma general" no asistía a las comisiones de urbanismo, sólo cuando la convocaba el gerente. Ha añadido que durante la tramitación del plan parcial del SUNP 12, "desconocía" que hubiera un informe negativo de Carreteras.

Ha explicado que informó dos veces de forma negativa el proyecto de compensación presentado por la Inmobiliaria Construcciones Santullán a través de Dirsur en febrero y octubre de 2005, por lo que la promotora tuvo que presentar modificados y el tercero ya fue dictaminado favorablemente.

Villanueva ha señalado que cuando la Junta Vecinal de Santullán reclamó la titularidad de sus caminos en el año 2006, se limitó a informar de que era un asunto más jurídico que técnico que debía ser informado por los jurídicos, y desconoce si se llegó a emitir algún informe de esta naturaleza.

Por último, ha explicado que también informó desfavorablemente el primer proyecto de urbanización, y emitió un informe básico desfavorable para el otorgamiento de la licencia a Vallehermoso porque una parcela superaba la edificabilidad. Por último, ha declarado que no informó el proyecto de ejecución.

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