Los afectados por el incendio de Tetuán recurrirán la sentencia

Los afectados por el incendio de Tetuán recurrirán la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander. Comparten el fondo de la resolución judicial, que condena al Ayuntamiento como responsable patrimonial del suceso, y alaban la labor del magistrado en un proceso que reconocen “complejo” -se han acumulado 50 demandas y 23.000 folios- pero no aceptan la tasación económica del inmueble, que califican de “escasa”. Por ello, una buena parte de los vecinos ya han decidido que apelarán el auto. 

Según ha podido saber este diario, los abogados de los afectados ya han mantenido contacto telefónico y esta próxima semana está previsto que celebren una reunión para analizar la causa. Entre las posibilidades que barajan, está ir todos juntos y presentar un recurso común ante Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Para calcular las indemnizaciones, el juez ha tomado como referencia el informe realizado por la perito judicial. Ese estudio se basa en que el edificio fue construido a principios de 1920, y no tiene en cuenta las rehabilitaciones y mejoras realizadas a lo largo de los años. “Al no poder revisar las viviendas ya demolidas, no se puede valorar las mejoras existentes”, sostiene la perito en su informe.  

Los vecinos creen que ese argumento no tiene mucho sentido porque, evidentemente, el edificio no estaba como en 1926, cuando se construyó. De hecho, apuntan que recientemente habían renovado tanto el tejado como los portales y las escaleras interiores, como han demostrado con facturas, y aparte cada propietario ha ido acometiendo obras en su propia vivienda.

Igualmente, consideran que se ha sobrevalorado el valor del suelo en detrimento del valor del propio edificio. Si por norma general en una construcción el valor del suelo suele suponer entre el 20 y el 40%, en el caso de Tetuán ha sido justamente al revés. La perito ha estimado que el valor del solar es el 72%, y tan sólo el 28% restante la propia edificación, algo que “no corresponde ni a la mejor época del 'boom'”, manifiestan.

Estos dos factores han sido determinantes para que la indemnización determinada por el juez -2,6 millones de euros- haya quedado muy lejos de los 11 millones de euros que reclamaban los afectados.  

Dentro de esos 2,6 millones, se incluye el valor del continente de la vivienda, los alquileres de las personas que han tenido que arrendar otro inmueble, el daño moral -5.000 euros por propietario y morador-, y en el caso de los locales afectados, el lucro cesante. Además, el Ayuntamiento tendrá que devolver a los vecinos el importe de la demolición subsidiaria del inmueble. La indemnización no incluye el valor del suelo porque les sigue perteneciendo a los propietarios.   

“Victoria moral” 

La sentencia ha dejado un sabor agridulce a los vecinos. Por un lado, se sienten reconfortados porque el juez ha avalado su tesis en torno a la deficiente actuación de los responsables del servicio municipal de extinción de incendios y, por otro, creen que la indemnización es “irrisoria” y no compensa la pérdida de su hogar. Según lamentan, con el dinero que recibirán no podrán acometer la compra de una nueva vivienda ni tampoco la edificación sobre el solar. Así, concluyen que es una “victoria moral”, a la espera de la resolución del recurso que muy probablemente formulen en los próximos días.  

Por otro lado, algunos de los afectados acudirán al pleno del Ayuntamiento de Santander, que tendrá lugar el próximo jueves, para dejar patente su indignación por el trato inhumano que han recibido por parte del equipo de Gobierno del PP durante los siete largos años que han transcurrido desde el suceso.  

Los hechos 

En el auto dictado el 16 de marzo, el magistrado Juan Varea considera al Consistorio santanderino responsable patrimonial del siniestro por una “incorrecta” actuación del servicio municipal de bomberos. Los hechos sucedieron en octubre de 2008, cuando una explosión de gas provocada por la “negligencia” de un fontanero derivó horas más tarde en un terrible incendio.

El juez apunta a una mala praxis de los bomberos, que no realizaron una adecuada labor de saneamiento tras la deflagración inicial, lo que impidió que detectaran un fuego latente. Además, tampoco mantuvieron un retén de vigilancia en el lugar del suceso, como requería la situación y las características del inmueble. “El retén hubiera reducido sin género de dudas el tiempo de reacción y hubiera supuesto una posibilidad de evitar el incendio”, destaca la sentencia.

Por ello, ha condenado a la Administración pública a pagar algo más de 2,6 millones de euros a los 28 afectados. No obstante, la condena apenas supondrá un desembolso para las arcas municipales, ya que la mayor parte de la indemnización correrá a cargo de la aseguradora del Ayuntamiento. A esos 2,6 millones de euros, aun falta por sumar el pago de los alquileres desde comienzos de 2014 hasta que la sentencia sea firme. El PP, que gobierna en mayoría absoluta, ya ha anunciado que no recurrirá. 

Un Cuerpo “ejemplar”

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Íñigo de la Serna (PP) se pronunció este viernes sobre la sentencia. De forma breve, y dos días después de conocerse el auto, De la Serna ha defendido la profesionalidad del Cuerpo de Bomberos municipal, que es “ejemplar” e “indispensable”, según ha dicho.

A pesar de que el Ayuntamiento ha sido condenado y la sentencia pone de manifiesto que el incendio era evitable, el alcalde ha negado un incorrecto funcionamiento del servicio municipal. Así, ha insistido en la “profesionalidad” de los Bomberos, un Cuerpo “ejemplar” de profesionales “que arriesgan su vida para poder proteger a otras personas”, ha concluido.