Solvay propone 54 despidos en la fábrica de Barreda en la penúltima negociación prevista

Desde que anunciara sus intenciones en la fábrica de Barreda, la multinacional Solvay ha pasado de proponer despedir a 77 personas, luego a 58, y ahora a 54 trabajadores, cifra que los sindicatos han vuelto a rechazar por “inaceptable”.

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda (UGT-FICA, CCOO y USO) ha insistido este lunes en sus propuestas de alternativas a los despidos planteados por la compañía en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que han reducido en cuatro en relación a la anterior cita negociadora, en la que es la penúltima reunión en la ronda prevista con la compañía.

Según los sindicatos, aunque la empresa ha aceptado “algunas” de las propuestas, como la reducción del número de personas afectadas, el comité de empresa considera que “aún existen muchas alternativas para reducir este número en todos los departamentos”. Por eso, mantiene sus planteamientos con el objetivo de reducir “todo lo posible” el impacto del ERE.

“En lo que respecta a las condiciones económicas, las posturas siguen muy alejadas y se continuará negociando”, subraya el comité de empresa de la fábrica torrelaveguense, que recuerda que la próxima y última cita negociadora inicialmente prevista será el próximo miércoles 1 de abril.

El órgano sindical agradece “el apoyo mostrado”, tanto por la plantilla como por parte de todas las personas que acudieron a la concentración del pasado viernes 27 de marzo en la Plaza Mayor de Torrelavega. 

Debate parlamentario

Este asunto también se ha debatido este lunes en el pleno del Parlamento de Cantabria, donde el consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha reclamado una “actuación urgente” del Gobierno de España para garantizar el futuro de Solvay en Barreda. A su juicio, es el competente para aplicar las medidas necesarias y evitar así un impacto en el empleo.

“El problema está identificado y la solución también, ahora quien tiene las competencias tiene que ejercerlas”, ha apuntado el consejero durante la interpelación que ha hecho el diputado regionalista y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, durante el pleno de este lunes en el Parlamento cántabro.

Arasti ha advertido de que la transición energética de la planta cántabra “no está garantizada en estos momentos”, lo que ha llevado a la empresa a plantear un ERE, y ha insistido en que la viabilidad de la compañía y el mantenimiento del empleo están directamente ligados.

Ha subrayado que el principal problema es la “incertidumbre regulatoria” y no la política, ya que Solvay debe afrontar una inversión de unos 250 millones de euros para adaptarse a las exigencias medioambientales, “una obligación que no tienen sus competidores internacionales”, ha dicho.

Arasti también ha defendido la actuación del Gobierno de Cantabria ya que, ha afirmado, ha mantenido contactos con la empresa, el comité y el Ministerio de Industria desde el inicio del proceso, además de impulsar un grupo de trabajo específico para abordar la transición energética de Solvay.