Cantabria suma 857 viviendas para alquileres asequibles procedentes de desahucios del 'banco malo'

El Gobierno de España transferirá a la nueva empresa pública estatal 857 viviendas en Cantabria ubicadas en 18 ayuntamientos procedentes del llamado 'banco malo' para destinarlas a alquileres asequibles con precios por debajo del mercado que no podrán superar el 30% de los ingresos de las familias.

Las viviendas provienen de los desahucios de cientos de ciudadanos cántabros que perdieron su casa en el contexto de la crisis de la burbuja inmobiliaria. Los bancos no pudieron vender este patrimonio expropiado y acabaron por servir de moneda de cambio para el rescate de las propias entidades financieras: 50.000 millones de euros de dinero público a cambio de este paquete inmobiliario que el Gobierno de España ahora cede para alquileres a bajo precio.

Una inyección de 45.218 viviendas para el parque público de vivienda en España, repartida en 1.098 municipios. De estas cifras, a Cantabria le corresponden 856 viviendas. De esta manera, estas viviendas que perdieron los ciudadanos retornan para un uso social. “Lo que sirvió para rescatar a los bancos, hoy sirve para rescatar a las familias”, dijo la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez cuando se presentó la iniciativa.

El mapa elaborado por elDiario.es indica dónde están ubicadas. Ramales (219), Polanco (143) y Torrelavega (125) son los tres municipios donde se ceden más viviendas. En el entorno de la bahía se liberarán 18 en Santander y 81 en El Astillero. En Bezana habrá 60, en Castañeda 43, en Piélagos 33 y otras 30 en Santiurde de Toranzo.

Algunas zonas turísticas como Miengo y Suances ofertarán 48 y 34 casas, respectivamente, para alquileres a bajo precio. A ellas se suman 16 en Reocín y las restantes se reparten entre San Felices, Santiurde de Reinosa, Villaescusa, Ribamontán al Mar, Hazas de Cesto y Solórzano.

La Sareb ya había vendido a Cantabria, en años anteriores, 76 viviendas. Entre ellas, 34 ubicadas en Ganzo (Torrelavega) por un importe de 3,3 millones de euros. Los inmuebles fueron adquiridos a través de Gesvican (Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria). En paralelo, la compañía ha estado comercializando el resto de las viviendas en el mercado de particulares a través de Altamira Asset Management, encargada de la gestión comercial de los activos de Sareb.

Más atrás en el tiempo, en 2016, el Gobierno de Cantabria firmó un acuerdo con la Sareb para la cesión temporal de 40 viviendas destinadas a fines sociales que se integraban en el Parque Público de Viviendas. En esa ocasión, la Sareb percibía una contraprestación fija mensual para hacer frente a los gastos de seguros, comunidad y reparaciones extraordinarias. Por su parte, el Gobierno de Cantabria asumía los cargos correspondientes a la gestión de la vivienda, así como su mantenimiento ordinario, entre otros.

40.000 viviendas en toda España

La operación de cesión de inmuebles de la Sareb para alquileres acessibles se puso en marcha en julio, cuando el Consejo de Ministros aprobó ceder a una nueva empresa pública las más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos, con capacidad para que se edifiquen sobre ellos otras 55.000 casas más, propiedad de la Sareb. Según los cálculos del Ministerio, este lote tendría un valor estimados de 5.900 millones de euros. El cambio de titularidad se hace a través de una donación, primero a Patrimonio del Estado y después a la empresa pública de vivienda y suelo.

La Sareb se constituyó en 2012, en el contexto del rescate bancario, que costó a los contribuyentes unos 50.000 millones de euros, y tenía el objetivo de deshacerse de los inmuebles y suelos a los que los bancos no podían dar salida tras miles de desahucios. En 2022, el Gobierno incluyó en su mandato una función social, a través de la cual se han firmado más de 7.700 contratos de alquiler social, según los datos del Ministerio.