La cara y la cruz de la atención sanitaria a inmigrantes en Castilla-La Mancha
Se han cumplido cuatro años del Real Decreto de 'exclusión sanitaria' aprobado por el Gobierno de PP en marzo de 2012 que dejó sin atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular. Desde entonces, 14 de las 17 comunidades autónomas del país, entre ellas Castilla-La Mancha, han llevado a cabo por su cuenta normas y medidas para compensar los efectos de esta medida, pero siguen siendo insuficientes para garantizar el derecho universal de acceso a la salud. Así lo ha constatado la Red de Denuncia y Resistencia al Decreto (REDER) que entre agosto de 2015 y el pasado mes de marzo ha constado hasta 541 vulneraciones de este derecho en todo el país.
Según los datos recogidos por las organizaciones que integran la Red, la mayoría de los casos se siguen produciendo en los centros de salud, en los hospitales y en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por este orden. Quienes sufren los efectos de esta norma proceden de países latinoamericanos (49%) y comunitarios (22%), seguidos de los subsaharianos (13%).
En Castilla-La Mancha, el Gobierno socialista de Emiliano García-Page aprobó con fecha 1 de marzo la denominada Tarjeta Humanitaria para inmigrantes en situación irregular. La ONG Médicos del Mundo, integrante de REDER, ha constatado los efectos positivos de esta medida a través de algunos testimonios, pero también ha criticado que no se haya incluido en esta medida a las personas que acuden al país por reagrupamiento familiar. Existen por tanto casos particulares que han sufrido la cara y la cruz de esta medida.
Uno de los testimonios aportados por esta organización es el de tres mujeres (abuela, madre e hija), de origen colombiano, que residen en Illescas (Toledo) y que han podido tramitar esta tarjeta sanitaria gracias a la iniciativa de la Junta. La mayor de ellas, María, de 73 años y con esclerosis (entre otras patologías), acudió al Hospital de Parla (Madrid) en varias ocasiones y la derivaron al de Toledo, donde le negaron la atención primaria al no disponer de papeles en regla. En la actualidad, tanto la anciana como su hija y su nieta disponen de tarjeta, de médico de cabecera y de acceso a medicamentos.
El otro lado de la moneda es el caso de Ippo, una mujer de origen marroquí y de 73 años, que llegó a España por reagrupamiento familiar, y que ni siquiera con las medida aprobada por el Gobierno castellano-manchego puede acceder a la sanidad. Su hija no puede incluirla como beneficiaria de su tarjeta ya que esta medida solo se contempla para hijos o cónyuges, pero no para los progenitores. Hasta ahora, Ippo solo ha podido ser atendida en los servicios hospitalarios de urgencias donde no le han podido realizar las pruebas pertinentes y no han conseguido detectarle la patología que le produce dolores crónicos.
Las comunidades autónomas no pueden revertir la “profunda modificación” del sistema sanitario
Es un claro ejemplo de exclusión sanitaria que sigue sin resolverse, uno de los que ha puesto sobre la mesa REDER. Estos colectivos consideran positivas las normas autonómicas aprobadas para combatir el decreto de 2012, pero destacan que las comunidades autónomas carecen de competencia para revertir la “profunda modificación” del sistema sanitario que supuso la reforma impulsada por el PP. “Es decir, no pueden devolver el derecho humano a la asistencia sanitaria arrebatado por el actual Gobierno, ahora en funciones, a más de 800.000 personas”, explican.
En este sentido, consideran que tras la campaña electoral de diciembre de 2015, ha quedado evidenciado que el PP “está cada vez más aislado defendiendo la exclusión sanitaria y lo está respecto a otros partidos y respecto al poder territorial”. Recuerdan que numerosos municipios y entidades regionales se movilizarán en este cuarto aniversario de la aprobación del Real Decreto Ley, promoviendo mociones en ayuntamientos (La Coruña, Santiago, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Huesca, Toledo o Santander, entre otros), Proposiciones No de Ley en parlamentos autonómicos (como los de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña o Navarra) y convocando concentraciones de protesta ante algunos consistorios, como Madrid, Barcelona y Albacete.
Ante todo, la Red quiere poner de manifiesto que las personas en situación regular que han llegado a España en los últimos cuatro años a través de un proceso de reagrupación familiar se encuentran en un “laberinto jurídico”. Son ancianas, con hijos o hijas residiendo legalmente en el país, a las que se les deniega la tarjeta sanitaria en virtud de la reforma de 2012. Estas personas, cuyos escasos recursos y débil estado de salud les impiden suscribir seguros privados, “se quedan absolutamente al margen del sistema sanitario, sin acceso a servicios que les son imprescindibles”, como es el caso mencionado de Toledo.
