Cadena humana por pan, trabajo y techo
Asociaciones vecinales, plataformas contra el fracking y el Cementerio Nuclear de Villar de Cañas, asociaciones de consumidores y afectados por las preferentes, Plataformas de Afectados por la Hipoteca, Juventudes Comunistas y muchos otros colectivos, junto a ciudadanos de todas las edades, se reunieron en Toledo para cruzar el casco histórico de la ciudad en una cadena desde la Delegación de Gobierno hasta el Convento de los Gilitos, sede de las Cortes regionales. Con la supervisión de la policía nacional y local, quienes estimaron la convocatoria en poco más de 350 personas, la marcha se deslizó a través de la ciudad de manera pacífica y sin mayores incidentes, con gritos que exigían “pan, trabajo y techo”, la eliminación de la reforma electoral de Castilla-la Mancha, la deorgación de la reforma laboral y soluciones inmediatas a los recortes sociales. No se quedó fuera el llamado masivo por la III república, exigiendo la convocatoria de un referéndum para escuchar la opinión ciudadana.
Alrededor de las 13.30 horas, la manifestación, que tuvo que sortear las numerosas actividades callejeras de celebración del año Greco, llegó al Pase del Tránsito, donde se procedió a recoger las quejas de los ciudadanos presentes, que se unieron a las recogidas durante las últimas semanas en el Buzon de Quejas habilitado por la Asamblea regional de las Marchas de la Dignidad en internet. La representante de Izquierda Unida, Belén Gutiérrez y Matilde Castilla del Sindicato de Trabajadores de Enseñanza, intentaron hacer entrega simbólica en el edificio de las Cortes, sin éxito.
Para terminar el acto, se procedió a hacer lectura del manifiesto redactado para la ocasión, en el que se instó a la población a continuar las movilizaciones en contra de las políticas de recorte y dictadas por la Troika, que, según señalan, han sido instauradas “forma implacable” por el Gobierno de Cospedal. Acusaron también a la actual legislatura de ser la responsble de situaciones extremas, como la tasa de desempleo estancada en el 30%, 60% para los menores de 25 años en la región.
Afirmaban también que sólo una mayoria social organizada “puede cambiar la situación de misera”, fruto de los sucesivos gobiernos del PP y el PSOE, sin representación en la marcha, que ha optado por vender las viviendas sociales a los fondos buitres, aprobar reformas laborales para eliminar derechos y bajar salarios, y desahuciar “a las víctimas de esta estafa que llaman crisis”. Las consecuencias de estas medidas, afirman, hunden al pueblo en la misera, poniendo en peligro el futuro de los niños, y provocando muertes por desesperación.
Así, se exige, nuevamente, la creación de empleos dignos, con derechos reales, para luchar contra el paro y la precariedad que se ha enquistado en la región. La defensa de las prestaciones sociales, sobre todo en aquellos sectores esenciales para una calidad de vida digna, como la sanidad, la educación, o las ayudas a la dependencia, de manera que todos los ciudadanos puedan acceder a ellos. En contra de medidas como la Ley electoral o la reforma laboral exigían también que se garantice la transparencia y el control ciudadano de las administraciones públicas, las organizaciones políticas, económicas, financieras y judiciales, para luchar contra la corrupción y la impunidad de las conductas delictivas de los más poderosos en favor de sus propios intereses. Específicamente en el aspecto de la elecciones, la Asamblea exige también una reforma electoral que cumpla los principios de proporcionalidad, representatividad, igualdad y pluralismo político, tal como lo indica la constitución, además de la convocatoria de un referéndum para pedir la opinión de la ciudadanía.
