Denuncian la exclusión de educadores sociales en el protocolo contra el acoso escolar

La Junta de Personal Funcionario de la Administración General de la Junta en Toledo ha recriminado la “exclusión” de educadores sociales en el protocolo contra el acoso escolar del Gobierno de Castilla-La Mancha puesto en marcha desde el pasado mes de enero en Institutos de Enseñanza Secundaria, que lleva a cabo la entidad Amformad. Los sindicatos han solicitado incrementar estas plazas e incluir esta figura en las plantillas educativas de los centros de la región, que cuentan actualmente con educadores en 40 centros de los 227 que hay en total.

Los representantes de CCOO, STAS y CSIF en este ámbito, Juan Bautista, Gustavo Fabra y Roberto Rincón, respectivamente, han denunciado que en un IES de una localidad de Toledo, que no han querido nombrar para preservar la identidad del menor acosado, se ha excluido al educador social del centro del seguimiento de este caso. Afirman que ese caso lo gestiona la mencionada entidad gracias al “trabajo en la sombra” que hace dicho educador social, quien se encuadra como funcionario A2 dentro la escala sociosanitaria.

Se trata de un protocolo que, en opinión de Bautista, se ha aplicado de “forma escandalosa”, ya que “se habla de una coordinación entre Educación y Bienestar Social” para abordar este tipo de casos y “se ha excluido al educador social” que realizaba el seguimiento de este “grave caso”, trasladado por el equipo directivo del centro a la Inspección Educativa con el propósito de poner en marcha este protocolo de acción conjunta ideado por la Junta.

“Nos resulta paradójico que los profesionales que están abordando estas situaciones en los centros, que lo hacen de forma natural cuando alguien plantea problemas de convivencia en el centro escolar, quede excluido al formarse la comisión reglamentaria para seguir el caso”, ha explicado el representante de CCOO, que ha puntualizado que entiende que es excluido porque “se hace una composición docente con un criterio un tanto garantista”.

“Eso indica que la Consejería está preocupada por proteger la seguridad jurídica de sus profesionales por encima de la intervención con las situaciones de menores que necesitan una atención”, ha señalado, apuntando que de esta manera se produce “una situación muy contradictoria” y que “quizá se omite la figura del educador social pensando que como no está en todos los centros, pues habría que regularla para todos”.

“Omisión” de denuncia

Otro de los ejemplos en este ámbito hace referencia a otro caso de acoso escolar en el IES de otra localidad toledana sobre el que el equipo directivo ha decidido “omitir la denuncia ante la inspección educativa de forma que no les impida que el educador social de este centro realice el seguimiento de este caso”, el cual “ha sido denunciado ante la Consejería de Educación”.

Por su parte, Gustavo Fabra ha criticado “el modelo de externalización por norma” en el que asegura que la Junta está aplicando sus actuaciones en los servicios públicos. “Vemos muy grave que los empleados públicos se queden sin funciones. Nunca que implantan una medida lo hacen con personal propio”, ha incidido.

“Exigimos que cambien el planteamiento de los servicios públicos, que se coordinen con el personal que trabaja para poner en marcha el protocolo de acoso escolar, quienes están en el día a día, y que se integren entre el personal docente para que su opinión sea tenida en cuenta en la comunidad educativa”, ha aseverado Fabra.