Se estrecha el cerco contra el exalcalde de Toledo y su equipo por la ‘mordida’ para Cospedal
El 23 de mayo de 2007, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo aprobó la adjudicación a la empresa Sufi, filial de Sacyr Vallermoso, del servicio público de recogida de basuras y limpieza viaria de la ciudad. El contrato había sido concedido en enero de ese mismo año y firmado dos días antes de la celebración de esa reunión. Una adjudicación aparentemente ordinaria y al frente de la cual se encontraba el entonces alcalde de Toledo, José Manuel Molina (PP), pero que trascendió tras la declaración del ex tesorero del PP Luis Bárcenas ante la Audiencia Nacional en julio de 2013. Explicó que ese contrato de basuras se consiguió previo pago al PP de 200.000 euros destinados a pagar la campaña electoral de mayo de 2007 a la entonces candidata y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
Se trataba de un dinero cuyo ingreso los ‘populares’ han reconocido pero que no aparece en la contabilidad del partido, ni en la autonómica ni en la nacional. De esos pagos, Bárcenas aportó en su momento un 'recibí' por parte de José Ángel Cañas, entonces gerente del PP de Castilla-La Mancha, del que se pidió una prueba caligráfica para corroborar que la escritura era la suya.
Los nombres de Cospedal y de su secretario general, Vicente Tirado, fueron los sugeridos por Bárcenas en el proceso como quienes hicieron la sugerencia de la 'mordida'. No obstante, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz emitió un auto el pasado mes de marzo en el que se inhibía a favor de los juzgados de Toledo. Esto confirmó que ni Cospedal ni Vicente Tirado, aforados, serían imputados por estos hechos.
La activación del caso por el juez toledano Florencio Rodríguez ha puesto de nuevo en el punto de mira al exalcalde toledano, a su vicealcalde Lamberto García Pineda -tesorero regional del PP y concejal de Economía y Hacienda que presidió la Mesa de Contratación- y al resto de componentes de la Junta de Gobierno local.
Concretamente, el magistrado ha pedido que se remita al juzgado testimonio íntegro del acta de la reunión de la Junta local de Toledo de ese 23 de mayo de 2007 así como la documentación que se analizó o estudió en la sesión. Reclama también testimonio del expediente y la resolución administrativa que se dictó para declarar como “asunto de urgencia” la ratificación del acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y Sufi para la concesión del servicio de basuras, así como que se haga constar la forma y la persona que dio cuenta de la sesión a los integrantes de la Junta de Gobierno del contenido y de si se realizó una propuesta previa de resolución.
El protocolo firmado con los trabajadores
También cita a declarar al economista municipal Fernando Arredondo para que evalúe el sobrecoste que supuso para Toledo el protocolo firmado entre Sufi, el Ayuntamiento y los trabajadores para eludir la huelga en plena campaña electoral. Las reivindicaciones de los trabajadores incluidas en ese texto encarecían el contrato, y el juez interpreta que esa firma pudo lesionar el interés del Consistorio y suponía revisar al alza el contrato con Sufi. De hecho, según fuentes municipales, Arredondo apuntó en 2008 que ese sobrecoste suponía unos tres millones de euros.
Las pesquisas del juez están encaminadas a dilucidar si hubo delito de prevaricación de José Manuel Molina, Lamberto García Pineda y el resto de componentes de la Junta de Gobierno que aprobó el contrato. En esta misma causa también han declarado como testigos Emiliano García-Page (actual presidente de Castilla-La Mancha y quien se convirtió en alcalde de la ciudad tras las elecciones de municipales de 2007), y el viceinterventor municipal de Toledo Javier Sánchez Rubio.
La activación del caso ha vuelto a poner sobre el debate político esta cuestión. García-Page, preguntado al respecto, ha manifestado su convencimiento de que había “financiación ilegal” en el PP de Castilla-La Mancha y que incluso ese importe de 200.000 euros podía ser mayor. Los ‘populares’ han reaccionado a estas declaraciones anunciando una demanda por injurias y apuntando al exalcalde de Toledo como responsable por revisar al alza los precios.
