El “fraude de ley” de ampliar explotaciones porcinas que no necesitaron autorización ambiental
Ecologistas en Acción ha anunciado que presentará alegaciones a la ampliación de una macrogranja porcina en la localidad de Illana (Guadalajara). La organización ecologista denuncia lo que considera se ha convertido en una práctica habitual en Castilla-La Mancha: los promotores de granjas intensivas de porcino abren una primera instalación con menos de 2.000 cabezas, de forma que no llegan a los mínimos legales que les obliguen a realizar una Evaluación Ambiental.
Poco después, “a los dos o tres años, en claro fraude de Ley, piden la ampliación, justificando y minimizando los impactos, porque ya existe una granja y la ampliación siempre es en la misma parcela”. Unos hechos que, señala Ecologistas en Acción, “la Administración regional aprueba y apoya”.
En el caso de la ampliación de la macrogranja de Illana, la parcela donde se realizaría la ampliación estaba ya preparada para desdoblar las naves actuales y la balsa de purines que se construyó en 2016 y que según la organización ecologista “estaba sobredimensionada para albergar la generación de purines que con la nueva propuesta de ampliación se van a producir”.
Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a la ampliación de la macrogranja, actualmente en proceso de información pública y que sí necesitará de una Autorización Ambiental Integrada (AAI) “por alta generación de gases de efectos invernadero que producirá”.
Las alegaciones se centran en la “gran cantidad de agua necesaria que tendrá que cogerse del Tajo, sin contar con la autorización de concesión de la Confederación Hidrográfica a fecha de hoy”, también en lo que califican de falta de parcelas necesarias para la valorización de los purines en tierras agrícolas, “la elevadísima generación de amoniaco” que incumpliría, dicen, el Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, la utilización de ingentes cantidades de antibióticos, biocidas y productos de limpieza, la falta de un plan de contención de purines en caso de rotura o saturación de la balsa, ya que el arroyo más próximo se encuentra a poco más de 100 metros y que desemboca en el Río Tajo o la infravaloración de la generación de otros contaminantes como el metano o los óxidos de nitrógeno.
“Una vez más nos oponemos a un modelo de ganadería intensiva, altamente perjudicial para el medio ambiente y el desarrollo rural, que siguen contando con la ayuda y el beneplácito de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y apostamos por propuestas más sostenibles y sensatas.
Las Cortes deben decidir si optar por una moratoria en las autorizaciones
El Pleno de las Cortes regionales de este jueves 14 de marzo debatirá, precisamente, una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Podemos relativa a la ganadería intensiva en la región con una propuesta de resolución en la que se insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a elaborar en el plazo máximo de seis meses un Plan Estratégico de Ganadería Intensiva y someter este Plan a una Evaluación Ambiental Estratégica que valore “de forma detallada y rigurosa” el impacto ambiental acumulado de la ganadería intensiva en Castilla-La Mancha.
También se reclama que la Junta castellano-manchega que deje de “promover y apoyar económicamente la instalación o ampliación de explotaciones de ganadería intensiva en Castilla-La Mancha al menos hasta la aprobación del Plan Estratégico de Ganadería Intensiva y la realización de la correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica”.
Y, en este sentido, se alude al principio de prevención ambiental, para reclamar la suspensión “inmediata” en la concesión de nuevas autorizaciones ambientales integradas para las explotaciones industrializadas de cría de porcino hasta que se cuente con el resultado de la correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica.
La PNL será defendida por el diputado de Podemos David Llorente quien recordará, como se señala en la exposición de motivos de la proposición que la cabaña ganadera porcina en Castilla-La Mancha ha crecido en un 154% en los últimos diez años. En 2018 había 3.566.937 animales en la región (1.403.373 en 2009) y también se han visto incrementadas las explotaciones y su tamaño dejando cada vez más atrás el modelo extensivo para apostar por el intensivo.
El sector cárnico regional, según Podemos, se caracteriza por un modelo de integración vertical “en el que unas pocas grandes empresas integradoras controlan las sucesivas fases de la cadena de valor, desde la producción a la comercialización, pasando por la transformación” y, sin embargo, este crecimiento no se ha trasladado al empleo debido a la automatización del sector, así como la limitada demanda de mano de obra en los mataderos. De hecho, se estima que una explotación de 2.000 animales pueda ser gestionada por una sola persona en régimen inferior a la media jornada.
También se recuerda que las organizaciones sindicales han trasladado su preocupación por la precariedad en este tipo de empleo y “el recurso fraudulento de los falsos autónomos y falsas cooperativas en el sector”.
La PNL recuerda que la expansión del sector se debe a la consideración de la ganadería intensiva como sector estratégico lo que ha permitido a empresas integradoras y ganaderos acceder a ayudas públicas, vía FOCAL (ayudas al fomento de la calidad agroalimentaria) o vía subvenciones para jóvenes ganaderos.
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