Page ve “duro” denunciar al Gobierno de su partido por el trasvase Tajo-Segura pero lo justifica: “Roza el delito ecológico”

El Gobierno de Castilla-La Mancha lo venía rumiando desde el año pasado, en el mes de enero avisó de que se está preparando y en el último día de marzo de 2026 se ha confirmado: habrá una demanda contra el Gobierno de España por incumplir el compromiso- regulado en el Plan Hidrológico del Tajo- de cambiar las normas para explotar el trasvase Tajo-Segura, que envía agua desde el complejo Entrepeñas-Buendía, en la cabecera del Tajo, hacia las provincias de Alicante, Murcia o Almería a través de un acueducto que conecta con el río Segura.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a la autorización para que se interponga una demanda en el ámbito contencioso-administrativo para obligar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a cumplir su propia normativa estatal.

Lo detallaba la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez en una comparecencia en el Palacio de Fuensalida y minutos después, desde Talavera de la Reina, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se refería a la cuestión reconociendo -tras meses de dilatar la decisión- lo “duro” de tener que denunciar en los tribunales “con importantes consecuencias” a un Gobierno “del mismo partido político”, el que preside Pedro Sánchez.

García-Page visitaba hoy el Centro de Atención Directa (CAD) de la Asociación Daño Cerebral en Talavera de al Reina y ha insistido en la “falta de cumplimiento” de las sentencias sobre los caudales ecológicos del río Tajo. Algo que considera que podría entenderse por muchos servicios jurídicos como un “delito ecológico”. Hay que recordar que el propio ministerio pidió hace unas semanas esperar a las resoluciones del Tribunal Supremo que todavía debe dirimir dos recursos pendientes.

“Yo no sé cuántos políticos hay en Castilla-La Mancha y, probablemente, en otras regiones que, llegado el momento, estarían dispuestos realmente a poner por delante los intereses de su tierra incluso para llegar a tener que denunciar en los tribunales, con importantes consecuencias, a un gobierno que es de su mismo partido político”, comentaba.

“Un año de margen” para el cambio que no llega

El presidente castellanomanchego ha recordado que han dado “más de un año de margen” para la ejecución de las sentencias pero, finalmente, han tenido que tomar una decisión “práctica y clara”.

En todo caso, ha confiado en que haya “solución” para esta problemática e incluso en que se pueda llegar a “retirar el pleito” contra el Gobierno de España.