Los funcionarios de prisiones se manifiestan en Cuenca para exigir mejoras laborales en la nueva Ley de Función Pública Penitenciaria

Los representantes de los trabajadores penitenciarios de ACAIP-UGT y CSIF se han manifestado por las calles de Cuenca para exigir al Ministerio del Interior “que cumpla los compromisos adquiridos con este colectivo” y que pasan por “acabar con las diferencias salariales en función del centro en el que se trabaje”, un aumento general de las retribuciones, el reconocimiento de agente de autoridad y otra serie de mejoras enmarcadas en una futura Ley de Función Pública Penitenciaria que, añaden, “suponga una modernización sustancial de la Institución, acorde con la labor constitucional atribuida de reinserción y reeducación”.

Este acto, que se enmarca en el conflicto laboral que ACAIP-UGT y CSIF declararon ante el Ministerio del Interior el pasado 23 de septiembre, se ha realizado en Cuenca con motivo de la clausura de la reunión anual de directores de centros penitenciarios y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para estas organizaciones sindicales “es el momento para manifestar el hastío de las plantillas ante quienes toman las decisiones y ante quienes las acatan”.

Los más de 400 representantes sindicales han marchado bajo el lema 'Prisiones merece respeto'. Explican que, tras más de cuatro años de movilizaciones, la Administración Penitenciaria se comprometió a sacar adelante una Ley en la que se atenderían a las reivindicaciones del sector, entre ellas una mejora retributiva de todos los trabajadores penitenciarios. Sin embargo, y después de varios meses de trabajo, en febrero de este año, se bloqueó la negociación y hasta hoy sigue paralizada “a pesar de los anuncios que desde el Ministerio del Interior se lanzan a los medios de comunicación y que no causan otra cosa sino sorpresa ya que no se corresponde con la realidad que se vive en las prisiones españolas”, aseguran los sindicatos.

“Es el momento de acometer una reforma integral de la legislación que regula al personal penitenciario que se rige por normas preconstitucionales y cuyas funciones están sin actualizar desde hace más de 40 años”. También creen “imprescindible una negociación real y efectiva que acabe con las diferencias entre centros penitenciarios y asuma los nuevos retos a los que se enfrenta el sistema penitenciario como el terrorismo yihadista, la delincuencia organizada o los delitos de género o violencia sexual”.

Creen que “sin el personal adecuado, sin una formación universal, sin medios, sin garantía jurídica, sin reconocimiento profesional, los trabajadores penitenciarios no pueden enfrentarse al día a día de una prisión y atender adecuadamente a los internos para procurar su retorno a la sociedad en las mejores condiciones”.