El Tribunal Constitucional avala el canon eólico de Castilla-La Mancha
El Tribunal Constitucional ha dictaminado, en un auto de este mismo mes, que el canon eólico de Castilla-La Mancha se enmarca en la legalidad vigente y que no hay duda sobre su constitucionalidad. Se trata de una noticia que ha celebrado el Gobierno de esta comunidad autónoma, que creó este ingreso junto con el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en el año 2011 bajo el mandato de José María Barreda.
Este auto determina que la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, con la creación del canon eólico “ha actuado dentro de los límites impuestos por la legislación vigente para la creación de tributos propios por parte de las Comunidades Autónomas”.
De este modo, el Tribunal Constitucional acuerda no admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada, a instancias de una empresa afectada, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación a los Capítulos I y II de la Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se creó en canon y el Fondo de Desarrollo Tecnológico. El canon se aprobó como un ingreso compensatorio ante los posibles impactos sobre el territorio de la instalación de parques eólicos.
La empresa, en su demanda, consideraba que el canon eólico contravenía la normativa europea, entre ellas la Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, a la vista de lo cual el Tribunal Superior de Justicia planteó cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un procedimiento que actualmente no ha sido resuelto. Pese a ello, el escrito de alegaciones presentado al citado procedimiento por parte de la Comisión Europea interpreta el canon eólico autonómico de manera acorde con la normativa europea.
En cifras, el canon eólico de Castilla-La Mancha afecta a 115 parques eólicos instalados en territorio regional y supone una recaudación de alrededor de 14 millones de euros anuales que son destinados a actuaciones de impulso y promoción del uso racional de la energía y de las energías renovables, así como a programas relacionados con el medio ambiente y su promoción y conservación.
