UGT Castilla-La Mancha pide al Tribunal de Justicia que exija protocolos para la vuelta al trabajo de los funcionarios
La Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla-La Mancha ha interpuesto una demanda ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de la reión solicitando medidas cautelarísimas para que la Dirección General de Función Pública “realice las evaluaciones de riesgos obligatorias por ley y los protocolos pertinentes antes de volver al trabajo presencial”.
El sindicato considera que con la resolución del pasado 10 de mayo de dicho organismo sobre la reincorporación presencial al trabajo “no se garantiza la ausencia de riesgo” ya que, recuerda, a día de hoy “hay puestos sin evaluar y los protocolos no han sido consensuados con las organizaciones sindicales ni incluyen las últimas medidas sanitarias, como es el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados”.
Según Luis Manuel Monforte, responsable del sector Autonómico y Sociosanitario de FeSP UGT Castilla-La Mancha, es imprescindible contar con los representantes de los trabajadores para detallar los protocolos.
“En el foro que se debatió la instrucción no se llevó a cabo ninguna negociación, fue una imposición directa sin recoger aportación ninguna a pesar de que desde UGT habíamos registrado ya el 20 de abril un documento técnico con 14 medidas a implementar en la incorporación”, detalla.
FeSP UGT defiende la incorporación y vuelta a la normalidad progresiva pero de manera segura: “Nuestra demanda está centrada en la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras de la Junta de Castilla-La Mancha, y mientras esto no se garantice no se puede volver a los centros de trabajo independientemente de la fase de desescalada en la que nos encontremos”, afirma Monforte.
Incertidumbre sobre la vuelta presencial al trabajo
Se da la circunstancia de que ayer mismo se conocía la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo que dictaba un auto levantando las medidas cautelares que él mismo había impuesto poniendo en cuarentena el regreso de los empleados públicos al trabajo presencial mientras no lo determinase el Ministerio de Sanidad. Una decisión que había tomado a petición del sindicato STAS y de la que se retractó para declararse “incompetente” en lo judicial para tomarla.
La cuestión se ha quedado en el aire y hoy mismo el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha trasladado a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias que es “partidario” de que se aborde a nivel nacional la regulación básica del teletrabajo, así como la temporalidad de los empleados públicos.
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