Igea pide a la Comisión de Ética Pública que investigue el papel de Quiñones con la empresa que contrató a su hijo

El exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha solicitado a la Comisión de Ética Pública que investigue el papel jugado por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, respecto a la empresa que contrató a su hijo y que presuntamente se benefició de trámites firmados por el propio consejero, según una investigación de elDiario.es.

Igea ha alertado del posible “grave conflicto de intereses” en el que podría haber incurrido Suárez-Quiñones, al autorizar el pasado 30 de julio la instalación en la provincia de León de un macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos a favor de un grupo empresarial en el que su propio hijo figuraba como directivo.

Además, ha añadido Igea, el consejero “avaló la reforma de una cabaña destinada a vivienda en un parque natural, vinculada a otra sociedad cuyo accionista mayoritario también ha dado empleo a su hijo”. El procurador del Grupo Mixto hace referencia a la segunda de las investigaciones publicadas por este medio que señala que el consejero legalizó una vivienda en un parque natural al empresario que contrató a su hijo

El procurador reclama que se evalúe si “estas decisiones vulneran lo establecido en el Código Ético de Altos Cargos de la Junta de Castilla y León, en particular sus artículos tercero y cuarto”, que exigen evitar cualquier actuación que pueda generar un beneficio personal o familiar. “Estamos ante una situación que compromete la credibilidad de las instituciones y erosiona la confianza ciudadana. No se puede gobernar con un pie en la administración y otro en los intereses privados de la familia”, ha señalado Igea en su comunicado.

La información, a raíz de una investigación de ILEÓN y elDiario.es, recogía, por un lado, el visto bueno ambiental a un macrovertedero de residuos industriales y peligrosos en San Justo de la Vega, cerca de Astorga, que había acumulado numerosos y duros informes en contra de técnicos de la Junta. Además, el consejero también firmó para la legalización en el parque natural de Babia-Luna de una vivienda del mismo empresario, reforma que había denegado el Ayuntamiento y contaba con informe en contra de la Comisión de Urbanismo de la propia administración autonómica.