Los juristas advierten de que la única vía para que León logre la autonomía es la reforma constitucional

León no quiere continuar en la Comunidad de la que forma parte desde 1983. El viernes pasado, el Ayuntamiento aprobó una moción que presentó la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y que contó con los votos favorables de los ediles del PSOE y de un concejal suspendido de Podemos para pedir que la histórica Región Leonesa, es decir, la suma de León, Zamora y Salamanca, se constituya como Comunidad Autónoma. Los 'leonesistas', con el alcalde socialista José Antonio Díez Díaz a la cabeza, se escudan en que la región cumple con los requisitos de los artículos 2 y 143 de la Constitución Española, y que esto es suficiente para ir por su cuenta y dejar de pertenecer a Castilla y León.

El artículo 2 de la Carta Magna reconoce y garantiza “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”; el 143, que las provincias limítrofes “con características históricas, culturales y económicas comunes” y las provincias “con entidad regional histórica” accedan a su autogobierno. Este fue el mecanismo por el que todas las Comunidades Autónomas —salvo Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía (no sin problemas)— se constituyeron entre 1981 y 1983.

Para José María Morales, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, el artículo 143 es una “norma medida”, es decir, que fue redactado con el objetivo de desarrollar la estructura territorial del Estado Autonómico previsto en la Constitución. “Una vez se ha puesto en marcha y se ha cumplido no puede reiniciarse”, señala Morales. El Gobierno de Zapatero abogó por su eliminación y por incluir en su lugar cuáles son las Comunidades en las que se divide el Estado.

“Muchos autores han apuntado que en la próxima reforma constitucional debería proponerse la eliminación del 143. No tiene sentido mantener un artículo que deje a entender que el proceso sigue abierto”, sentencia Morales. Los 'leonesistas' aducen que el apartado 3 del citado artículo puede dar cobertura a sus pretensiones ya que establece la posibilidad de repetir el proceso de construcción autonómica pasados cinco años. Sin embargo, la interpretación unánime de los expertos constitucionales es que la previsión de ese apartado solamente es aplicable cuando un proceso de iniciativa autonómica hubiera fracasado. Circunstancia que no se produjo en el caso de Castilla y León, puesto que culminó con la constitución de su autogobierno en 1983.

“El mapa autonómico está cerrado salvo en el caso de Navarra, según establece la disposición transitoria cuarta de la Constitución”, indica el profesor de Derecho Constitucional Fernando Álvarez Osorio. “La excepcional disposición de la Constitución sobre la integración de Navarra en el País Vasco nos indica que el cambio del mapa autonómico se ha agotado para el resto de los territorios, si no, se habría dejado una puerta abierta a los demás”, abunda Morales. “Salvo la excepción navarra, el mapa es una foto fija”, se expresa en el mismo sentido el catedrático de la Universidad de Valencia y exministro de Justicia Francisco Caamaño, para quien el proceso de constitución de Comunidades Autónomas es “irreversible”.

Habría que modificar la Constitución

Con la vía de la invocación del artículo 143 cerrada ya, la única forma de crear nuevas autonomías sería, según los juristas, reabrir no ya el debate autonómico, sino el de la propia configuración del Estado. “Requeriría una reforma de la Constitución porque el proceso de creación de autonomías ya terminó y no se establece una vía de regreso”, asegura Álvarez Osorio.

Los tres juristas coinciden en que la única forma de avanzar hacia nuevas autonomías sería la reforma de la Carta Magna y dependiendo del camino a seguir podría requerir el voto de todos los ciudadanos. “Depende de si se entiende que el cambio afecta al artículo 2 o al Título VIII”, expone Morales. Si se tuviese que reformar el artículo 2, la modificación requeriría del procedimiento agravado, es decir, precisaría de 2/3 del Congreso y de un referéndum. Si se optase por reformar el artículo 143, localizado en el Título VIII, su no se requeriría referéndum a no ser que el 10% de los diputados lo solicitasen.

El papel de la Junta y de las Cortes de Castilla y León

Los municipios leoneses avanzan poco a poco en el intento de constituirse como Comunidad Autónoma. Ya son 8 ayuntamientos los que han aprobado la vía del 143, a pesar de que los juristas la consideran agotada. Según este artículo son las diputaciones o las dos terceras partes de los municipios de una provincia (141 de 211 en el caso de León) y que sumen el 50% de la población, de quienes dependería iniciar el proceso de creación de la nueva Autonomía. Los juristas explican que, aunque esta vía está cerrada, poco tendrían que decir la Diputación —aunque también recaiga sobre esta institución la iniciativa autonómica—, o la Junta de Castilla y León.

“No existe un mecanismo para disolver una Comunidad Autónoma, así que en principio, no tendría por qué debatirse en el parlamento autonómico”, advierte Álvarez Osorio. Matiza este idea el catedrático José María Morales, quien sin embargo cree que “algún pronunciamiento tendría que haber desde las instituciones autonómicas”, aunque no esté establecido en ningún articulado del Estatuto.

Los juristas consultados por eldiario.es, señalan, en todo caso, que es muy posible que la Junta tratase de defenderse si la mayoría de los ayuntamientos leoneses o la Diputación se embarcase en la aventura autonómica. “El Gobierno autonómico y el central podrían presentar recursos, aduciendo que el mapa autonómico está cerrado”, asegura Caamaño, quien señala que el proceso podría terminar, incluso, en el Tribunal Constitucional. Allí, explican los juristas, la visión es similar a la de los tres constitucionalistas consultados: no se puede invocar el 143 porque la construcción autonómica ya ha terminado.

El actual mapa administrativo pudo haber sido diferente. En la decisión de que León y Castilla se uniesen en única Comunidad, hubo una parte electoralista, recuerda el catedrático de la Universidad de Sevilla, Juan José Morales. “Las élites de la extinta UCD quisieron mantener un caladero de votos unido en Castilla y León. Haber avanzado, por ejemplo, a una unión entre Asturias y León, con toda la potencia minera de esas regiones, hubiera sido crear un eje de izquierdas muy potente”, apunta. El análisis histórico-político de Morales apunta a una tesis interesante: “Cuando las élites regionalistas se integraron en el PP, el debate amainó. Ahora, con unos partidos en claro retroceso, es normal que estas élites vuelvan a reclamar poder”, resume el jurista.

Posible efecto dominó

“Sería un proceso autonómico nuevo, una nueva reforma constitucional que no creo que podamos superar fácilmente”, dice Álvarez. La apertura de este proceso en una reforma constitucional podría abrir un melón descomunal. Regiones que se sienten maltratadas por el proceso autonómico podrían pedir convertirse en Comunidades uniprovinciales, otras podrían pedir la separación para unirse a otra Comunidad diferente, o podría producirse un reagrupamiento de varias. “Es posible que Salamanca quisiese ir separada”, señala Caamaño. “Alicante, ante el auge del pancatalanismo podría reclamar algún tipo de unión con Murcia”, elucubra Morales. “La separación entre Andalucía Oriental y Andalucía Occidental también se vería como una opción”, asegura por su parte Álvarez Osorio. Las combinaciones son muchas“, advierte.

En todo caso, el debate que se ha abierto evidencia que el Estado de las autonomías sigue en plena discusión. “Madrid podría haber pertenecido a Castilla, pero se decidió porque tener una provincia de esas características y tan potente habría perjudicado a las demás”, apunta Caamaño. “El debate se cerró como se pudo”, asegura José María Morales, quien señala que en este tipo de discusiones no sólo se debe buscar el componente mítico e histórico, sino también un sentido práctico que parece difícil encontrar.