El Juzgado investiga si existe delito en suprimir las paradas del AVE Madrid-Galicia en Sanabria

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Zamora ha acordado incoar diligencias previas para investigar la posible existencia de delito en la supresión de paradas del AVE Madrid-Galicia en la estación de la comarca zamorana de Sanabria. Los promotores de la denuncia que ha desembocado en la apertura de diligencias, tres colectivos ciudadanos y un partido político regional, han informado del auto por el que el juzgado abre las diligencias previas por un posible delito que no se especifica y da traslado de la causa a la Fiscalía provincial de Zamora.

Los denunciantes, las asociaciones Viriatos, Terra Sos-tenible, Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora y el partido Unión del Pueblo Leonés, han mostrado su satisfacción por el auto y han subrayado que supone “un avance significativo” porque implica que el juzgado considera que hay elementos suficientes para iniciar una investigación judicial más profunda.

Servicios esenciales

Será ahora la Fiscalía de Zamora la que determine la naturaleza exacta del posible delito y las responsabilidades, después de que inicialmente esos colectivos denunciases presuntos delitos de prevaricación y supresión injustificada de servicios públicos esenciales.

De ellos hicieron responsables en su denuncia a los presidentes de Renfe, Álvaro Fernández; y de Adif, Luis Pedro Marco; al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; y, como “instigador” al alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Los denunciantes han calificado de “victoria inicial para los ciudadanos de Sanabria” la apertura de diligencias previas, y han aludido a los perjuicios en el acceso a servicios públicos fundamentales como la sanidad o la educación, tras la modificación de horarios y supresión de frecuencias que ha aplicado Renfe desde el pasado 9 de junio pese a ser una línea de Obligación de Servicio Público.

Por el momento, el juzgado no ha resuelto un recurso de reforma presentado por los denunciantes contra la decisión de no admitir las medidas cautelares solicitadas en la denuncia para que se reestablecieran de forma inmediata los servicios suprimidos.