Cinco meses de cárcel para un empresario por verter sustancias tóxicas a un arroyo en Soria

El responsable de la empresa Distiller S.A, Daniel C.A, ha sido condenado a cinco meses de prisión, ocho meses de multa y 100.000 euros de indemnización tras reconocer su responsabilidad por el vertido de sustancias tóxicas a un arroyo en Ólvega (Soria).

El juicio por estos hechos, en el marco de un proceso judicial iniciado en 2016, estaba previsto para este lunes pero no llegó a celebrarse debido a que el acusado ha aceptado la condena por delito ambiental en el tipo básico establecido en el artículo 325 del código penal, ya que los vertidos han causado daños sustanciales a la calidad del del suelo y de las aguas, según informa Ecologistas en Acción.

La intervención y el interés de la Fiscalía de Soria y de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, y de su Unidad Técnica, de socios de ASDEN-Ecologistas en Acción y del abogado de la Federación de Ecologistas de Castilla y León, y también de algunos vecinos, son los que han conseguido que se empiece poner límite a la impunidad reinante en los vertidos en Ólvega.

La condena recibida es de cinco meses de prisión, multa de 15 euros al día durante ocho meses, inhabilitación por idéntico periodo para ejercer su cargo de administrador de empresas, restauración del medio deteriorado y una indemnización de 100.000 euros de la que se beneficia la Junta de Castilla y León.

Para Ecologistas en Acción, la importancia de este juicio está en que demuestra que las asociaciones ambientales son necesarias y prestan una excelente ayuda a las administraciones que quieren realmente proteger la salud ambiental y hacer cumplir la ley, y que con ella se ha impedido que la contaminación tóxica se pare y restaure el medioambiente afectado.

En el otoño de 2016 socios de Ecologistas en Acción de Soria, tras ser avisados por los vecinos de la existencia de olores irritantes que procedían del polígono industrial Emiliano Revilla de Ólvega (Soria), detectaron que tales olores procedían de la empresa Distiller S.A, y que los mismos estaban presentes también en las aguas y limos del arroyo de los Caños.

Hidrocarburos y metales pesados

Ante la sospecha de su toxicidad se envió una muestra de agua contaminada para ser analizada en un laboratorio acreditado, cuyos resultados indicaban que efectivamente había una concentración de varias sustancias tóxicas: hidrocarburos, algunos clorados, y de metales pesados.

Considerando este análisis y la información aportada por los ecologistas como un indicio de delito ambiental, la fiscalía realizó una inspección a la zona con toma de muestras de agua y de tierras, que dio lugar a que se iniciara un proceso judicial, que finalmente y tras cinco años ha acabado en un juicio en el que la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León ha ejercido de acusación popular.