El SEM pagaba el alquiler de su sede a un empresario vinculado al caso Macedonia
Existe una conexión entre el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña (el servicio público de ambulancias) y el poderoso empresario José Mestre Fernández, imputado por narcotráfico en el caso Macedonia. El contrato de arrendamiento de la sede del SEM, ubicada en L'Hospitalet de Llobregat, se firmó en 2006 con una empresa controlada en aquel momento por Mestre -entonces todavía no imputado- y varias personas de su entorno familiar. Esta conexión entre Mestre y el SEM, que se desprende de un informe de la Sindicatura de Cuentas y de la que se ha hecho eco la CUP, toma notoriedad, además, si se recuerdan las diversas irregularidades que marcaron el emplazamiento del servicio de emergencias en ese inmueble.
Para entender mejor los hechos, hay que remontarse al año 2004, cuando el SEM absorbió la actividad de los servicios de emergencias de Barcelona (SCUB) y de Tarragona y las Tierras del Ebro (CECOSA). Con la unificación de todo el servicio público para la atención a la emergencia, el SEM buscaba una nueva sede y se interesó por un edificio situado en la calle Pablo Iglesias en L'Hospitalet de Llobregat.
El inmueble era propiedad del Banco Sabadell, que lo cedió en arrendamiento con opción a compra por diez años a la empresa Terminal Catalunya, SA (Tercat), de la que José Mestre fue director y accionista hasta 2010. En julio del 2006, Tercat cedió los derechos de arrendamiento de la finca a Nordcontainer SL, que era una de las filiales del propio Tercat y también estaba dirigida por Mestre y varios familiares suyos. En agosto de 2006 -es decir, sólo un mes después de este traspaso- el SEM firmó el contrato de subarriendo por una duración de 10 años, prorrogable de cinco en cinco hasta un máximo de 20 años, y que hoy sigue vigente.
La instalación del SEM en este edificio estuvo marcada por varias irregularidades, tal y como lo indica la Sindicatura de Cuentas en su informe 22/2008. Las obras de adaptación del inmueble a las necesidades del SEM costaron 7,6 millones de euros, en lugar de los 6 millones presupuestados. Además, el SEM adjudicó esas obras directamente a Nordcontainer, sin consurso público, a pesar de su elevado coste, e infringió así la legislación vigente sobre los procedimientos de licitación.
Pero las irregularidades no acaban aquí: Nordcontainer no debería haber podido recibir el contrato de obras ya que no estaba clasificada como empresa para contratar obras con la Administración. La empresa controlada por la familia Mestre Fernández también infringió la Ley de contratos ya que subcontrató el 100% de las obras a Acciona SA, cuando el máximo permitido es del 50%, según recoge la Sindicatura.
Por otra parte, un informe de la Dirección General del Patrimonio alertó del nivel elevado del alquiler pero acabó dando la razón al SEM, que acreditó razones de urgencia.
Un empresario respetado
Hasta la apertura del caso Macedonia, José Mestre era considerado un empresario modélico. Ostentaba el cargo de director de la terminal de carga del Puerto de Barcelona y era propietario o directivo de 64 empresas, la mayoría de ellas relacionadas con el sector marítimo. En mayo del 2010 el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, le otorgó el “premio al mejor empresario nacional” en el sector de logística.
Pero tan sólo un mes después lo detuvo la policía, acusándolo de narcotráfico. Los agentes de la Brigada Central de Estupefacientes descubrieron que jugaba un papel clave en una red de narcotráfico que pretendía introducir droga en España a través del puerto de Barcelona, dado que controlaba las infraestructuras. La policía encontró 202 kilos de cocaína en un cargamento de chatarra. Mestre, que recibía el apodo de El Don por los miembros de la red, ingresó inmediatamente en prisión preventiva, y fue destituido de su cargo de director de Tercat. Desde finales de 2006, un grupo chino controla el 70% de la empresa. Mestre se encuentra ahora en libertad pero no tiene derecho a salir del territorio español. El fiscal ha pedido una pena de 13 años de cárcel.
El caso Macedonia no se limita a estos hechos, sinó que también incluye investigaciones sobre la presunta corrupción de agentes de diversos cuerpos policiales en relación con narcotraficantes.
