¿Y ahora qué? El Govern retoma los preparativos electorales pero confía en que la Justicia acabe paralizando el 14F

Reunión de Govern y la mesa de partidos para decidir si se posponen o no las elecciones del 14 de febrero.

Vuelta al calendario electoral. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya haya paralizado el decreto que suspendía las elecciones de 14F el Govern trabajar a contra reloj para cumplir el auto y ponerse al día con los plazos necesarios por si finalmente se debieran celebrar los comicios la fecha inicialmente prevista. Entre este miércoles y el jueves los servicios jurídicos deberán enviar un informe con sus alegaciones defendiendo el aplazamiento electoral, un razonamiento con el que el Govern confía en persuadir a los magistrados del Contencioso sobre los riesgos de mantener la votación. "Los fundamentos jurídicos son sólidos, otra cosa es que se atienda a otras razones… la decisión es imprevisible", aducen fuentes del Govern.

Por esta imprevisibilidad, el departamento de Exteriores y Relaciones Institucionales, encargado de la oficina electoral, ya ha comenzado a moverse. Este mismo martes ha pedido a las Juntas Electorales Provinciales que proclamen cuanto antes las candidaturas, un trámite que debía hacerse el lunes pero que, debido a la paralización electoral, no se llevó a cabo. Fuentes de la conselleria explican que estas juntas se han reactivado de inmediato tras conocer la decisión del TSJC, y esperan que la proclamación se lleve a cabo entre este mismo martes y el miércoles, para que el Diario Oficial de la Generalitat las pueda publicar, como tarde, el jueves. Como en todo proceso electoral, cabrían recursos judiciales a estas candidaturas que, de presentarse, aún retrasarían más el proceso.

Los problemas logísticos no acaban aquí. Los ayuntamientos son los encargados de sortear y designar a los miembros de las mesas electorales, un paso que debía haberse realizado entre el pasado sábado y el miércoles, y que de nuevo quedó en suspenso. El departamento ha pedido a los consistorios que se den tanta prisa como puedan para cumplir este trámite, pero no es tan fácil, porque tienen que celebrar un pleno extraordinario, lo que puede retrasar la formación de las mesas unos días. Tras eso debe comunicarse a los miembros de las mesas su designación, que pueden recurrir. Según el calendario inicial del Govern, la formación de las mesas debía estar solucionada para el 4 de febrero. Ahora, todo puede retrasarse unos días, lo que acercaría el trámite peligrosamente al 14 de febrero.

En el Ejecutivo catalán no quieren dar nada por sentado. "Es evidente que esta situación tensiona los mecanismos electorales", subrayaba el conseller encargado de la logística electoral, Bernat Solé, quien en la rueda de prensa de este martes aseguraba que lo tenían "todo preparado", por lo que podrían reactivar todos los plazos a tiempo. Fuentes del Govern sin embargo subrayan que "no todo depende de este departamento". Aluden a la cadena de trámites que requieren unas elecciones, que incluyen desde los ayuntamientos a las juntas electorales, pasando por los tribunales si hubiera cualquier recurso. Todo ello se hace habitualmente en 54 días y va medido al milímetro. "Habiendo dejado todo cinco días suspendido, todo debe salir al milímetro o irá mal", reconocen esas mismas fuentes.

Los informes sanitarios y jurídicos

Aunque promete que forzará la maquinaria electoral, el Govern reconoce que continúa aspirando a que las elecciones no sean en febrero. El Tribunal Superior de Justicia ya ha avisado que no quiere demorar la decisión final, algo que también le han reclamado los partidos. Las formaciones políticas se juegan unas sumas económicas importantes en la campaña y este martes por la tarde reconocían su desconcierto respecto a si debían reactivar o no sus propias contrataciones de material, carteles, papeletas y espacios propagandísticos. Igual que ocurre con la Administración, las candidaturas realizan verdaderas yincanas de preparativos durante el mes anterior a las elecciones.

La apuesta de la Generalitat es convencer a los magistrados del TSJC de que el proceso se suspendió de forma jurídicamente correcta y atendiendo a razones sanitarias que continúan siendo las correctas. Las alegaciones que enviarán se basan en tres informes diferentes, elaborados durante las últimas semanas. El primero es técnico, elaborado por Salut, en el que pronostican que en la fecha electoral habrá una presión de récord en el sistema sanitario catalán. Otro es jurídico y se basa en un dictamen previo de la Comisión Jurídica Asesora que avalaba la posible suspensión electoral. Y finamente otro es del departamento encargado de celebrar las elecciones y en el documento se analiza los escenarios que pueden comprometer la buena marcha de unos comicios.

"Evidentemente iremos y nos explicaremos, de otra manera si hace falta, pero la base jurídica no la cambiamos, es la que es", explican fuentes del Govern. El informe de los servicios jurídicos considera sólida la argumentación sobre la competencia para convocar o suspender elecciones, que es del president de la Generalitat o, en su ausencia, de su substituto, en este caso el vicepresident Pere Aragonès.

En segundo lugar, los servicios jurídicos alegan que, pese a que la suspensión electoral no está prevista, puede haber razones para hacerlo, como es una situación de pandemia. Una decisión que a su juicio debe derivarse "del análisis de los elementos fácticos, técnicos y jurídicos, el cual permita concluir que la suspensión de unas elecciones es la mejor opción posible y, en última instancia, la más garantista con el fin último de un proceso electoral, que es que se respeten al máximo las condiciones de sufragio universal, igual, libre, secreto y directo, sin que la situación de pandemia pueda afectar las elecciones a realizar y, simultáneamente, se proteja la salud de las personas". Condiciones que, para la Generalitat, se dan en este caso.

Exclusión del voto y miedo, los grandes obstáculos

"El problema", indican fuentes del Govern, es "qué pasa si las elecciones continúan adelante, la pandemia no remite y se alcanzan las 200.000 personas que señalaba el Síndic entre contactos, contagiados e ingresados, a los que se excluye del voto". La posibilidad de que se deba vetar del proceso a una cantidad importante de votantes, algo que ya ocurrió en el País Vasco y Galicia, ha sido una de las cuestiones que más han pesado en la Generalitat en las últimas semanas. Es un argumento que esperan que pese en el tribunal que debe decidir sobre si mantener el 14F o no.

Otro de los factores que esgrimió la Dirección General de Procesos Electorales el pasado viernes es la incidencia que la situación sanitaria podía tener sobre la participación y la abstención de determinados colectivos, en definitiva, el miedo a votar. "Se ha puesto de manifiesto por diferentes canales cierto recelo a la seguridad de los dispositivos electorales. Al margen de si los miedos son más o menos fundamentadas, el efecto de esta percepción puede tener graves consecuencias a diferentes niveles, siendo su más grave, en términos democráticos, el desconfiar de todo el sistema y su resultado", aseguraba el informe del departamento, que continuaba indicando: "El voto con miedo es tradicionalmente un vector de sesgos electorales de diferente naturaleza que pueden alterar sustancialmente el resultado del proceso electoral deslegitimándolo".

Un miedo que, en opinión del Govern, puede repercutir especialmente en los miembros de las mesas. "En el extremo, esto puede acabar comportando comportamientos de insumisión respecto el deber de participar en el proceso electoral si así lo establece el sorteo. En caso de ser masivos, puede darse el caso de que las deserciones comporten la no constitución de las mesas, ni siquiera en la segunda ronda", manifestaba el informe.

Según el relato que el Govern enviará a los jueces, fue la combinación entre estos elementos junto con los informes sanitarios lo que acabaron cimentando la decisión del aplazamiento electoral. Una vía que reunió el consenso de todos los partidos con representación menos del PSC, que siempre observó motivos electoralistas en los partidos del Govern. El Contencioso catalán decidirá ahora si estos motivos son suficientes para tomar la drástica decisión sobre el 14F y si tienen amparo legal o si, por el contrario, debe seguirse adelante con el proceso electoral. Un veredicto que se espera antes de que acabe esta semana y que condicionará la política catalana y española en los próximos meses.

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19 de enero de 2021 - 22:33 h

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