El juez tilda de “veraz” la auditoría sobre la recogida de basuras de FCC en Badalona y descarta que injuriase a la empresa

Un juez de Barcelona ha desestimado la demanda de FCC contra el ambientólogo Jordi Colomer por la que la empresa le reclamaba dos millones de euros por vulnerar su derecho al honor en las auditorías que realizó sobre su prestación del servicio de recogida de basuras en Badalona. En contra de lo mantenido por la multinacional, el juez concluye que el trabajo de Colomer, que detectó varias irregularidades y sirvió para que el consistorio multara a FCC, fue “de interés general y veraz”. El magistrado impone a FCC las costas del juicio.

La demanda de FCC contra Colomer fue la réplica de la empresa a la polémica generada a raíz de las investigaciones internas de varios ayuntamientos catalanes, entre ellos Badalona y Barcelona, por un presunto fraude en la recogida de basuras. La Fiscalía archivó su investigación al no ver responsabilidad penal en las irregularidades denunciadas, aunque dejó la puerta abierta a sanciones administrativas. Los gobiernos de Badalona y Barcelona multaron a FCC con 4,1 y 7 millones de euros respectivamente. La empresa ha recurrido la sanción en los tribunales.

FCC reclamaba casi dos millones de euros a Colomer, representado por el Col·lectiu Ronda, porque, a su juicio, el técnico “vertió imputaciones falsas” sobre el sistema de recogida de residuos de la empresa en su auditoría. En la sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el titular del juzgado de primera instancia 56 de Barcelona, Ángel Merchán, concluye que no existe “una prueba real y sólida, ni siquiera por vía de presunción”, de una actuación “intencionada” de Colomer para “dañar la reputación de FCC ya sea para avanzar en la remunicipalización de servicios, ya por tener un interés particular en el asunto”.

Todo lo contrario, el juez destaca que las auditorías de Colomer, que censuraron la prestación de FCC al detectar sobrecostes y servicios cobrados pero no prestados, fueron “de interés general y veraz” y no incurrieron “en términos vejatorios, denigratorios y/o injuriosos”. El juez recuerda además que Colomer no divulgó sus auditorias a los medios de comunicación, tal y como sostenía la empresa, sino que se limitó a entregarlas al Ayuntamiento de Badalona, que era quien le había contratado.

“No puede negarse –asevera el juez en la sentencia– el interés público de la información y valoración contenida en el documento elaborado por el Sr. Colomer en cuanto analiza detalladamente la forma en la cual se presta este servicio y valora la existencia de otras alternativas que puedan ayudar a una mejor gestión de los servicios públicos”.

“No consta filtración alguna o al menos no constan noticias que afecten a FCC en relación con el servicio que presta para el municipio de Badalona hasta que los responsables políticos del Ayuntamiento deciden ofrecer una rueda de prensa el 24 de noviembre de 2016”, continúa el juez, que destaca que las auditorías fueron entregadas tres en junio. Los informes de Colomer, indica el magistrado, no produjeron un “efecto inmediato”, sino que se produjo cuando el Ayuntamiento decidió hacerlos públicos.

Es más, el magistrado destaca que las auditorías de Colomer son “veraces” porque estudiaban no solo la prestación del servicio de recogida de basuras de FCC sino que también constataban que el Ayuntamiento de Badalona “no tenía los suficientes medios personales y materiales para poder hacer una gestión y fiscalización adecuadas del contrato de limpiezas y residuo”, atribuyéndole incluso una cierta dejación en estas funciones.