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CATALUNYA

ENTREVISTA | Conseller de Educación de la Generalitat

Josep Bargalló: "En el caso Maristas la Inspección de la Generalitat no actuó con contundencia"

El conseller de Educación de la Generalitat cree que deberían haberse personado como acusación en el caso Maristas desde que conocieron los abusos

Asegura que entre sus medidas contra la segregación obligarán a los centros a publicar lo que cobran a las familias en su web y sancionarán a las concertadas si tienen cuotas mensuales

Estos meses ha hablado "mucho" sobre lengua e inmersión con la ministra Celaá, pero no ha vuelto a tener noticias del Gobierno sobre casos de adoctrinamiento

Josep Bargalló

Josep Bargalló, en su despacho en la conselleria de Educación Montse Giralt

Josep Bargalló ocupó el cargo de conseller de Educación brevemente con Pasqual Maragall de president de la Generalitat y ahora ha vuelto a asumir el puesto, en el que pronto llevará un año, con el nuevo Govern de JxCat y ERC (él es militante de esta última). En esta entrevista, el conseller hace autocrítica sobre el papel de la Administración en la gestión de los abusos sexuales en colegios, aunque no aclara si se plantean retirar el concierto a los Maristas si se confirma que los ocultaron.

Se muestra satisfecho con el arranque del Pacto contra la Segregación escolar, que plantea una ofensiva contra las escuelas gueto, y defiende el catalán como lengua de enseñanza. De esto último dice que ha hablado mucho de ello con la ministra de Educación, Isabel Celaá. "Más que de adoctrinamiento", precisa.

En los últimos años se han denunciado decenas de casos de abusos sexuales a menores en Catalunya, varios de ellos en colegios religiosos concertados. ¿Qué cree que ha hecho mal la Administración para que hayan aflorado tan tarde?

La escuela debe ser un espacio de seguridad. Pero más allá de esto, la escuela es también un reflejo de la sociedad. Sería difícil pensar que en la escuela no se van a reproducir distintos tipos de violencias, pero podemos actuar. En este aspecto, uno de los defectos que ha tenido la escuela años atrás es el que mismo tenía la sociedad: que lo trataba sólo internamente. Solucionar cualquier caso sin sacarlo afuera. Pero hay casos que se deben sacar afuera: a Mossos, Fiscalía, juzgados… La opinión tradicional era que mejor no se sepa porque puede ir contra la escuela, pero estamos convencidos de que lo que va contra la escuela es que se sepa al cabo del tiempo.

Con los abusos de Joaquín Benítez en los Maristas durante 30 años, conocidos en 2016, usted dijo a raíz del juicio que la Generalitat algo no había hecho bien. ¿A qué se refería exactamente?

En el caso Maristas, en el momento en que se tuvo conocimiento, la Inspección de la Generalitat no actuó con contundencia. Y el Departamento de Educación no se personó en los casos judiciales como acusación, que es algo que hay que hacer siempre [se personó al cabo de varios meses]. Es cierto que estábamos en unos momentos en los que la teoría era que lo positivo era que aquello se acabara y no se supiese. Pero lo positivo es que se sepa y se actúe contundentemente.

La entonces consellera Meritxell Ruiz dijo que si la sentencia condenatoria o si había responsabilidad del colegio Maristas en los abusos, se planteaba una sanción a la institución o incluso retirar el concierto. ¿Lo mantiene?

Hay dos elementos sobre la mesa. Primero, la sentencia. Según lo que diga, tendremos que actuar, aunque hay cosas que podemos hacer diga lo que diga. Y luego está la comisión de investigación del Parlament, que sacará sus conclusiones y nos tendremos que comprometer con ellas. En este sentido, estamos preparando un decreto de conciertos educativos y es evidente que ahí aparecerá la necesidad de cumplir con los protocolos, también el de estos casos. Así que cuando se den estos casos, veremos si se ha actuado de forma correcta. 

¿Pero la retirada del concierto a Maristas está sobre la mesa?

Es la opción más contundente, pero depende de lo que diga la sentencia. Tenemos un compromiso con la sociedad de tolerancia cero con los casos de violencia y con quien los oculta, participa o colabora con ellos. 

Por eso le planteo qué harán en concreto si la sentencia declara Maristas responsable civil subsidiaria. 

Ha habido sentencias sobre casos en los que se ha condenado al Departamento de Educación por alguna actuación negligente o no suficientemente contundente. Yo he dado orden a los servicios jurídicos de no recurrir ninguna sentencia que considere que no lo hemos hecho bien, sino que sirva para entender qué se ha hecho mal y cambiarlo. Si el Departamento ha de reaccionar con contundencia cuando la sentencia nos acusa, tenemos que hacer lo mismo si acusa a otros. 

Han presentado estos días un plan contra las violencias en general que quiere englobar abusos, bullying, violencia machista... ¿Por qué?

Lo que quiere es apostar por la convivencia absoluta en los centros como espacios de seguridad. Este plan abordará cualquier tipo de violencia: entre iguales, de mayores a menores, del exterior hacia adentro, física, psicológica, virtual, de género, de poder… Hay que abordarlo desde la prevención -desde los criterios arquitectónicos a la formación al profesorado o las familias-, la actuación -poner al día los protocolos existentes y, si no los hay, establecerlos-, y un tercer aspecto que es el más defectuoso: el acompañamiento.

A las víctimas hay que acompañarlas no en los momentos inmediatamente posteriores, sino mucho después también, porque a veces la víctima saca su trauma y su dolor tiempo después. Y esto hay que hacerlo con ayudas a los centros, con una inspección más atenta y a partir de una red territorializada de técnicos, especialistas y referentes.

Lo de los referentes ya lo anunció en el Parlament. ¿Quiénes serán? ¿Cuántos habrá por cada colegio?

Vamos a empezar con 15 técnicos del Departamento. Habrá como mínimo uno por cada territorio como mínimo, y si la práctica nos dice que hacen falta más, pues más. Velarán porque la prevención llegue a todos los centros, pondrán en contacto los centros y la inspección con la policía o la fiscalía si hace falta, harán seguimiento del acompañamiento… Son perfiles de trabajador social o antropólogo social. Ahora hay muchos protocolos pero las direcciones tienen tanto trabajo que leerse cada protocolo de forma continuada y de todos sus cambios es pedirles demasiado.

Precisamente por eso lo les piden profesorado y entidades sociales son más recursos de apoyo a la escolarización, orientadores, ratios más bajas... ¿Hay alguna previsión de inyección de recursos que acompañe el plan?

En los presupuestos que tenemos preparados, y que están a la espera de que acabe la contienda electoral y dejen de primar los intereses de partido para que se vuelva a iniciar un proceso de concertación con alguna otra fuerza del Parlament... 

Es una forma muy optimista de verlo. 

Es que el Ayuntamiento de Barcelona no tiene presupuesto, el Gobierno no tiene presupiesto, la Generalitat tampoco... Y tendrán que tenerlo. Las contiendas electorales clarificarán clarificarán la situación política y las negociaciones presupuestarias empezarán de nuevo en todos lados. En estas cuentas hay aumento notable de personal dedicado a ello No es un aumento que nos permita abastar todo lo que se debería haber hecho durante la crisis económica, pero empieza a revertirlo. Por ejemplo, 309 profesionales dedicados a la escuela inclusiva.

Los 'comuns' le pedían una inversión muy superior en educación, entre otras medidas recuperar en un plazo menor de tiempo la financiación de las guarderías. ¿Están en condiciones de garantizarlo?

El Govern es consciente de que cualquier negociación presupuestaria con el panorama que hay en el Parlament, en el Estado y en el Ayuntamiento es previsible que pivote alrededor de cuestiones sociales. Hay posibilidades de nuevas partidas de ingresos a partir de alteraciones fiscales y estas irán a políticas sociales.

El Parlament instó la semana pasada a que el president convoque elecciones o se someta a cuestión de confianza, toda la oposición considera que no son un gobierno efectivo tal como ustedes reivindican. ¿Qué tiene que decir sobre esto?

Esto en el Govern de Maragall ya había medios que lo decían. Los intereses de los medios para crear opinión son diversos, pero creo sinceramente que la actividad parlamentaria en período previo a las elecciones está más tocada de lo habitual por el partidismo. Este tema en concreto está marcado claramente por cuestiones electorales. 

La crítica de falta de actividad del Govern no es precisamente reciente, sino que la arrastran desde los inicios del mandato. 

La oposición tiene la obligación constante de decir que el Govern no gobierna. Si además lo que tiene es una voluntad, como en el caso de Ciudadanos, de desestabilizar no al Govern sino a la institución, pues forma parte de su discurso.

Josep Bargalló, en su despacho

Josep Bargalló, en su despacho Montse Giralt

El Govern ha firmado un Pacto contra la Segregación Escolar con el Síndic de Greuges y varias entidades y municipios que prevé 182 medidas. Algunas, como retirar de la puntuación en las preinscripciones escolares las enfermedades digestivas, se han anunciado para este curso. Dígame otra medida de las que usted considera más relevantes que esté ya en marcha. 

El nuevo decreto de admisión de alumnos, con el que a partir de criterios municipales, podremos garantizar que una escuela no tendrá una diversidad superior a la de su territorio. Todos los elementos de tratamiento de la diversidad, al principio de curso y durante el curso, serán asumidos de forma conjunta por todos los centros del territorio sostenidos con fondos públicos.

¿Esto significa que Educación fijará un mínimo o un máximo de alumnado en situación de vulnerabilidad por cada clase?

Habrá reservas de plazas más grandes en todos los centros a partir de criterios que establezcan los organismos municipales. Se garantizará que todas las escuelas que reciben dinero público actúen idénticamente. La virtud del Pacto es que lo firman todos los municipios de más de 10.000 habitantes. Y lo firman representantes de la comunidad educativa y la patronal de la escuela concertada.

Las escuelas concertadas, aunque algunas públicas también, cobran cuotas mensuales a las familias que incumplen a la práctica la ley de educación. Esto hace que estos centros tengan menos de la mitad de alumnado pobre del que le tocaría. ¿Van a poner fin a esta práctica? 

Si atendemos a quién asume la diversidad, hay un tanto por ciento de colegios públicos y un tanto por ciento de concertados que no reciben la que le tocaría. Es evidente que el de las concertadas es más grande, pero las hay que sí lo recogen. Todas tienen el deber de recogerla por igual. Y este será otra de los características de un decreto de escuelas concertadas que estamos preparando.

Decimos que nadie debe cobrar cuotas por la escolarización. Esto es evidente, pero hay otros elementos que tenemos que debatir, como por ejemplo si es obligatorio el chándal, las colonias, un Erasmus… Aquí entran pública y concertada y tenemos que debatirlo a partir de ciertos límites, como que nadie debe dejar de hacer una actividad por motivos económicos. En la normativa de inicio de curso que viene obligaremos a los centros a publicar en su web todo lo que cobran y en concepto de qué. No podrá haber cuotas.

¿Qué harán si las hay?

Cuando detectemos cuotas, actuaremos. En los centros concertados aplicaremos los criterios de sanción previstos. No nos los vamos a inventar. Y si tienen cuotas y no las publican en la web, para eso estará la Inspección y habrá sanción por doble incumplimiento: el cobro y la no publicación en la web.

Uno de los aspectos del Pacto que más críticas ha recibido por parte de sindicatos y familias es que quiera dar más dinero a las concertadas que asuman más alumnado vulnerable. ¿Considera que la concertada está infrafinanciada? 

Los módulos de concierto son insuficientes para la gran mayoría de escuelas. Y la dotación para el funcionamiento de las públicas también. La infrafinanciación del sistema la recibe la pública y la concertada. Hay que aclarar de entrada qué coste tiene la plaza escolar y para ello se creará una comisión urgente a partir del Pacto contra la Segregación. Creo que ha de haber una financiación objetiva de los centros públicos a la que hay que sobreponer una parte asimétrica por las realidades sobrevenidas. Esto se puede defender. Del mismo modo, hay concertadas que por su realidad necesitan una financiación asimétrica. Hay concertadas que hacen un servicio público indiscutible, equivalente a la pública. Si la pública que está en su situación tiene derecho a tener más profesorado o becas, estos centros también derecho a una misma asimetría. 

En 2020 se renuevan los conciertos de Secundaria. ¿Renovará los de aquellos institutos que segreguen por razón de sexo?

No. Forma parte del acuerdo de investidura. Es lo que tengo que hacer.

¿Ha hablado con estos centros, que son en su mayoría del Opus? ¿Están dispuestos a convertirse en mixtos?

Hay alguna escuela que segregaba y que está haciendo propuestas de coeducación. Quizás no la coeducación como la entendemos en la escuela pública, pero ya no segregan y deberemos analizarlo.

Este año han puesto sobre la mesa un documento que relaja el modelo de inmersión lingüística. ¿Es la inmersión un modelo superado?

La realidad social de los alumnos ha cambiado. La gente hace aplicaciones diversas de la inmersión. Si hablamos de que el catalán es la lengua vehicular del colegio, este es el modelo y no se ha tocado. Pero la acogida del alumno recién llegado que no tiene el catalán como lengua familiar es distinta. Uno de los elementos que la inmersión, como metodología, no ha garantizado, y sobre la que haremos una propuesta, es con la lengua oral. En estos momentos, en catalán y en inglés hay alumnos que salen competentes a nivel gramatical pero con dificultades orales.

¿En castellano, no? En su documento plantean que se pueda hacer más clase en castellano en las zonas más catalanohablantes.

No tanto, aunque reforzaremos la oralidad en todas las lenguas. Las nuevas metodogías hacen hablar más al alumno y es lógico que la oralidad y la escriptura se conviertan en cruciales. Hemos llegado a declarar competentes a los alumnos sin garantizar su oralidad.

Usted es partidario de que sean los centros los que decidan en qué lengua se imparten las clases en función de su realidad lingüística?

No. La lengua vehicular es el catalán. Lo que decide el centro es el proyecto lingüístico, partiendo de la inmersión y de la Ley de Educación de Catalunya. Un proyecto no puede decir que el catalán no es lengua vehicular, por ejemplo, ni puede decir que no hace lengua extranjera o que hace todas las horas en castellano. El marco general es el que es y luego se adapta en función del entorno.

¿Cuántos centros imparten alguna clase en castellano?

Todos. 

¿Al margen de Lengua Castellana? 

En algún momento, todos. Aquí hay un problema y es que los contrarios a la inmersión lingüística, que lo que quieren es una escuela segregada por lengua, algo que nosotros nunca haremos… 

Ahora mismo los contrarios a la inmersión no plantean tanto la segregación por lengua como que se establezca por ley el bilingüismo o trilingüismo (contando el inglés) en todos los centros. 

Su batalla inicial es el tanto por ciento. Pero esto es un desconocimiento absoluto del sistema educativo de Primaria, en el que hay proyectos, talleres, trabajo por rincones… Es imposible establecer porcentajes. Hablan de un bilingüismo vehicular que disfrazan de mayor presencia del inglés, que a la larga se plantea como dos escuelas diferenciadas. Nosotros no segregaremos por motivos lingüísticos.

Antes de que usted ocupase el cargo, durante los meses más críticos del procés, el Gobierno envió cinco requerimientos sobre supuestos casos de adoctrinamiento, tres de los cuales fueron respondidos por la Generalitat, argumentando caso por caso. Desde entonces, ¿ha tenido noticias de ello por parte del Ministerio? 

No. Con la ministra [de Educación, Isabel Celaá] hemos hablado mucho de temas de lengua, más que de adoctrinamiento. Estaba preocupada por la ofensiva de ciertas fuerzas políticas en temas de lengua. Nosotros le hemos resuelto dudas con datos y documentos y estamos abiertos a responder sus inquietudes, que le provenían de publicaciones en prensa y denuncias en el Congreso. El modelo lingüístico está cuestionado por fuerzas concretas a partir de falsedades.

¿A qué se refiere con estas inquietudes de la ministra?

Cada vez que salía un artículo en un medio denunciando alguno de estos aspectos, preguntaba si era verdad. Y le respondíamos. O cuando había propuestas en el Congreso.

Póngame un ejemplo.

Me preguntó sobre la inmersión en Secundaria y le dije que no había. Como concepto, está solo en Primaria. Ese caso concreto fue rápido y fácil.

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