El mercado de fichajes del Govern de Aragonès, una cincuentena de asesores por 3,7 millones al año

Alexander Golovín, un joven de 22 años sin la carrera acabada, fichado por la conselleria de Universidades y dimitido dos días después por el revuelo causado, ha vuelto a poner bajo el foco el siempre controvertido mundo de los asesores políticos. Un tema de actualidad para la Generalitat de Catalunya, donde todas las carteras acaban de cambiar de manos con la entrada del nuevo Govern y, con ellas, el consiguiente relevo de los altos cargos y sus respectivos eventuales. Pero, ¿quiénes son, qué hacen y cuánto cobran estos trabajadores que, como todos los eventuales, son elegidos a dedo?

Benito Pérez Galdós publicó en 1888 su novela corta Miau, un mordaz retrato sobre la figura del funcionario cesante, habitual en la administración española del XIX cuando los cambios de gobierno dejaban a miles de funcionarios en la calle. Más de un siglo después, las cifras son mucho más bajas, pero los cambios de color político siguen suponiendo un relevo en las bambalinas de los gobiernos. En la administración catalana, el número de eventuales que trabajan directamente para el Govern, sin contar los altos cargos, era de 139 personas en julio pasado, a los que se han sumado al menos dos nuevos nombramientos en los últimos dos meses.

De estos 141 eventuales la mayoría no pueden considerarse asesores como tal, sino que se trata de personal de comunicación, jefes de gabinete, secretarios, personal de protocolo, enlaces con el Parlament o coordinadores de diferentes tipos. En cargos que sí pueden ser considerados de asesoramiento y asistencia hay una cincuentena de personas. La mayoría de ellos, una treintena, figuran como asesores en el Boletín Oficial. Otros ocupan puestos con títulos más nebulosos, como “responsable de análisis y estrategia”, “adjunto” o “responsable de la oficina”.

Los sueldos de este tipo de cargos de asesoramiento también son muy elásticos y pueden ir desde los 31.507 euros anuales que cobra Anna Palahí como asesora de Sergi Sabrià, Director de la Oficina de Estrategia y Comunicación del Govern, a los 79.917 que cobran algunos asesores de la máxima categoría, como Arnau Albert, asesor de políticas estratégicas y el hombre que prepara los discursos del president. En total, la Generalitat gasta al año unos 3,7 millones de euros en salarios de asesores o de eventuales con funciones análogas, mientras que si se suma el del conjunto de los eventuales, la cifra asciende hasta los 9,3 millones.

El caso de Golovín puede ayudar a entender a qué se dedica este tipo de personal. Él había sido nombrado “asesor especial en materia de políticas estratégicas” de su departamento, pero el propio exasesor explicó a este diario que su cometido principal era el de escribir los discursos de la consellera Gemma Geis. La mayoría de departamentos cuentan, por ejemplo, con asesores específicos en materias concretas, a los que se les supone expertos en esos campos. Por ejemplo, en Acción Climática hay una asesora de pesca, Susana Maria Sainz, pagada con 55.676 euros; en Interior, una asesora de derechos y seguridad jurídica, Alba Alfageme, con un sueldo de 65.575 euros anuales; o un “asesor especial en políticas estratégicas” fichado por Economía por 79.917 euros, Carles Mas.

Pero también hay otros que no tienen ningún campo concreto de pericia y suelen dedicarse a tareas de asistencia directa a los altos cargos, por ejemplo, elaborando discursos, informes o dando contenido político al trabajo técnico. Estos puestos de trabajo figuran simplemente como “asesor” junto al cargo del que dependen directamente, como la “asesora al secretario del Govern” o los dos “asesores del conseller” que figuran en la Vicepresidencia. También son de esta naturaleza los llamados “adjuntos”, que lo suelen ser a los jefes de gabinete o a otros altos cargos u oficinas.

Respecto a la procedencia de estos trabajadores, es variada, aunque siempre hay una lógica cercanía ideológica con sus responsables directos. La nueva Presidencia encabezada por Pere Aragonès se trajo del partido a algunos altos cargos y, con ellos, llegaron directamente desde ERC dos personas para ocupar puestos en el equipo de comunicación: Jordi Vera i Aïda Tudó. Ambos con sueldos alrededor de los 80.000 euros, tiene cargos técnicos, el primero se encarga de la comunicación de la portavoz y la coordinación de los jefes de comunicación, mientras la segunda de las redes sociales del Govern.

La nueva consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, también tiró de personas procedentes de sus formaciones políticas, Convergència y Junts, para llenar la nómina de asesores, como Víctor Peña, que acompañó a la consellera en la lista electoral por Sabadell en 2019; Jordi Font, que también había sido concejal en esa ciudad; u Olga Solé, que figura en listas de Junts, en este caso por Òdena. Los tres tienen sueldos de entre 60.000 y 70.000 euros.

Nuevos consellers, mismos asesores

Aunque todas las carteras del Govern han cambiado de manos, la coalición sigue siendo la misma que en la legislatura pasada. Eso ha motivado que algunos de los asesores solo hayan tenido que cambiar de despacho pero hayan conservado sus puestos en la administración. Por ejemplo, Aragonès se ha llevado con él a Marta Alcolea, con la que ya había trabajado en la vicepresidencia, mientras que el actual vicepresident, Jordi Puigneró, ha movido a Marc Anguera, quien era adjunto al jefe de gabinete de Territorio en la legislatura pasada.

También el conseller de Economía, Jaume Giró, ha pescado asesores en otros departamentos. Roger Rosich venía de trabajar en el Gabinete de Dirección del Instituto Catalán del Suelo (Incasol), perteneciente a la disuelta cartera de Territorio, y ahora ha pasado a la que gestiona las finanzas catalanas. El propio Rosich aclara que en el Incasol no ocupó cargo de eventual, sino que era “un trabajador más” de la empresa pública. Carles Mas, por su parte, viene del Departamento de Empresa. También Roger Torrent, nuevo conseller de Empresa y Trabajo, se ha llevado a muchos de sus colaboradores del Parlament, entre ellos, algunos altos cargos pero también a asesores, como Òscar Domènech y Marta Espasa, ambos provenientes de la presidencia de la Cámara.