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Los Mossos han impuesto 360 multas al día por saltarse el toque de queda o los cierres perimetrales

Un control de movilidad de los Mossos en la AP-7 el 31 de marzo de 2021

Arturo Puente / Victòria Oliveres

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El estado del alarma vigente desde octubre finaliza este domingo. El decreto ha aplicado ha aplicado una regulación especial durante medio año para hacer frente a la expansión de la pandemia. Si el primer estado de alarma, entre marzo y junio de 2020, fue el del confinamiento domiciliario, el segundo lo han protagonizado dos medidas: los cierres perimetrales y el toque de queda nocturno. Dos restricciones que afectan a la movilidad y que, en Catalunya, han supuesto que los Mossos d'Esquadra interpongan un total de 60.152 multas en total, una media de 360 al día.

Las sanciones interpuestas por la policía autonómica por restricciones de movilidad incluyen tanto ciudadanos que se saltaban los perímetros –que según semanas han ido cambiado a municipales, comarcales o del conjunto de Catalunya– como los que incumplían el toque de queda. Unas infracciones para las habitualmente se han impuesto sanciones de entre 300 y 600 euros, si no había ninguna circunstancia agravante.


Las multas por saltarse las restricciones de movilidad

Número de multas diarias interpuestas por los Mossos d'Esquadra por incumplir las restricciones de movilidad en Catalunya durante el segundo estado de alarma, en días laborables o fines de semana o festivos

Fuente: Mossos d'Esquadra


Respecto a la distribución de sanciones a lo largo de los días, la diferencia más importante la han marcado los fines de semana, cuando el número de multas casi llegaba a triplicar el del resto de las jornadas laborables. De media, los sábados y domingos de los últimos meses se han saldado con 646 multas diarias, mientras que entre semana la media se queda en 227 denuncias por jornada. El récord en un solo día fueron las 1.077 sanciones que se extendieron el día 8 de noviembre, es decir, el segundo domingo tras la entrada en vigor del estado de alarma, seguido del sábado 6 de febrero, el fin de semana anterior a que el confinamiento pasase de comarcal a municipal.

Pese a la alta prevalencia de multas durante los festivos, fue durante la Navidad y la Semana Santa cuando se alcanzaron algunos de los picos mínimos de sanciones. Por ejemplo, el día 25 de diciembre se registraron 220 sanciones, el día festivo que menos se pusieron de todo el estado de alarma. Ni siquiera en Nochevieja y el día de Año Nuevo la cifra fue sobresaliente, con 682 expedientes la jornada que se inauguró 2021. Estas cifras tan bajas tienen que ver con la relajación de las restricciones impuso el Procicat, el comité del Govern de gestión de la pandemia, cuando se permitió la movilidad prácticamente libre por el territorio catalán y se abrió la mano a las reuniones con diferentes burbujas de convivencia.

En el lado opuesto, la semana récord de multas fue la primera de febrero. En solo siete días, los agentes de los Mossos extendieron 3.682 sanciones, en una semana especialmente marcada en el calendario pandémico porque era el inicio de la campaña electoral catalana, cuando las autoridades temían que los brotes pudiesen multiplicarse tras la afluencia de los electores a los colegios el 14 de febrero. Finalmente, las peores previsiones quedaron lejos de cumplirse, pero aquel refuerzo policial dejó huella en los registros en forma de sanciones. Cabe destacar que la misma jornada de votación se denunciaron 457 infracciones que, aunque lejos de las jornadas récord, también quedan por encima de la media de los días festivos.

El 99,7% de sanciones por movilidad, bajo el estado de alarma

Bajo el epígrafe de “restricciones a la libertad de circulación” los Mossos catalogan el conjunto de denuncias abiertas por infracciones de confinamientos perimetrales o toques de queda, razón por la que la mayor parte de las multas corresponde al periodo del último estado de alarma, que se inició a finales de octubre. Las sanciones se imponen con base al régimen sancionador aprobado antes del segundo estado de alarma en base a la ley de Salud Pública catalana.

En cambio en el primer estado de alarma, las multas se imponían a partir de un abanico más amplio de normas además de las sanitarias, como por ejemplo la ley de seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza', e incluso algunas conductas eran tipificadas por los agentes como un delito de desobediencia. El debate jurídico de los primeros momentos y las dudas de la Abogacía del Estado hicieron que, en diferentes momentos, agentes y cuerpos optasen por opciones diversas para multar.

Esta tipología de sanciones es, por tanto, aplicable casi completamente al segundo confinamiento. Sin embargo, sí hay un 0,3% del total de las multas por movilidad que se impuso antes de noviembre pasado. Se registran por ejemplo una o dos diarias desde el inicio de la pandemia, coincidiendo con el confinamiento perimetral de Igualada y la Cuenca de Ódena, pero crecen de forma visible durante las semanas centrales del mes de julio, una vez caído el primer estado de alarma. El inicio de ese periodo tiene que ver con el confinamiento perimetral de Lleida capital y siete municipios de las inmediaciones por un brote descontrolado de COVID en la zona. Un cierre territorial que acabó a finales de mes, cuando las multas vuelven a caer. El fin de semana con más multas en Lleida los Mossos pusieron 40, entre el sábado y el domingo 12 de julio.

¿Sin multas tras el estado de alarma?

Tal como se desprenden de los datos obtenidos del departamento de Interior, el paraguas legal del estado de alarma ha permitido imponer más de 60.000 sanciones durante todos estos meses contando únicamente el cuerpo de Mossos en los últimos meses, cifra a la que hay que sumarle las actas levantadas por policías locales. Sin embargo, el fin del estado de alarma no tiene por qué significar el fin de todas las restricciones ni, por tanto, de las multas. Tal como ocurrió en el caso de Igualada o Lleida, la Generalitat puede acordar restricciones de movilidad cuando la situación sanitaria lo requiera con el aval judicial y no sería la primera vez que los tribunales se lo permiten.

Por el momento la portavoz del Govern, Meritxell Budó, considera que, de mantenerse las actuales cifras no haría falta reclamar permiso para mantener el toque de queda. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo catalán no descartan otras medidas, como tratar de mantener el cierre perimetral de la comunidad. Junto a eso, el Govern sigue adelante tratando de dotarse de herramientas que le permitan, en todo caso, dictar medidas más duras en el futuro, para lo que prepara una modificación de la ley catalana de Salud Pública.

Con todo y pese a que el Govern tendría en la mano seguir mantener las restricciones y, por tanto, imponer multas, el cobro de las mismas es un asunto que hasta el momento ha sido hueso duro para la mayoría de las administraciones. Según los propios datos de Interior, los Mossos impusieron en total más de 80.000 multas en el anterior estado de alarma, de las cuales se acabaron cobrando menos del 7%, según los datos recabados por El Periódico en diciembre pasado. Una de las razones de la fugacidad de estas multas es que la propia ley del estado de alarma dispone que, cuando acaba el periodo de medidas especiales, todos los expedientes sancionadores que no sean firmes decaen automáticamente.

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