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CATALUNYA

Una restitución a medias: el Govern repesca al 43% de los cesados por el 155

Solo dos consellers de Puigdemont vuelven a trabajar para la Generalitat con el Govern de Torra: Lluís Puig y Meritxell Serret

De los 157 cargos de confianza cesados por el Gobierno, 69 han regresado a la Generalitat, aunque no todos en sus antiguos puestos

El Govern releva a un tercio de los 'números dos' de conselleries pese a que no fueron destituidos por el Gobierno

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La exconsellera Serret afirma que no le importaría reunirse con el ministro Borrell

La exconsellera y ahora delegada en Bruselas, Meritxell Serret, junto al president Torra. EFE

Uno de los compromisos de los partidos independentistas durante la última campaña electoral fue la restitución de todos los cargos cesados a raíz de la aplicación del artículo 155. Pero ya se sabe que una cosa es lo que se promete en campaña y otra es lo que se quiere o se puede cumplir, más cuando el escenario es la compleja política catalana. Para evitar nuevos procesos judiciales, no se ha restituido en sus cargos ni la Mesa del Parlament, ni a los exconsellers del Govern, ni al propio Carles Puigdemont, ni tampoco al exmajor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

Algunos de estos dirigentes han sido resarcidos con un nuevo destino, mientras que otros muchos cargos de la administración sí han recuperado su antiguo puesto. El recuento que ha realizado eldiario.es arroja un total de 198 cargos cesados, entre president, consellers, delegados del Govern en el territorio catalán, Madrid y el extranjero y altos cargos y eventuales. De estos, un 43% ya trabajan de nuevo en la administración.

Si se añaden la cincuentena de trabajadores que sumaban las delegaciones de la Generalitat en el extranjero y el reabierto Diplocat –consorcio en el que participaban el Govern y otras administraciones, además de entidades privadas–, se alcanzan los 260 cargos cesados, cifra que ofreció el Gobierno del PP en el Congreso, aunque estos formalmente no eran cargos de confianza sino empleados públicos y de un consorcio. Si vuelven todos, la restitución ascendería al 55%. Será en cualquier un porcentaje difícil de alcanzar, habida cuenta de que muchos de los despedidos se buscaron otro empleo, cuentan antiguos trabajadores, y de que la Generalitat no reabrirá en el corto plazo todas sus 12 delegaciones, sino tan solo las de EE.UU., Francia, Alemania, Suiza y Reino Unido.

Entre los altos cargos que han vuelto a trabajar en la Generalitat hay dos exconsellers, Meritxell Serret y Lluís Puig, que actualmente viven en Bruselas. La primera es la delegada de la Generalitat en la capital comunitaria mientras que Puig fue nombrado,en el último Consell Executiu antes de vacaciones, director del programa para el desarrollo de proyectos culturales en el ámbito internacional. Su nuevo sueldo es de 85.000 euros (25.000 menos que cuando eran consellers).

Los encarcelamientos ordenados por el juez Pablo Llarena han bloqueado la posibilidad que la mayoría de consellers del anterior Ejecutivo hayan podido repetir. Pero algunos de los que se han estrenado en esta legislatura tienen causas judiciales relacionadas con el procés. Son el vicepresident y conseller de Economía, Pere Aragonès; el titular de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró; y el de Interior, Miquel Buch. Los dos primeros están investigados por los preparativos del 1-O y el segundo por la apertura de locales el día de la votación, cuando era presidente de la Asociación de Municipios de Catalunya (AMC).

Barrufet, Simó y Mundó

De los miembros de fuerzas independentista que formaban parte de la anterior Mesa del Parlament, solo una de ellas percibe un sueldo de la Generalitat. Es Ramona Barrufet (JxSí) como asesora del conseller de Territorio, Damià Calvet, en el ámbito territorial de Lleida, Pirineos y Aran. Barrufet está procesada por desobediencia por haber permitido el debate y votación de resoluciones independentistas pese a las advertencias del Tribunal Constitucional.

La republicana Anna Simó, otra de las integrantes de la anterior Mesa procesada por desobediencia, aceptó el encargo del conseller de Educación, Josep Bargalló (ERC), de presidir el Consell Escolar de Catalunya, un puesto por el que, según ella misma se ha encargado de aclarar, no percibe ningún sueldo ni dieta.

Entre los repescados por el Govern de Torra también figuran el exconseller de Justicia Carles Mundó, procesado por desobediencia y malversación en el Supremo, y el exlíder del PDeCAT en el Congreso Francec Homs, que tuvo que dejar el acta tras ser condenado por el 9-N. Ambos ahora forman parte de la Comisión Jurídica Asesora, el ente que asesora y vela por la legalidad de la actuación de la administración. No están en nómina de la Generalitat, pero cobran una retribución pública por dictamen realizado.

'Sottogoverno' renovado

En el llamado 'sottogoverno' hay decenas de cargos que vuelven a trabajar en la Generalitat. De la lista de 157 eventuales cesados en octubre por el 155 –jefes de gabinete, comunicación, protocolo, asesores...–, 69 han vuelto al Govern. Las conselleries con menos eventuales que repiten son Cultura –que ocupaba Santi Vila hasta julio de 2017 y Lluís Puig, que mantuvo al equipo de su antecesor–; y Ensenyament –donde Bargalló ha sustituido a la independiente Clara Ponsatí.

Entre los que sí han regresado, la mayoría lo ha hecho a sus antiguos puestos, pero otros han cambiado de conselleria. Es el caso, curiosamente, de Quim Torra: el Gobierno le cesó de director del centro de estudios de temas contemporáneos y ha vuelto la Generalitat como president.

Además, cabe recordar que el vicepresident Pere Aragonès no fue destituido por el Gobierno de su cargo de secretario de Economía, y que las ahora conselleres de Presidència y Cultura, Elsa Artadi y Laura Borràs, no fueron cesadas de sus puestos –coordinadora del Govern y presidenta de la Institución de las Letras Catalanas– hasta enero de 2018, tres meses después de la entrada en vigor del 155. Su destitución no fue una decisión política del Gobierno sino la mera aplicación del reglamento del Parlament sobre incompatibilidades entre diputados y altos cargos.

Cambios en cargos no cesados

De la segunda línea de las conselleries, sólo fueron cesados el secretario general de Interior, Pere Soler; y el de Economía, Lluís Juncà, nombrado una semana antes tras la dimisión de Josep Maria Jové. Mientras Soler no ha vuelto al cargo, Juncà ha sido nombrado director general de Tributos. También ha cambiado de cargo la directora de la escuela de los Mossos cesada por transportar urnas el 1-O. Annabel Marcos es ahora secretaria de Administración y Función Pública.

A excepción de Soler y Juncà, los 'número dos' de las conselleries no fueron cesados por el 155. Pero solo un tercio han repetido con el nuevo Govern: son los secretarios generales Ferran Falcó (Territorio), Dolors Portús (Cultura), Josep Ginesta (Trabajo), y David Mascort (Agricultura). En Economía, la secretaría general que ocuparon Jové y Juncà la ha asumido Albert Castellanos, exdirector general de Promoción Económica, mientras la que fue secretaria general de Gobernación, Meritxell Masó, ejerce ahora el mismo en la conselleria de Presidència.

En Exteriores, el Govern ha nombrado como secretaria general a Mercè Salvat, exjefa de gabinete de Mundó, mientras que el nuevo número dos de Interior es Brauli Duart, exdirector de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Los nuevos secretarios generales son Núria Cuenca (Ensenyament), Laura Pelay (Salud), Patrícia Gomà (Justicia), Xavier Gatius (Políticas Digitales y Administración Pública), y la exalcaldesa de Figueres, Marta Felip (Empresa).

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