La puesta en libertad de Puigdemont da alas al independentismo

Jordi Sànchez ha mostrado su "plena disposición" para aspirar a presidente de la Generalitat

La puesta en libertad de Carles Puigdemont en Alemania supone un duro revés para el relato del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena con el que apuntalaba el delito de rebelión. No solo por la salida del expresident de la cárcel con una fianza de 75.000 euros, sino porque la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha descartado que se cometiera un delito de rebelión al no ver indicios de "violencia".

La Justicia alemana deja en libertad bajo fianza a Puigdemont y descarta el delito de rebelión

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La decisión ha sido ampliamente celebrada por los partidos independentistas, también por los comuns, convencidos de que lo que había hecho hasta ahora Llarena en sus autos era fabricar una supuesta violencia para imputar procesar a los líderes del 'procés' en una causa política. Así lo habían manifestado también las defensas de los encausados.

"Nos encontramos en una situación de contraste espectacular; todos los acusados injustamente de rebelión que están en cuatro países de Europa están en libertad y los que están en España están en la cárcel", ha querido resumir el diputado de JxCat y abogado Josep Costa. Tanto su partido como ERC o la CUP han aprovechado la noticia sobre Puigdemont para pedir que se ponga en libertad en España a los nueve políticos encarcelados en España.

En el auto de procesamiento, el juez Llarena daba a entender que si bien los líderes independentistas no plantearon la secesión con el uso de la fuerza ni emplearon la violencia directamente, sí la hicieron posible. "Siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza", afirmaba sobre los imputados por rebelión.

Ante el cuestionamiento de este relato, los independentistas se muestran optimistas, aunque desconfían que suponga un cambio de rumbo por parte de Llarena. Tampoco creen que la puesta en libertad de los exconsellers en Bruselas, tras su declaración ante el juez este jueves, vaya a tener consecuencias en el procesamiento.

Con todo, si la justicia alemana acabara por decretar la extradición a Puigdemont a España, y descartada la rebelión, se podría dar la insólita situación de que la mayoría de exconsellers fueran juzgados por este delito mientras que su líder, el expresident de la Generalitat, lo fuera solo por malversación de fondos.

Cabe recordar que pese a la libertad provisional, los jueces alemanes deben decidir todavía sobre la orden de extradición de Puigdemont, y sí consideran que podría ser admisible el delito que también se le imputa de malversación de fondos públicos. Sobre lo mismo deberán pronunciarse también la justicia belga y la suiza por las euroórdenes de los exconsellers y de Marta Rovira (aunque en su caso no se la procesa por malversación sino solo por rebelión).

En este sentido, el diputado Costa ha expresado que cuentan con "todas las pruebas de que no ha habido malversación", por lo que están convencidos de que la decisión de la justicia alemana será de denegar la extradición del expresident.

La candidatura de Sánchez, otro desafío a Llarena

En el plano político, el independentismo ha dado este jueves otra vuelta de tuerca a su estrategia, la enésima, antes de investir a un presidente que pueda ejercer el cargo. Amparándose en el comunicado de Naciones Unidas que insta a respetar los derechos de Jordi Sànchez como diputado, Junts per Catalunya volverá a presentarlo como candidato a la investidura.

Pese a la salida en libertad de Puigdemont este jueves, los planes de los partidos independentistas se mantienen en la propuesta de investidura de Sánchez. Su propósito es confrontar la previsible negativa del juez Pablo Llarena a que Sànchez pueda ser elegido con la petición que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha hecho a España para que tome todas las "medidas necesarias" que permitan al expresidente de la ANC ejercer sus derechos como parlamentario. No se trata de una resolución firme sino de las medidas cautelares que se dictaron en respuesta a la demanda de Sànchez.

De todos modos, los partidos independentistas reconocen que el resultado de la maniobra está cantado: Llarena volverá a denegar la posibilidad de que Sànchez pueda ser presidente, como ya hizo con su primer intento de investidura al rechazar sus peticiones de libertad provisional o de permiso extraordinario para acudir a la sesión.

De ser así otra vez, insistirán en apelar a los tribunales internacionales y no se descarta incluso la presentación de una querella contra el magistrado del Supremo. "Si el juez no acepta la candidatura de Sànchez volveremos a rearmar las causas judiciales abiertas. Vamos a agotar la vía jurídica", asegura el portavoz de JxCat, Eduard Pujol.

El calendario inmediato

El presidente del Parlament, Roger Torrent, abrirá una nueva ronda de consultas con los grupos parlamentarios para formalizar la candidatura de Sànchez. La intención es que el pleno se convoque para la semana que viene. Otra cosa es que se acabe celebrando.

Algunos dirigentes de JxCat y ERC defienden que el objetivo es que, una vez se descarte la elección de Sànchez por la prohibición que imponga Llarena, antes de Sant Jordi pueda elegirse a un candidato "efectivo", que permita formar ya un Govern. Es el ya llamado plan D, para el que no había un nombre previsto porque el cálculo de los partidos independentistas era que Jordi Turull podría estar unos meses antes de ser inhabilitado. Su encarcelamiento trastocó los planes y ahora empieza un baile de nombres. De momento nadie se atreve a dar por seguro quien será el elegido.

Elsa Artadi era la siguiente en la lista electoral y pese a que sigue siendo una de las personas más afines a Carles Puigdemont, no está entre las preferidas. En las quinielas reaparecen nuevos presidenciables. Entre ellos, el del alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, quien a diferencia de muchos otros diputados de JxCat contaría con el beneplácito de la dirección del PDeCAT.

Una vez la Mesa del Parlament autorizó a Puigdemont a delegar el voto por estar preso como en el caso de los diputados en Estremera –aunque ahora ha salido en libertad provisional–, solo falta que el republicano Toni Comín se avenga a renunciar al escaño. Si la CUP no cambia el sentido de su voto y apoya al candidato que se proponga finalmente para ser investido, la mayoría independentista dependerá de lo que haga Comín.

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Publicado el
5 de abril de 2018 - 21:27 h

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