Un informe interno del Govern concluye que el exconseller de Exteriores tapó las denuncias de acoso sexual contra un alto cargo

Un informe interno del Govern, elaborado por el área de Funció Pública, considera probado que el exconseller de Exteriores, Alfred Bosch (ERC) y la secretaria general de su departamento, Mercè Salvat, conocían los hechos por los que varias trabajadoras denunciaron haber sufrido acoso sexual por parte de un tercer alto cargo, el jefe de gabinete del conseller, Carles Garcias. Y, pese a saber qué estaba ocurriendo, ambos optaron por taparlo y no activar el protocolo contra violencias sexuales. Por estos hechos, Funció Pública considera que deberían sancionarse a ambos altos cargos, aunque apunta a que no se puede sancionar al presunto agresor, al haber sido cesado.

“La conducta del exconseller y de la exsecretaria general, consistente en el conocimiento de los hechos y en la omisión del deber de instar el protocolo para la protección efectiva de las presuntas víctimas, supondría una vulneración de los principios éticos y reglas de conducta de los altos cargos”, asegura el informe, que este jueves ha llegado a la mesa del consejo del Govern tras casi cinco meses de averiguaciones en el departamento. “Se considera por parte de la Inspección General de la Función Pública”, continúa el texto, “que hay indicios suficientes para la incoación de un procedimiento sancionador por parte del Govern”.

Será ahora el Govern quién deberá decidir, en las próximas semanas, si incoa un expediente sancionador contra Bosch y Salvat, ambos cesados desde marzo pasado, cuando se conoció el caso. Después de que se obligase a dimitir al jefe de gabinete, presunto autor de los hechos, el diario Ara informó de que el conseller le había destituido de sus cargos públicos forzado por su partido, ERC, y después de haber tratado de colocarle en otro puesto.

Aquellas informaciones supusieron que Esquerra forzara también la salida del propio Bosch, que acabó dimitiendo en marzo de este año. Según informó entonces el departamento de Exteriores, se impulsó una investigación interna tras recibir informaciones sobre actitudes “machistas y sexistas” por parte del jefe de gabinete, pero no se activó el protocolo. Fue entonces cuando el Govern reclamó a la inspección de Funció Pública que abriera diligencias de investigación para esclarecer el caso.

Otro de los puntos controvertidos a los que apunta el informe es que Lluís Juncà, un alto cargo de la Vicepresidència, dependiente del jefe de ERC, Pere Aragonès, habría abierto por su cuenta una investigación interna “informal” en aquellos días. Las pesquisas de Juncà se habrían llevado a cabo también al margen del protocolo vigente sobre violencias sexuales.