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El juez del 3% cita como imputados al presidente del puerto de Barcelona y al exconcejal de Urbanismo de Trias

El concejal de CiU Antoni Vives

Oriol Solé Altimira

El juez de El Vendrell que investiga las comisiones ilegales presuntamente cobradas por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha dado un paso relevante a la espera de si la Audiencia Nacional acepta quedarse con el caso. El magistrado Josep Bosch ha citado como imputados –investigados, según la nueva denominación– a tres pesos pesados del entorno convergente: el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra; el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona bajo el mandato de Xavier Trias, Antoni Vives; y el exdirigente y representante legal de Convergència, Francesc Sànchez. El juez les espera para el próximo 3 de mayo a partir de las 9:30h. han informado fuentes judiciales.

El magistrado ha optado por citar a los investigados mientras espera que la Audiencia Nacional resuelva si asume la causa del 3%, que le remitió el pasado mes de febrero a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, el magistrado ha citado como investigados a una decena de empresarios supuestamente vinculados al pago de “mordidas” para los días 4, 10 y 11 de mayo próximos.

Varias obras mantienen a los tres políticos bajo sospecha. En el caso de Vives, destaca el fiasco de las obras de la plaza de las Glòries: la empresa de obra pública municipal, había adjudicado en febrero de 2015 –a tres meses de las municipales– un contrato por 60 millones con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Copisa, Rogasa y Benitó Arnó i Fills. La oferta que ganó el concurso fue un 24% más baja que el precio por el que se licitó la obra. Una auditoría municipal reclamada por la CUP descubrió un sobrecoste 12 millones, tras lo que Colau optó por rescindir el contrato y licitar de nuevo el concurso.

En la causa, que tiene puesto el foco en una veintena de obras públicas adjudicadas por la Generalitat o ayuntamientos convergentes, también se investiga la adjudicación por parte del Consorcio de Educación de Barcelona bajo la etapa de Trias de un contrato para el mantenimiento de sus edificios, así como las obras en la Avenida del Paralelo o en el Mirador de las Aguas.

Respecto al Puerto, están bajo sospecha dos de las principales obras efectuadas en el puerto de la capital catalana en los últimos años: el dique este y la ampliación del muelle sur.

En un reciente informe, la Guardia Civil cifró las comisiones que habría recibido CDC en 1,04 millones de euros, cobrados presuntamente entre 2008 y 2013 –ya con Artur Mas en la presidencia del partido y de la Generalitat– a cambio de 24 obras públicas. También se habrían producido dádivas como entradas a partidos de fútbol, viajes, noches de hotel y cacerías.

A criterio de la Fiscalía, podrían haberse cometido varios delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios de concursos, malversación, fraude contra la Administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos en concurso con una supuesta malversación y fraude contra la administración.

El sistema de comisiones, apuntan los investigadores, se articuló a través de donaciones a tres fundaciones vinculadas al partido: la CatDem, la Barcelona Forum y la fundación privada Omnium. Partido y fundaciones funcionaban, añaden, bajo un sistema de “caja única”, tesis que avala el juez de El Vendrell antes.

El 3% lo investiga desde hace más de tres años el juzgado de instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona). En total en hay una veintena de imputados, entre personas físicas y jurídicas, como el exconseller de Mas, Germà Gordó, y los extesoreros de CDC Andreu Viloca y Daniel Osàcar (condenado por el caso Palau), así como varios constructores.

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