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Rosell alega que el fraude fiscal del que le acusa la Fiscalía se debe a un “cambio de criterio” de Hacienda

El juez ha citado como investigado a Rosell por un fraude fiscal de 229.500 euros

Oriol Solé Altimira

El expresidente del F.C. Barcelona y empresario Sandro Rosell ha hecho un paréntesis este martes de su vida en la prisión de Brians II para acudir a declarar como investigado por fraude fiscal en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. En una comparecencia que no ha llegado a la media hora, Rosell ha recurrido a un alegato clásico en estos casos y ha rebajado a una mera “disparidad de criterios” con Hacienda el fraude de 229.569,77 en su IRPF de 2012 del que le acusa la Fiscalía.

Según ha explicado su abogado, Pau Molins, Rosell considera que “lo hizo todo bien” en su declaración de impuestos y está dispuesto a “arreglar lo antes posible este tema siempre que pueda hacerlo y si se demuestra” que defraudó a Hacienda. El problema, ha añadido Molins, es la otra causa de Rosell, por la que espera juicio en la Audiencia Nacional y que le mantiene todos sus bienes embargados. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para el empresario once años de cárcel y 59 millones de euros por los delitos de blanqueo y organización criminal.

La causa de Rosell en Barcelona se abrió a raíz de una querella de la Fiscalía por un delito contra la Hacienda pública por defraudar 229.569,77 euros de IRPF euros en 2012. En esencia, el ministerio público sostiene que Rosell se dedujo indebidamente gastos a través de la sociedad que administraba. Para Molins se trata de una “disparidad de criterios interpretativos de la normativa tributaria” debido a un “cambio de criterio sobrevenido” de la Agencia Tributaria.

Según la Fiscalía, la sociedad, con sede en el domicilio del propio Rosell, carecía de estructura empresarial y sus únicos trabajadores eran cinco personas que se encargaban del mantenimiento y la limpieza de las oficinas y de la segunda residencia del expresidente del Barça. A lo largo del ejercicio de 2012, Rosell habría usado la empresa para obtener rentas que no declaró en su autoliquidación por IRPF y que derivaban de su actividad profesional.

Molins ha explicado que la prioridad de Rosell es el juicio de la Audiencia Nacional, donde pretende demostrar su inocencia. El 25 de mayo de 2017 la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela lo envió a prisión provisional por este caso. Permaneció hasta julio en el centro penitenciario madrileño de Soto de Real y después fue trasladado a Catalunya, a la prisión de Brians II.

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