El Supremo archiva la denuncia de Torrent contra Llarena por un error formal del presidente del Parlament
Un error formal del presidente del Parlament ha provocado que el Tribunal Supremo dé carpetazo en tiempo récord a la denuncia que Roger Torrent presentó el pasado viernes contra el magistrado Pablo Llarena y otros tres jueces del Alto Tribunal por su papel en la causa judicial contra el proceso soberanista. El Supremo ha archivado este martes la denuncia presentada por Torrent porque debería haber sido formulada mediante querella, tal y como exige el artículo 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
“Al haber sido presentada denuncia y no querella, es claro que no se satisface el requisito de procedibilidad, lo que es suficiente para acordar el archivo de las actuaciones, sin perjuicio del derecho que asiste al presentarse a reproducir su petición en los términos señalados”, indica la providencia de archivo del Tribunal Supremo. De este modo, el Alto Tribunal indica a Torrent que tiene derecho a volver a acudir al Supremo para denunciar a los cuatro magistrados, pero que tiene que hacerlo mediante una querella en vez de una denuncia.
La denuncia contra los cuatro magistrados del Supremo se fundamentan en los impedimentos puestos por el tribunal para dejar salir de la cárcel y enviar a prisión a los candidatos a la investidura. Además de Llarena, los magistrados denunciados fueron los integrantes de la sala de apelaciones del Supremo en la causa por rebelión: Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro.
“Intuíamos que el Supremo se podía escudar o tomar como excusa este planteamiento formal para no entrar en el fondo y no pedir responsabilidades, y, como sabíamos que podía pasar, hemos empezado a trabajar en otras opciones”, ha afirmado Torrent tras conocer la decisión del Supremo, sin detallar qué opciones.
La interposición de medidas judiciales fue acordada en abril pasado por la Mesa del Parlament. En aquel momento, de hecho, se anunció una querella, aunque finalmente se rebajó a una denuncia, lo que ahora ha provocado el archivo por parte del Supremo.
Según el texto de la denuncia presentada y ahora archivada, el Parlament considera que Llarena y los tres magistrados de la sala de apelaciones han podido incurrir en los delitos de detención ilegal (artículo 167 CP), vulneración derechos fundamentales (art. 542 CP) y prevaricación judicial (446 CP), en las sucesivas resoluciones que impidieron primero a Jordi Sànchez acudir al debate sobre su investidura y, después, la que encarceló a Jordi Turull entre la primera y la segunda votación de su debate.
En los cerca de seis meses entre las elecciones catalanas y la formación del Govern, cuatro fueron los candidatos propuestos para la investidura, contando a Quim Torra, el único que logró convertirse en president. En el caso de Sánchez y Turull, a ambos se les impidió desde el Supremo asistir a los debates, por lo que no pudieron presentar su candidatura. En el caso de Sánchez, además, la sala de apelación reafirmó la negativa a que fuera puesto en libertad.
