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Los ‘otros Algarrobicos’ están en Talavera, según Ecologistas

El exministro Eduardo Serra, parte de la cúpula judicial de Talavera y ‘Palomarejos Golf’, en el punto de mira

La organización ecologista se ha dirigido al Congreso para pedir una Comisión de Investigación de tres casos que, en su opinión, presentan irregularidades relacionadas con el medio ambiente

Chalet del fiscal jefe de Talavera

Chalet del fiscal jefe de Talavera La Voz de Talavera

Ecologistas en Acción se ha dirigido al Congreso de los Diputados solicitando la creación de una Comisión de Investigación sobre tres casos relacionados con el medio ambiente en los que la organización habla de  “posible corrupción” en el Partido Judicial de Talavera de la Reina.

Unos casos por los que, además, pide que "se requiera la presencia, por conducto de la Presidencia del Congreso", del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), así como  de la fiscal general del Estado.

Son los que denomina como ‘Caso Serra”, ‘Caso Talavera’ y ‘Caso Golf’ y que Ecologistas cree que tienen ciertas similitudes con el ‘Caso Algarrobico’, la construcción de un polémico hotel a pie de playa en Almería, invadiendo una parte del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

Ahora, la organización mira hacia la zona en torno a Talavera de la Reina porque, asegura, “son muchas las zonas de España que aún siguen sumergidas en el lodo de la corrupción”. Su escrito, además, ha sido apoyado por el Sindicato Manos Limpias, según publica La Voz de Talavera.

La “mansión” de un exministro en una zona protegida

El primer caso que denuncian los ecologistas en el escrito al que ha tenido acceso eldiarioclm.es, se refiere a la construcción de una “mansión” del que fuera ministro de Defensa, el ‘popular’ Eduardo Serra en un terreno rústico de protección natural dentro del término municipal de Navalcán (Toledo), en el centro del Valle del Tiétar.

En su escrito ante la Cámara Baja, Ecologistas en Acción explica como la Fiscalía acusó de supuesta prevaricación urbanística a dos funcionarios del Ayuntamiento de Navalcán, a raíz de la denuncia de Ecologistas en Acción.

Algo que ocurría, detallan, tras la concesión de licencia municipal para la construcción de la vivienda del exministro “en un terreno prohibido para tal fin”, según informe emitido por la entonces Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Castilla-La Mancha y que obra en el expediente de denuncia, al que alude la organización ecologista.

Ecologistas en Acción explica que en este caso confluían dos circunstancias agravantes. Por un lado, el hecho de que un Ayuntamiento hubiera permitido una construcción en suelo protegido,  “tras el informe favorable de un asesor externo y desconocedor de las leyes vigentes según su declaración, lo que provocó un impacto ambiental gravísimo en una zona de especiales valores ecológicos”. Y es que la  construcción está en zona forestal en el centro del Valle del Tiétar, espacio ZEPA y LIC de la Red Natura 2000 y área crítica de especies en peligro de extinción.

Por otro lado, aseguran que la acción involucraba a una personalidad “que debiera dar ejemplo de buen hacer y respeto a la normativa y al medio ambiente”. Para Ecologistas en Acción, resulta “increíble que una persona de la formación y medios de que disponía un exministro construyera una vivienda ilegal de esa forma”.

Ecologistas pone en duda la ética de la sentencia absolutoria

Ecologistas en Acción se personó como acusación popular en la causa abierta en Talavera de la Reina pero la sentencia del juzgado de lo Penal  fue absolutoria. Pese a ello la organización no ha tirado la toalla al confirmar, poco después, que uno de los abogados de la defensa, Santiago Ramos Figueroa, perteneciente al bufete de DataControl, “contrajo matrimonio en agosto de 2012, durante la tramitación del procedimiento, cuando ya se había señalado fecha para el juicio en el Juzgado de lo Penal”. Su mujer Cristina Peño Muñoz es la Magistrada titular del único Juzgado de lo Penal que tiene su sede en Talavera de la Reina.

“Esta magistrada, lejos de abstenerse del procedimiento, fue la que declaró la pertinencia de las pruebas propuestas, entre otros, por el que iba a ser su marido dos meses después”, señalan los ecologistas en el escrito dirigido al Congreso.

El chalet del fiscal jefe de Talavera

El segundo caso denunciado por Ecologistas en Acción hace referencia a la construcción de un chalet propiedad del fiscal jefe de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz, en la localidad toledana de Pepino. Se encuentra, según la misma fuente, “en zona de policía de un lecho fluvial, prohibido por la Confederación Hidrográfica del Tajo”.

El hecho fue denunciado en su momento por el arquitecto municipal de esa localidad, que alertó de un “pelotazo urbanístico  bajo la sospecha de sobornos”, según Ecologistas, que asegura que se enteró del caso por la prensa.

Fue Extraconfidencial.com quien publicó que la  Fiscalía Anticorrupción había abierto una exhaustiva investigación sobre un presunto “entramado de corrupción” en el seno de los Juzgados de Talavera de la Reina, tras la denuncia presentada por el magistrado decano de los  Juzgados de esta demarcación judicial, Fernando Presencia Crespo, y en la que involucraba directamente al fiscal jefe de esta adscripción, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade”, decía la información.

Precisamente, Presencia Crespo era acusado de presunta prevaricación tras denunciar el supuesto pelotazo urbanístico. Ecologistas en Acción recuerda que  Extraconfidencial.com publicaba también que, a raíz de la denuncia del magistrado decano, Anticorrupción investiga “la amistad íntima” entre el fiscal jefe de Talavera y el abogado penalista en ejercicio, Santiago Ramos Figueroa, a su vez esposo de la magistrada titular del único Juzgado de lo Penal de esta localidad, Cristina Peña Muñoz.

“A pesar de la aparente incompatibilidad familiar, el abogado Santiago Ramos Figueroa tiene abierto despacho profesional en Talavera, atendiendo a su clientes en las mismas oficinas que tiene la firma de profesionales más importante de esta ciudad, DataControl Asesores, donde también trabaja la decana del Colegio de Abogados de Talavera de la Reina”, según se afirma en la citada denuncia.

Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina y Comarca presentaron  querella contra el fiscal jefe, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, y su mujer, María García, por un delito contra la ordenación del territorio, ante el Juzgado de Instrucción 4 de esa ciudad.

También denunciaron la construcción del chalet ante el Ayuntamiento de Pepino que se declaró “no competente” en el procedimiento por el que los ecologistas pedían que se derribase el chalet.

“Ángel Demetrio de la Cruz Andrade en su condición de fiscal jefe de Talavera de la Reina debía haber mantenido una conducta ejemplar”, señala Ecologistas en su escrito al Congreso.

Palomarejos Golf

El tercer caso, aunque distinto a los otros dos, se refiere a "Palomarejos Golf", que se halla en el kilómetro 113 de la carretera N-V, a la entrada de Talavera de la Reina, y sobre el que pesaba una investigación por presunta corrupción, que lleva paralizada 14 meses por parte de la Fiscalía de Toledo, según Ecologistas en Acción. Algo que también denunciaba Manos Limpias en diciembre de 2014.

Ecologistas dice que el campo de golf se diseñó cortando un camino público y que cuando se autorizó, en 2005, ya estaba construido y acusa al Ayuntamiento de “no exigir unas ocho hectáreas en cesiones para el municipio por el cambio de clasificación del suelo de la zona de Campo de Golf”.

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