Piden prisión para el alcalde de Membrilla por permitir vertidos ilegales que afectaron a las Tablas de Daimiel
Entre mediados de 2013 y 2014 se produjeron una serie de vertidos ilegales de residuos al río Azuer desde dos cooperativas ubicadas en los términos municipales de Membrilla y Manzanares, en la provincia de Ciudad Real. Estos hechos provocaron la imputación del actual alcalde del primer municipio, Manuel Borja, y también del exalcalde del segundo, Antonio López de la Manzanara, ambos del PP. En su escrito de acusación y de petición de apertura de juicio oral, la Fiscalía de Ciudad Real pide penas de cárcel para ambos, así como para sus concejales de Medio Ambiente, Trinidad Alcaide y Manuel Martín-Gaitero, respectivamente, por presuntos delitos contra el medio ambiente.
Concretamente, y según el escrito, que se emitió hace meses pero se ha hecho público ahora, el Ministerio Fiscal pide una pena de dos años y medio de cárcel para los cuatro representantes del PP, considerando probado que los acusados “permitieron y consintieron” los vertidos de dos cooperativas, a pesar de que ellos eran los “máximos responsables” de “controlar y regular”. Precisa que dejaron que se incorporaran a la red de saneamiento de sus municipios vertidos industriales sin pretratamiento y, por tanto, con una “alta carga contaminante”.
Los hechos se descubrieron a finales de 2013 cuando el Seprona detectó cambios en las propiedades organolépticas del río Azuer e iniciaron una investigación que concluyó con un atestado en el que se determinó que dos cooperativas, coincidiendo con la época de vendimia, habían vertido residuos sin tratar al alcantarillado municipal. Y todo ello, añade, sin que los alcaldes del PP de los dos municipios afectados, ni sus concejales de Medio Ambiente, pidieran informes a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para autorizar vertidos ni tampoco le exigieron a las empresas de las que provenían que los trataran previamente.
“Ruptura del ecosistema”
No solo considera el fiscal que los responsables municipales del PP no cumplieron con sus funciones, sino que además destaca que esta permisividad con los vertidos al río Azuer es especialmente grave puesto que va al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. “Los vertidos objeto del presente procedimiento contribuyeron a la actual situación de ruptura del ecosistema acuático del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, imposibilitando el normal funcionamiento de sus procesos ecológicos y de su biocenosis”.
De hecho, considera que se causaron daños por más de 71.000 euros en la calidad de las aguas del dominio hidráulico por lo que pide que se condene a estos cuatro acusados, así como a los responsables de las dos cooperativas a los que también se acusa, que abonen esa cantidad a la Junta de Comunidades. Por este presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, la Fiscalía solicita también que se condene a los cuatro cargos del PP a su inhabilitación para ejercer el cargo de alcalde o cualquier otro público relacionado con el medio ambiente.
Mediante un comunicado tras hacerse público el escrito de la Fiscalía, el alcalde ha confiado en poder demostrar su “inocencia” y ha afirmado que quien causó el vertido fue una de las cooperativas y sus responsables, “que lo podrían haber evitado”. Apunta que desde el Ayuntamiento se habría advertido tanto verbalmente como por escrito a dicha cooperativa para que adoptara las medidas requeridas por Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) sin llegar a frenar la actividad de la campaña para evitar un perjuicio para los socios y la propia cooperativa.
El alcalde afirma que hubo avisos
El alcalde ha declarado que “se adoptaron todas aquellas medidas” que, dentro de sus posibilidades, podrían impedir que, una vez que se tuvo conocimiento del alcance de esos vertidos, estos pudieran continuar. Así, con fecha 10 de octubre de 2014 se acordó la prohibición de vertidos a la red general de alcantarillado a la Cooperativa. El regidor ha añadido que, a pesar de haber alertado de la necesidad de controlar los vertidos, sus peticiones fueron “ignoradas” y ha defendido que cuando se tuvo conocimiento de la importancia de esos vertidos, estos ya se habían producido y se reaccionó acordando la prohibición de vertidos a la red.
Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha manifestado que su posicionamiento es remitirse al cumplimiento de la ley y llaman a la cautela por ser un procedimiento judicial en fase de instrucción. En este sentido, ha querido manifestar “firme y públicamente” que los socialistas “han estado, están y estarán siempre al lado de los socios y trabajadores de la cooperativa porque es fundamental en el tejido socioeconómico de nuestro pueblo”.
Los dirigentes municipales del PSOE aseguran que las acusaciones a las que se enfrenta el alcalde son “gravísimas” e inciden especialmente en las competencias que la legislación otorga a las corporaciones locales en materia de vertidos y aguas residuales. Por ello añaden que “no es de recibo que el Ayuntamiento de Membrilla sea noticia por estar inmerso continuamente en procedimientos legales y judiciales, frente a entidades, personas e instituciones”.
