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Reclaman no iniciar actividad en el aeropuerto de Ciudad Real si no cumple los condicionantes ambientales

Aeropuerto de Ciudad Real

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Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF han exigido que no se inicien las actividades en el aeropuerto de Ciudad Real “mientras no se cumpla con los condicionados ambientales”.

Recuerdan para justificar su petición que el aeropuerto de Ciudad Real se construyó afectando a una Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) y un área de gran valor (IBA) para la avifauna agroesteparia, protegida por la Directiva de Hábitats, la Ley estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la Directiva de Aves.

“Consideramos que la infraestructura no puede tener el permiso de apertura si no demuestra el cumplimiento de todas las medidas ambientales aprobadas en las dos Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) que deben estar en marcha antes de la puesta en funcionamiento del aeropuerto”.

WWF explica que después de varios años de inactividad, en las últimas semanas se han convocado varias reuniones de los órganos creados para el seguimiento de las medidas y condicionamientos ambientales que imponían las dos Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) y que permitieron desbloquear la construcción del aeropuerto hace más de diez años.

La intención de los nuevos propietarios es comenzar las operaciones aéreas en el mes de septiembre, pero los representantes de los grupos ecologistas creen que la infraestructura “no puede tener el permiso de apertura si no demuestra el cumplimiento de todas las medidas ambientales” aprobadas en las dos DIAs que deben estar en marcha antes de la puesta en funcionamiento del aeropuerto. Y recuerdan que “ya hubo un precedente en el mes de octubre de 2008 cuando el Ministerio de Fomento aplazó la apertura en aquel entonces del aeropuerto por los mismos motivos”.

¿Qué medidas debe cumplir la infraestructura?

Según la organización ecologista, las medidas establecidas en las DIA's son, entre otras, la compensación a los núcleos de población directamente afectados por el funcionamiento del aeropuerto; un programa agroambiental a implementar para mejorar el hábitat y aumentar la capacidad de carga de la ZEPA y su entorno; un programa de prevención de langostas o un programa de vigilancia de la avifauna y su evolución en la ZEPA.

Sin embargo, según la información aportada y presentada durante las reuniones del Observatorio y la Comisión de Seguimiento Ambiental celebradas recientemente, muchas de estas medidas no se han puesto en marcha aún, alerta la organización, y en particular las que las propias DIA's establecían como obligatorias antes de la entrada en funcionamiento del aeropuerto.

En este sentido, abundan, “no se ha instalado la pantalla acústica, no está operativo aún el programa agroambiental, ni se ha firmado aún el protocolo de garantía, que además se presenta con un periodo de vigencia de sólo dos años, totalmente insuficiente para garantizar la ejecución a medio plazo de las medidas más relevantes”.

Especialmente, añaden, se echa en falta un informe sobre la eficiencia de las medidas agroambientales desarrolladas desde 2004 -2006, con sus conclusiones científicas. E igualmente “no se ha presentado un informe claro” de las posibilidades de impacto con avifauna en la zona de posibles colisiones, ni un estudio actualizado de la biodiversidad que pueda servir de base para evaluar el impacto una vez puesto en marcha el aeropuerto y las distintas medidas.

“Consideramos que el Ministerio de Fomento está abocado a no autorizar la apertura del aeropuerto de Ciudad Real en el mes de septiembre hasta que no se certifique la ejecución por parte del nuevo promotor de los condicionados ambientales que exige la DIA, especialmente los que tienen que ejecutarse antes de la apertura del aeropuerto”.

De autorizarse la puesta en funcionamiento de manera que califican de “precipitada” sostienen que se estaría incumpliendo lo establecido en la DIA y, por tanto, contraviniendo la normativa en materia de evaluación de impacto ambiental, y lo establecido tanto en la Directiva de Hábitats, como en la Ley estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

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