Abren juicio oral al exjefe del PP de una empresa pública que ocultó su patrimonio en plena investigación del 'caso Taula'

En plena investigación del 'caso Taula', la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó que Máximo Caturla, exconsejero delegado de la empresa pública Ciegsa (dedicada a la construcción de centros educativos) intentó ocultar su patrimonio a través de una empresa familiar de venta de tomates.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Caturla por un supuesto delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes. En el banquillo de los acusados acompañarán al expolítico del PP sus dos hijos y su mujer. También figura como responsable civil la empresa familiar Estilo Kiki SL, además de los cuatro acusados.

Se trata de una pieza separada que afecta íntegramente a Máximo Caturla, su esposa y sus dos hijos. El juez instructor mantiene embargados los bienes de la empresa familiar. Caturla, según manuscritos hallados por la UCO en el registro de su vivienda, sabía que estaba siendo investigado (antes de su detención del 16 de enero del 2016) y se deshizo de gran parte de sus bienes para para “evitar posibles medidas en contra de su patrimonio”.

Máximo Caturla es uno de los acusados en el juicio por la pieza separada B del 'caso Taula', que se celebra hasta el próximo mes de marzo, por la supuesta contratación de trabajadores zombis en Ciegsa que, en realidad, se dedicaban a tareas vinculadas al PP. Uno de los acusados, que alcanzó un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, declaró que fue contratado en la empresa pública a pesar de que trabajaba “en la sede del PP en Valencia”.

El supuesto proceso de “despatrimonialización” pilotado por Caturla incluyó la venta de una vivienda en Dénia, una nave industrial y seis de sus 18 vehículos. Su Jaguar de coleccionista lo vendió por apenas 10.900 euros. Además, seis meses antes de ser detenido, el expolítico del PP abonó 48.400 euros al despacho P&A-World Wide Abogados y Economistas, cuyo letrado Emilio Gordillo ha representado a Caturla en el 'caso Taula'.

El también exsecretario autonómico de Educación cambió también de número de teléfono móvil, lo que “la práctica policial evidencia como una de las acciones desarrolladas habitualmente por aquellas personas que se consideran objetivos de una intervención de sus comunicaciones”, según apuntan los investigadores.

En una resolución anterior, el juez instructor reseñaba las operaciones de Caturla durante casi un año (entre octubre del 2014, poco después de que Anticorrupción iniciara sus pesquisas, y noviembre del 2015) para “evitar, aminorar o dificultar” el embargo de sus bienes al saber que podía estar siendo investigado penalmente.

Máximo Caturla compró una nave industrial a la sociedad familiar, de la cual había donado previamente sus participaciones a sus hijos, mediante un préstamo de 193.000 euros. También suscribió otro préstamo de 300.000 euros sobre la finca La Corona, de su exclusiva propiedad y libre de cargas. 

El expolítico popular vendió una vivienda en Dénia por 307.700 euros, un importe con el que canceló la hipoteca que arrastraba el inmueble. Junto con su hermano, vendió dos naves por un total de 240.000 euros, con los que canceló la hipoteca y efectuó otros pagos. Caturla ingresó 73.888 euros, de los cuales transfirió 45.000 a una cuenta de la empresa Estilo Kiki SL. Tras su baja laboral del Banco Santander, recibió casi 70.000 euros de indemnización, de los cuales transfirió 20.000 a la firma familiar en concepto de préstamo.

El instructor también destacaba que Caturla transfirió, al margen de la donación de las participaciones, 559.000 euros en metálico a la sociedad familiar. “Todas las operaciones parecen obedecer a una disminución del patrimonio personal mediante hipotecas (finca La Corona), o disposiciones (casos de la venta del piso de Dénia y naves), determinantes de la conversión patrimonial en dinero cuyo destino, en su mayor parte, viene a integrarse, con independencia del título o concepto que formalmente se le atribuya, a la sociedad familiar, generando activos, al tiempo que Máximo Caturla se va desprendiendo lucrativamente a favor de sus hijos de su participación social en la empresa”, sostiene el juez.