La Agencia Antifraude protege a 19 personas denunciantes de corrupción
La Agencia Antifraude tiene bajo su protección a 19 denunciantes de irregularidades en la Administración Pública Valenciana y está tramitando algunas solicitudes más. La mayoría de estas personas son funcionarios y sus denuncias están vinculadas a la incorrecta gestión de procesos de selección de personal por los organismos públicos.
El director del organismo, Joan Llinares, ha comparecido este martes en la comisión de Economía de las Corts Valencianes para presentar la memoria de la agencia y su balance de 2018. Llinares ha recordado que la labor del organismo se basa en tres pilares: la prevención contra el fraude, que incluye formación al personal, el análisis de los casos y la acción jurídica.
Actualmente, la Agencia trabaja con cerca de 300 expedientes, de los que 37 llegaron en 2017. En 2018 llegaron a la agencia más de 180 denuncias y el centenar restante se han ido produciendo a lo largo de 2019, año que queda fuera de esta memoria de actividad. Según ha explicado el director del organismo, el 34% de las denuncias tramitadas en 2018 tienen que ver con procesos de selección de personal.La agencia ha recibido 61 denuncias en esta materia y gran parte de ellas referentes al ámbito de la Policía Local.
El director del ente se muestra especialmente preocupado por las denuncias referidas a estos cuerpos de seguridad que dependen de la administración municipal, entre las que ha citado el abuso de algunos ayuntamientos en las tasas para realizar los exámenes, que en algunos casos documentados ascienden de 12 a 150 euros, lo que supone “una discriminación económica”.
El siguiente ámbito en el que más denuncias recibe la Agencia es el de la contratación pública, donde Llinares advierte de “un abuso del sistema de contratos menores”. El director del ente explica que en la mayoría de casos los ayuntamientos se excusan en la falta de personal, consecuencia de las leyes de racionalización de la Administración Pública, pero que han observado casos en los que “se fraccionan contratos para evitar el concurso público”.
El director de la Agencia aprovecha sus comparecencias en público para poner en valor la legislación autonómica contra la corrupción. En esta ocasión, Llinares ha recordado que en octubre entrará en vigor una disposición europea que obligará a los Estados miembros a desarrollar una norma similar.
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