Antifraude cuestiona la contratación de la esposa del alcalde del PP de un pueblo de 60 habitantes en un centro casi sin uso

La Agencia Valenciana Antifraude recibió un aviso sobre la contratación de la esposa del exalcalde de Villanueva de Viver, una pequeña población castellonense de apenas 60 habitantes, en los servicios de limpieza del Centro de Desarrollo Rural (CDR) de la localidad, sin prácticamente uso. “Su trabajo es nulo e innecesario porque no hay actividad en el local”, reza la denuncia.

El CDR de Villanueva de Viver, sin embargo, no está formalmente adscrito a ninguna área o servicio ni tiene una relación de puestos de trabajo. El centro mantiene un escaso uso en los últimos años: presta un servicio de asesoramiento de truficultura cada dos semanas y ha llevado a cabo cuatro acciones de formación de un día de duración en los últimos cinco años. 

A pesar de la escasa actividad, el centro está limpio como una patena. Entre 2016 y 2020, ha mantenido un servicio de limpieza de seis horas diarias de lunes a viernes. Desde el 1 de octubre del 2020, tras iniciar la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) sus averiguaciones, la Diputación redujo drásticamente el horario a dos días al mes durante dos horas.

Así, la “ausencia de responsable del centro que coordinara las actividades realizadas (...) a juicio de esta agencia, ha contribuido a la falta de la diligencia debida con respecto a esta prestación de servicios de limpieza, innecesaria con relación a la utilización del centro”, reprocha la AVA.

En sus alegaciones, la Diputación de Castellón, gobernada por PSPV-PSOE y Compromís desde 2019, se desvincula de la “preparación y adjudicación” de los contratos administrativos de la limpieza y asegura que, cuando conoció la investigación de Antifraude, procedió inmediatamente a modificar el contrato. La Diputación de Castellón entiende que, al no existir un responsable del CDR, “no se había comunicado anteriormente a esta Corporación su baja actividad o utilización”. 

La AVA solicita, por su parte, que la institución provincial nombre un responsable que se asegure de que la prestación del servicio de limpieza de los abundantes centros dependientes de la Diputación “guarde relación” con las necesidades reales en función de su actividad. La agencia que dirige Joan Llinares lamenta que esa decisión se debió “adoptar con anterioridad, adecuando los niveles exigibles de limpieza a la utilización real del local”. “Esto no fue posible porque carecía de sistemas de vigilancia y control del centro y de la ejecución del contrato”, afirma Antifraude. 

Así, el organismo ha desestimado las alegaciones de la Diputación de Castellón y ha finalizado la tramitación del expediente de investigación. La AVA insta a la institución provincial a elaborar un plan de implementación en el que procesa a revisar los servicios de limpieza de las dependencias que tiene adscritas. De esta manera, la Diputación deberá tramitar las modificaciones contractuales necesarias y para futuras licitaciones.