Bloqueo total de las Zonas de Bajas Emisiones: ninguno de los 15 municipios valencianos cumple la ley que les obliga desde 2023

Ningún municipio de la Comunitat Valenciana con más de 50.000 habitantes tiene todavía en funcionamiento una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a pesar de que la implantación era obligatoria desde el 1 de enero de 2023. Así lo revela el informe publicado este miércoles por la Sindicatura de Comptes, que fiscaliza el grado de cumplimiento y el impacto real de estas medidas destinadas a reducir la contaminación urbana.

El organismo de control concluye que, a fecha de 31 de marzo de 2025 —límite del periodo analizado—, ninguna de las quince ciudades obligadas había puesto en marcha su ZBE, y dos de ellas, Orihuela (gobernada por el PP) y Paterna (por el PSPV), ni siquiera habían iniciado los trámites para ello. El documento también detalla que los proyectos aprobados hasta ahora presentan “debilidades” que comprometen su eficacia.

Según la fiscalización, cuatro municipios (entre ellos Alicante) han aprobado tanto la ordenanza reguladora como el proyecto técnico, mientras que otros cuatro solo cuentan con el proyecto redactado. El resto sigue en fases preliminares o no ha iniciado el proceso. En el extremo opuesto se encuentran las mencionadas Orihuela y Paterna, que no habían dado ningún paso administrativo para implantar la zona de bajas emisiones.

Aunque algunas ciudades han avanzado desde marzo hasta hoy, el retraso acumulado ha impedido que las ZBE hayan generado un efecto real sobre la movilidad o la calidad del aire. El informe subraya que estos retrasos hacen imposible evaluar la eficacia de una política que debía estar plenamente operativa desde hace casi tres años.

Inversiones sin impacto ambiental medible

La Sindicatura calcula que los siete municipios que obtuvieron financiación estatal destinaron más de 19 millones de euros a la implantación de ZBE, además de otros 100,5 millones en actuaciones complementarias. Pese a ello, la falta de puesta en marcha ha hecho que esta inversión no haya tenido repercusión efectiva en la reducción de contaminantes ni de emisiones de gases de efecto invernadero.

También señala que los 26,2 millones de euros previstos de inversión en los ocho municipios con proyecto no han tenido ninguna repercusión en los objetivos de reducción del nivel de contaminación del aire ni en la reducción de las emisiones de efecto invernadero, puesto que las ZBE no han entrado en funcionamiento.

Los costes medios estimados para diseñar y ejecutar las zonas rondan los 0,59 euros por metro cuadrado, aunque la auditoría detecta importantes diferencias entre municipios. En el caso de Elda, por ejemplo, el sistema de control proyectado se considera “antieconómico”, con un coste de 7,33 €/m².

El informe destaca que ningún municipio superó en 2024 los límites legales de contaminación atmosférica establecidos por la normativa estatal. Sin embargo, advierte de que las ZBE siguen siendo necesarias para garantizar el cumplimiento futuro, la mejora del espacio urbano y el fomento de la movilidad sostenible.

En ciudades como València se han previsto hasta 58 indicadores específicos para evaluar el cambio modal, el uso de vehículos eléctricos, la distribución urbana de mercancías o la seguridad vial. En la mayoría de municipios, sin embargo, los sistemas de seguimiento se limitan a los 16 indicadores básicos recomendados por el Ministerio.

Entre los casos más llamativos, la Sindicatura señala Elche, donde gobiernan PP y Vox, ciudad a la que reprocha una “escasa voluntad de implementación efectiva de la ZBE”, señalando que “prevé libre acceso y circulación de los vehículos sin distintivo ambiental hasta el 31 de diciembre de 2049”.

El tamaño de las ZBE proyectadas varía enormemente. En València y Alcoi, las zonas abarcan más del 50 % y del 34 % del municipio, respectivamente. En otros casos, las áreas son mucho más reducidas y su impacto potencial es menor.

Recomendaciones: acelerar ordenanzas y mejorar la monitorización

En su informe, la Sindicatura insta a los ayuntamientos a aprobar de forma urgente las ordenanzas pendientes; también les pide que implanten sistemas eficaces de control de accesos, señalización y seguimiento de emisiones; por otro lado, les reclama garantizar transparencia y evaluación continua para medir el efecto real de las medidas. Finalmente, también recomienda ajustar los proyectos técnicos para evitar sobrecostes y asegurar su coherencia con los objetivos climáticos.

El organismo fiscalizador concluye que, por el momento, la implantación de las ZBE —clave en la ley estatal contra el cambio climático— no ha generado beneficios ambientales en la Comunitat Valenciana debido al retraso generalizado. Y advierte de que, si no se completan los proyectos y se activan las zonas, las ciudades no podrán avanzar hacia un modelo de movilidad más saludable, seguro y sostenible.