Canal 9 liquidado: fin a una época de corrupción, telebasura y abusos sexuales
El Gobierno valenciano aprobará antes de que finalice este mes la liquidación del ente público Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y previsiblemente también la de Radiotelevisión Valenciana SAU, las sociedades públicas que alumbraron y dieron forma a la histórica Canal 9, la primera televisión autonómica de los valencianos que acabo de manera abrupta en 2013 con un funesto historial de manipulación, corrupción, telebasura y hasta un flagrante caso de abusos sexuales del que fuera tótem del ente y del PP Vicente Sanz.
Tras años de trabajo de los liquidadores y después de que la Generalitat haya asumido los activos y los pasivos, en concreto una deuda de 1.270 millones de euros, el Consell aprobará previsiblemente en el pleno de la semana que viene la liquidación del ente y también de la sociedad mercantil. Faltan unos informes del Gobierno valenciano para poder cesar a los liquidadores y en el caso del ente extinguirlo y, en el caso de la SAU, iniciar el proceso de 30 días para reclamaciones de los acreedores.
Pero lo asumirá todo la Generalitat. Sobre la mesa le quedan a la administración valenciana todavía pendientes alrededor de 350 pleitos planteados por extrabajadores y exdirectivos que reclaman más indemnización de la recibida cuando fueron despedidos en el ERE de extinción avalado por el Tribunal Supremo.
La Generalitat se ha hecho cargo también de la gestión del emblemático edificio de Burjassot que tiene arrendado a la nueva televisión autonómica À Punt y a la delegación de Radio Televisión Española (RTVE).
En el agujero de 1.270 millones de euros hay que incluir los numerosos escándalos de corrupción y despilfarro que salpicaron a Canal 9. La propia trama Gürtel se llevó una tajada de más de siete millones de euros por montar las pantallas gigantes que retransmitieron la visita del Papa a Valencia. La causa está pendiente de juicio.
La televisión pública toleró todo tipo de abusos de sus directivos con sueldos millonarios, pago a productoras por encima de precio de mercado o directamente por documentales que no se emitieron y hasta compra de “periodistas de Madrid” para que hablaran bien en la capital del Reino del expresidente de la Generalitat Francisco Camps para lanzar su carrera política.
La televisión y radio públicas sirvieron de aparato de propaganda de los sucesivos gobiernos y protagonizaron funestos episodios de manipulación, un de los más flagrantes el tratamiento informativo del accidente del metro de Valencia, donde fallecieron 43 personas. Tres días después de la tragedia, Canal 9 silenció durante casi veinte días el suceso al no publicar ni una sola información, según concluyó el informe de la Unió de Periodistes Valencians entregado a la comisión de investigación de las Corts.
Otro de los casos que hundieron la credibilidad de la ya extinta televisión fue el caso de abusos sexuales del que fuera director general del ente, Vicente Sanz. Fue condenado aunque eludió la cárcel al llegar a un acuerdo. Sanz fue el ejemplo de la utilización partidista de un ente público, que también se convirtió en una máquina de enchufar personas afines al PP. La televisión cerró con una plantilla que superaba los 1.600 empleados.
En el proceso de liquidación, la Generalitat ha podido recuperar unos 40 millones de euros. Primero por el acuerdo con Mediapro y posteriormente después de haber ganado a la Agencia Tributaria dos pleitos. Las empresas ya camino de la extinción también pudieron mitigar una indemnización al Villarreal Club de Fútbol que pasó de cinco a dos millones.
Con la liquidación de las dos sociedades que alumbraron Canal 9 acaba una etapa funesta que también tuvo algunas luces. Ahora, À Punt ya tiene vía libre para hacer historia sin caer en los errores del pasado.
