El alcalde de l'Alqueria d'Asnar en la trinchera: bloquea una moción de censura que lo echaría del cargo

El alcalde de l'Alqueria d'Asnar, César Palmer, se atrinchera en solitario en un gobierno desguazado luchando contra una moción de censura que presenta la mayoría de la oposición. La situación política del municipio del Comtat ha alcanzado un punto de parálisis total tras la última decisión de su alcalde que ha emitido un decreto unilateral para archivar la moción de censura presentada por la mayoría absoluta del pleno. Esta maniobra, realizada sin el respaldo de informes de un fedatario público, incluye además una advertencia que pretende impedir que los firmantes -los tres concejales del PSPV y la concejala no adscrita- puedan presentar cualquier otra iniciativa de relevo en el futuro, lo que de facto blindaría su permanencia en el cargo pese a no contar con el apoyo de ninguno de los otros seis concejales de la corporación.

El origen de esta crisis se remonta al convulso periplo que llevó a Palmer y a su antigua compañera de filas, Saray González, a abandonar Compromís. La formación valencianista abrió un expediente de expulsión a ambos tras las elecciones al negarse estos a seguir la directriz de pactar con el PSPV, optando en su lugar por un acuerdo con el PP que puso fin a 44 años de hegemonía socialista en el municipio. Sin embargo, esa alianza también saltó por los aires. El pasado mes de noviembre, los concejales del PP del equipo de gobierno abandonaron el ejecutivo tras denunciar irregularidades en la gestión del dinero público, dejando a Palmer como único integrante de un gobierno completamente desmontado. La última en sumarse a la oposición fue precisamente Saray González, quien ahora es la candidata a la Alcaldía propuesta en la moción de censura que Palmer intenta bloquear, partiéndose lo que queda del mandato con el socialista Andreu Ripoll.

La gestión administrativa de este conflicto roza lo insólito. El Ayuntamiento carece de secretario-interventor de carrera desde febrero , cuando el alcalde cesó al anterior funcionario que venía desempeñando las funciones en régimen de acumulación. Ante las vacantes y las sucesivas renuncias de los secretarios propuestos de forma provisional por la Diputación de Alicante, el alcalde ha recurrido a personal laboral del área de Servicios -concretamente un peón de limpieza- para ejercer funciones de secretaría accidental, unas funciones que se limitan a gestiones mínimas como la firma de las nóminas del personal municipal y poco más.

Los tres concejales del PSPV y la edil no adscrita dieron a Palmer el pasado miércoles un plazo de 48 horas para que se validara la moción y se convocara el pleno, advirtiendo del recurso a la vía judicial. Ante la falta de reacción los promotores de la moción han explicado que han presentado un recurso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo por la vía de protección de derechos fundamentales y han pedido medidas cautelares para que se celebre el pleno de la moción de censura; y también han informado que han puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación e impedimento de derechos cívicos.

Los argumentos del conflicto: entre la legalidad y la obstrucción

El alcalde César Palmer fundamenta el archivo de la moción en una interpretación restrictiva de la Ley de Bases del Régimen Local y la LOREG. Su argumento principal es que la candidata, Saray González, al ser concejala no adscrita tras abandonar su grupo original, tiene prohibido por ley optar a cargos que no ostentara antes de dicho abandono. Palmer sostiene que permitir su elección vulneraría el precepto que impide que los tránsfugas mejoren sus derechos políticos o económicos. Además, el primer edil esgrime que, al haber formado parte González del grupo del propio alcalde, la mayoría necesaria para la moción debería incrementarse proporcionalmente, citando una sentencia del Tribunal Constitucional de 2025 para afirmar que la anulación de estas “mayorías reforzadas” no tendrá efectos reales hasta las próximas elecciones municipales.

Por el contrario, los cuatro concejales de la oposición rechazan frontalmente estas tesis y califican el decreto de Alcaldía como una maniobra de “obstrucción” que excede sus competencias legales. Argumentan que la moción de censura es un procedimiento automático y obligatorio cuya tramitación corresponde al secretario municipal, no al alcalde, quien tiene prohibido por ley interferir en el proceso. Respecto a la candidata, los ediles sostienen que la jurisprudencia constitucional más reciente garantiza el derecho de los concejales no adscritos a participar en mociones de censura sin las restricciones que Palmer pretende aplicar. Refuerzan su posición con una comunicación de la Junta Electoral Central que advierte que la convocatoria del pleno es una obligación que no puede denegarse mediante “valoraciones genéricas”, instando a la celebración inmediata del debate para respetar el derecho fundamental de participación política.

“Queda un año y cuatro plenos”

Ante esta situación el alcalde César Palmer ha augurado poco recorrido a la moción de censura: “conforme destá planteada la moción no tiene futuro, no puede prosperar”. Y sobre el hecho de la dificultad de estar el alcalde solo frente a seis concejales de la oposición ha resumido que “queda un año y cuatro plenos en el mandato”.

No obstante Palmer ha señalado que “tengo el mismo trabajo que hasta hace dos años”, así ha señalado la poca dedicación de la que fue su antigua compañera Saray González, y en cambio ha destacado que mantiene buena relación con los dos concejales del PP. Con todo concluye que “la gestión del día a día, de lo que no depende de la política, se llevará adelante, los concejales de la oposición no se pueden negar a aprobar cosas como el proyecto para construir un nuevo aparcamiento en el pueblo como vamos a presentar en próximo pleno, no habrá ningún bloqueo sistemático de la gestión municipal”.