La Generalitat salva las casas de 21 familias que iban a ser desahuciadas en la Pobla de Vallbona por un fondo de inversión
Las 21 familias de la Pobla de Vallbona que habían visto peligrar sus viviendas por parte de un fondo de inversión que les podía desahuciar ya pueden descansar tranquilos tras la intervención de la Generalitat. El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha expresado su “satisfacción y a la vez tranquilidad” por haber alcanzado una solución ya que su departamento ha comprado las casas.
Martínez Dalmau ha realizado una visita en la que ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Josep Vicent García, por el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez, y por la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris.
El vicepresidente ha manifestado que, tal como adelantó el día que se reunió con las familias junto con el alcalde hace dos meses, “dijimos que vendríamos con una solución sobre la mesa y así lo hemos hecho”. Dada la premura de las circunstancias se ha optado por la compra por vía de emergencia. “Estamos hablando de más de 90 personas que ahora estarían en vísperas de quedarse en la calle si no hubiésemos actuado con decisión y celeridad”.
Martínez Dalmau ha explicado que, a finales de noviembre, cuando se tuvo conocimiento que más de 30 familias iban a ser desahuciadas el 8 de diciembre de 2020, los equipos jurídicos de la Conselleria y del Ayuntamiento “consiguieron en un tiempo récord, mediante escritos dirigidos al juzgado, aplazar los desahucios al 8 de febrero de 2021”.
“Este tiempo ganado nos ha permitido resolver algunas situaciones familiares y evaluar las familias restantes para lograr mantenerlas en sus casas y, en la actualidad, son 21 las familias con necesidad de ser atendidas y así lo estamos haciendo”. “Un tiempo en el que hemos negociado con Divarian para comprar las casas, a falta de completar el correspondiente procedimiento administrativo”, ha recalcado.
El acuerdo alcanzado con Divarian prevé la adquisición de 28 viviendas en los edificios donde residen las familias que iban a ser desahuciadas, en las calles Sant Sebastià 108 y Argila 99, lo que permite resolver la totalidad de los casos y, además, atender otras necesidades estructurales de vivienda en el municipio. Junto a ellas, la Conselleria también ha adquirido en el municipio otra vivienda al BBVA. La inversión total para adquirir estas 29 viviendas es de unos 1,7 millones de euros.
En total, son 32 nuevas viviendas las que pasan a formar parte del parque público de la Generalitat en la Pobla de Vallbona, las 28 compradas a Divarian, la de BBV y otras tres que fueron compradas a la Sareb a finales de 2020.
El vicepresidente ha felicitado al Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona y a la sociedad civil, liderada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) por todo el trabajo realizado. En este sentido, ha destacado que la colaboración entre Ayuntamiento y Conselleria “permitirá la firma en breve de un convenio de para que el Consistorio pueda evaluar qué familias acceden al alquiler social y cuántas se destinan a emergencias”.
Además, también está previsto la firma del convenio de tanteo y retracto que permitirá al municipio adquirir casas cuando vayan a ser adquiridas por un fondo de inversión. Todo ello, hace de La Pobla “un faro de cómo deben ser las políticas de viviendas” en la Comunitat, ha indicado el vicepresidente.
Las partes implicadas, la Conselleria y la empresa Divarian, han dirigido un escrito al juzgado de Llíria para solicitar la suspensión temporal de las acciones enmarcadas en el proceso judicial por 90 días, de forma que dé tiempo a materializar el acuerdo. Después, se pedirá la suspensión definitiva del procedimiento.
Suspendido el desalojo
La aplicación de los mecanismos que prevé la legislación hizo posible que finalmente el pasado 8 de diciembre se suspendiera el desalojo de estas viviendas. Cómo también se ha suspendido el que estaba prevista para el día de hoy.
Los informes de vulnerabilidad de los servicios sociales municipales demostraron que gran parte de estas familias no disponen de otra alternativa residencial. De esta manera, se abría un breve periodo de tiempo para buscar soluciones con la intención de que las familias afectadas permanecieran en sus casas.
De inmediato, la Secretaría Autonómica de Vivienda y Función Social, a través de la Dirección General de Emergencia Habitacional, con César Jiménez y Pura Peris, respectivamente, a la cabeza, iniciaron la negociación con el fondo de inversión propietario de las viviendas.
En la reunión mantenida con el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona el pasado 9 de diciembre se acordó la creación de una comisión mixta de seguimiento formada por representantes de la Conselleria, el Consistorio, la PAH y los propios vecinos y vecinas.
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