El Ministerio inicia las obras de modernización en la comunidad de riegos que beneficia a 18.200 usuarios de Elche y Crevillent

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado las obras para dotar de energía solar fotovoltaica a la comunidad general de regantes Riegos del Levante Margen Izquierda del Segura, en Alicante, con una inversión de 2.392.800 euros (IVA no incluido) financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El proyecto afecta a 23.000 hectáreas y beneficia a unos 18.200 usuarios en los municipios de Elche y Crevillent. Los campos fotovoltaicos estarán localizados en tres ubicaciones distintas: la estación de filtrado La Peña, en la subestación Crevillente Tercera Elevación y en la subestación Crevillente Cuarta Elevación.

Cada instalación se montará sobre flotadores independientes dispuestos sobre la superficie de la balsa y los dos depósitos existentes en ambas subestaciones.

Las nuevas plantas permitirán ahorrar costes a los regantes y reducirán las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Esta mejora energética forma parte de una actuación de modernización mucho más amplia, que cuenta con un presupuesto total de 37.625.230 euros (IVA no incluido) y en la que también se incluyen la construcción de una planta regeneradora de agua de riego y la implantación de tecnologías de la información y comunicación.

La modernización afectará así a varias líneas de actuación: mejora de la calidad del agua, incorporación de energías renovables, reutilización de aguas depuradas e implantación de nuevas tecnologías con el telecontrol.

Todo ello permitirá aumentar la eficiencia hídrica, ya que se utilizarán aguas regeneradas para el riego, y la energética, con la incorporación de la planta fotovoltaica. Además mejorará la gestión del riego a través de sistemas de telecontrol y telemando que permitan la digitalización y el control telemático agua.

Estas actuaciones están cofinanciadas por fondos Next Generation de la Unión Europea, y su carácter público-privado supone que la aportación pública será de un máximo del 80% del coste de los gastos elegibles, mientras que la comunidad de regantes aportará el resto.