El PSPV de Paterna amenaza con la expulsión del gobierno a Compromís si da la licencia para el centro de menores
El equipo de Gobierno de Paterna, encabezado por el socialista Juan Antonio Sagredo, ha advertido que retirará las competencias y expulsará del ejecutivo al concejal de Urbanismo Carles Martí, de Compromís, si concede licencias asistenciales (centro de menores o de discapacitados) después de que el pleno del consistorio haya acordado dejarlas en suspenso temporalmente.
La advertencia se ha producido después de que el concejal de Urbanismo anunciara su disposición a desobedecer el acuerdo aprobado por el pleno celebrado la pasada noche en el que PSPV, PP, Ciudadanos y los dos concejales no adscritos aprobaran suspender temporalmente la concesión de licencias. Esta medida se toma específicamente contra la posible instalación de un centro de menores y por la instalación de un centro de discapacitados psíquicos y drogodependiente en el barrio de Alborgí.
De este modo el pleno ha aprobado, junto con la suspensión de las licencias, elaborar seguidamente un estudio sobre las actividades de este tipo que contempla el Plan General de Ordenación Urbana, y que tras ello los vecinos decidan que es lo que quieren y lo que no quieren en cada uno de sus barrios. Con esta decisión de dejar en manos de los vecinos la decisión el gobierno municipal se lava las manos ante las protestas por la instalación del centro de acogida de menores prevista por la conselleria.
Desde el equipo de gobierno se afirma que si Carles Martí concede las licencias, pese a no poder hacerlo, incurrirá en prevaricación, por lo que sería expulsado del equipo de Gobierno local. Por otro lado instan a Martí a que “si realmente mira por los intereses de Paterna, impulsará los otros dos acuerdos aprobados en la moción, es decir, realizar un estudio urbanístico y articular un proceso de participación, que en menos de tres meses, podría estar solucionado”.
Críticas de Compromís
Desde la coalición compromís se calificó la sesión como el “pleno de la vergüenza” al entender que lo que se aprobaba iba “contra el derecho de los niños. Por su parte el concejal de Urbanismo, Carles Martí, avanzaba que tiene intención de recurrir el acuerdo plenario ante la Delegación del Gobierno.
Sus argumentos son que la suspensión de licencias “no tiene ningún fundamento jurídico ni técnico, tan sólo es una voluntad política totalmente contraria a los Acuerdos del Batà (acuerdo del pacto de gobierno)”. Así señala que el procedimiento lógico es: “primero se aprueba realizar una revisión y luego se suspenden las licencias, y en este caso se ha hecho al contrario y sin justificación”.
