Los pueblos valencianos en riesgo de despoblación han perdido un 45% de explotaciones y 47.000 hectáreas de cultivo en 20 años

En los últimos 20 años, las 172 poblaciones catalogadas como en riesgo de despoblación en la Comunitat Valenciana, han perdido unas 12.300 explotaciones, lo que supone un 45% menos, y casi 47.000 hectáreas de cultivo -una extensión 10.000 hectáreas mayor que toda la comarca del Rincón de Ademuz-, un 22% menos. Así se advierte en el estudio elaborado por la Unió de Llauradors que ha comparado la variación a través de los censos agrarios oficiales comprendidos entre los años 1999 y 2020.

Del conjunto de los datos analizados por la Unió, se desprende que la población en esos 172 municipios con 78.862 habitantes solo representaba el 1,58% del conjunto de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, si se analiza el número de explotaciones agrarias, existen 15.038 en esas localidades, lo que supone el 15% del total, cifra que demuestra el peso de la agricultura y la ganadería en esas zonas.

Los pueblos en riesgo de despoblación representan el 31,8% de las 542 localidades de la Comunitat Valenciana, y por provincias están muy concentradas en Castellón. Esta provincia cuenta con 87 poblaciones en ese riesgo, que representan el 64,4% de toda la Comunitat Valenciana. La de Alicante con 29 municipios, el 20,6%. Y por su parte, la de València, con 56, supone el 21%.

En el análisis provincial Castellón ha perdido en los pueblos en riesgo de despoblación durante el periodo 2020-1999 un total de 4.594 explotaciones (un 41,2%) y 27.555 hectáreas (un 23,9%). En la provincia de València son 5.363 explotaciones menos (un 45,1%) y unas 14.832 hectáreas (un 18,1%). Por su parte la provincia de Alicante ha disminuido en 2.336 explotaciones (un 52,4%) y 4.559 hectáreas menos (un 26,9%).

Según el secretario general de la Unió, Carles Peris, “los datos demuestran que la falta de políticas o la ineficacia de estas ha provocado que la gran mayoría de las localidades en esta situación sigan perdiendo población y también uno de los motores para evitar su vacío como es la actividad agraria, puesto que el abandono de explotaciones y superficie sigue al alza.

En este sentido, la Unió propone que se establezca una intervención territorial para dar apoyo a los cultivos de secano tradicionales y de baja rentabilidad (olivar, frutos secos, viña y cereal), con el objetivo de mantener una actividad económica en zonas con riesgo de despoblación. Del mismo modo, la organización solicita incentivos fiscales “ambiciosos” (fiscalidad diferenciada) para los territorios con riesgo de despoblación que induzcan a particulares y empresas a permanecer en el territorio o a radicar ex novo su domicilio allí.

Por otro lado, propone que los ayuntamientos de municipios en riesgo de despoblación establezcan el mínimo tipo impositivo aplicable en el IBI para todas aquellas construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo de actividades económicas ganaderas y que estos ayuntamientos sean compensados en su reducción de ingresos por parte del Gobierno.

También aboga por conceder ayudas para el alquiler de viviendas para familias con hijos e hijas menores de 16 años que quieran residir en municipios con riesgo de despoblación. Otras propuestas de la Unió pasan por la exención general de las tasas de precios públicos para empresas y emprendedores en zonas con riesgo de despoblación, a través de una compensación a las administraciones locales que la aplican.

Carles Peris señala que el objetivo del estudio es alertar de que “hay que dar pasos más firmes, pues las actuales políticas no están sirviendo para evitar la pérdida de explotaciones y de superficie agrícola de una actividad que es clave para evitar la despoblación”.