El contrato por el que el PP privatizó el hospital de Torrevieja no prevé sanciones por deficiencias en el servicio

El 15 de octubre de 2021 el Gobierno valenciano recuperará para el sistema público de salud el hospital de Torrevieja después de que caduque la concesión 15 años después de la puesta en marcha del centro hospitalario, tal y como anunció recientemente la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

El 21 de marzo de 2003 la Conselleria de Sanidad dirigida por el PP de Zaplana suscribió un contrato con la UTE Torrevieja Salud para la gestión integral del departamento tras la puesta en marcha del Hospital de Torrevieja, que entró en funcionamiento el 16 de octubre de 2006.

Sin embargo, ni el contrato ni los pliegos de condiciones, publicados en la web de transparencia de la Generalitat Valenciana, establecen un procedimiento sancionador por el que la administracion pueda fiscalizar y en su caso sancionar a la empresa concesionaria en el caso de que no cumpla con los requisitos asistenciales marcados por la Conselleria de Sanidad.

Este hecho es la norma habitual en los contratos por los que el PP privatizó los departamentos de salud de Alzira, Denia, Manises, Elche y Torrevieja, si bien es cierto que en el caso de Alzira el Gobierno valenciano ya cumplió con su compromiso de recuperar la gestión pública una vez finalizó el contrato con Ribera Salud el 1 de abril de 2018.

Los pliegos sí que establecen mecanismos de control por parte de la administración, como son la comisión mixta, integrada por representantes de la Conselleria y de la empresa concesionaria, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y de las obligaciones de la compañía.

Además, se incluye la figura del comisionado, un cargo también designado por la Generalitat cuya función es fiscalizar y supervisar el buen funcionamiento del día a día de los diferentes servicios sanitarios.

Sin embargo, la inexistencia de un régimen sancionador que estipule lo que se considera como faltas leves, graves o muy graves y la cuantía de las penalizaciones limita la capacidad de maniobra de esta figura.

En otras autonomías donde existen hospitales privatizados, como es el caso de Madrid, existe una normativa en virtud del cual se pueden abrir expedientes sancionadores a sus concesiones, donde las multas más graves pueden llegar a los 600.000 euros.