Una de las firmas investigadas en relación con Alfredo Castelló colaboró con el PP de Isabel Bonig

Isabel Bonig, cuando era consellera de Obras Públicas, y Alfredo Castelló, cuando era alcalde de Sagunto.

Una empresa pagó parte de la campaña electoral municipal que Isabel Bonig, actual presidenta del PP valenciano, realizó en 2011 para ser reelegida alcaldesa de La Vall d'Uixó (Castellón). Se trata de una empresa de servicios que un año antes había logrado una contrata de alumbrado público del mismo Ayuntamiento. El entonces presidente local del partido, Vicent Aparici, negoció con un responsable de la adjudicataria para que asumiese el coste del proyecto digital y de la web del PP de La Vall con un gasto mínimo para los populares.

Esa empresa era Imesapi, del grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez. Se trata de una de las firmas investigadas ahora en la denominada Operación Flotador, que llevó el pasado viernes 21 de octubre a agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a registrar el Ayuntamiento de Sagunto y otras dependencias. Entre las obras que se investigan destacan el asfaltado y el mantenimiento de viales públicos de la ciudad.

Iniciada en agosto de 2015 y originada en irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes, la investigación se centra en los mandatos de 2007-2011 y 2011-2014, en los que fue alcalde de Sagunto Alfredo Castelló, que está en el punto de mira de la UDEF junto a otros 11 concejales y exconcejales del PP. Castelló forma parte del Grupo Parlamentario que lidera Bonig en las Corts Valencianes y es presidente del Comité de Garantías de la organización valenciana del PP, que lidera esta última.

Bonig alegó en su momento, cuando el diario El País publicó la noticia, que, pese a que entonces era alcaldesa, no sabía cómo se contrató la web local del partido porque no tenía ningún puesto de responsabilidad en la estructura del PP de La Vall. Bonig remitió entonces al “responsable de la organización local del PP", que era Vicent Aparici.

Según el diario El Mundo, aunque inicialmente la Fiscalía presentó una denuncia por prevaricación tras detectar fraccionamientos de contratos, en el curso de la investigación se habrían detectado supestas dádivas a los implicados.

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