Ximo Puig y Susana Díaz exigen la armonización fiscal entre autonomías y un reparto equitativo en la reducción del déficit
El president de la Generalitat, Ximo Puig, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, han propuesto este domingo ocho criterios para el nuevo modelo de financiación autonómica, como que incluya la armonización fiscal entre autonomías y reparta de forma equitativa el esfuerzo para reducir el déficit.
Además, han reclamado un pacto de Estado contra la violencia machista, que esté consensuado en un máximo de cuatro meses y que el Corredor Mediterráneo disponga cuanto antes de las inversiones necesarias, dado que es una infraestructura “imprescindible” en el desarrollo económico de España.
Ambos presidentes autonómicos se han pronunciado así en declaraciones a los periodistas tras reunirse en el Palau de la Generalitat y antes de asistir en la localidad valenciana de Mislata al Día de Andalucía que organiza la Federación de Entidades Andaluzas de la Comunitat Valenciana.
Tanto Puig como Díaz han mostrado su preocupación por el desarrollo de los trabajos del comité de expertos sobre la financiación autonómica y han insistido en la necesidad de un modelo que garantice a todos los ciudadanos la prestación de los servicios públicos en condiciones de igualdad y con calidad.
Los objetivos marcados
Así, Comunitat Valenciana y Andalucía insisten en que la reforma de la financiación “no debe abordarse como un debate de territorios” al tiempo que reclaman más recursos para gasto social (educación, sanidad y dependencia), donde existe una “evidente insuficiencia de recursos estructural” y en los que se debe proporcionar estabilidad ya que son “pilares del Estado de Bienestar”.
De igual modo, apunta el documento que el nuevo modelo debe proporcionar financiación suficiente para que las comunidades autónomas puedan prestar los servicios públcos de los que son responsables, al tiempo que se equipare en recursos a las diferentes regiones: “Es una reivindicación de equidad”.
También exigen la aplicación efectiva del principio de lealtad institucional entre administraciones (Estado y comunidades autónomas), con el desarrollo de un proceso de armonización fiscal: “El nuevo modelo debe ser sencillo, transparente, predecible y, por tanto, permitir la planificación a medio y largo plazo, lo que coadyuvará a una mejor consolidación fiscal en las CCAA”.
Ambas comunidades instan al Gobierno a “repartir equitativamente los esfuerzos” de cara al cumplimiento de los objetivos de déficit: “Durante los últimos cinco años la contribución al esfuerzo de reducción del gasto público de las distintas administraciones ha sido muy desigual y en absoluto proporcional a sus pesos respectivos en el gasto público”.
Por último, llaman la atención sobre la necesidad de abordar la problemática derivada de los déficits presupuestarios generados por la infrafinanciación autonómica, particularmente en el periodo 2002-2017, “que se han traducido en un nivel de deuda que amenaza la viabilidad financiera de la totalidad de Comunidades Autónomas de régimen común”.
