Educación pretende imponer servicios mínimos del 100% para las pruebas de acceso a la universidad de junio

La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, en su condición de presidenta de la Comisión Gestora de la PAU, ha solicitado a la Dirección General de Trabajo servicios mínimos del 100 % para el personal docente designado como miembro de los tribunales evaluadores de la PAU. La medida garantiza la celebración de las pruebas de acceso a la universidad en junio y julio de 2026 y protege el derecho fundamental a la educación del estudiantado valenciano recogido en el artículo 27 de la Constitución Española.

“La PAU no es un trámite administrativo, es el momento más importante de la trayectoria académica de miles de jóvenes valencianos que llevan años trabajando para llegar hasta aquí. Nuestra obligación constitucional es garantizar que puedan realizarla en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, exactamente igual que el resto de estudiantes de España”, ha indicado la secretaria autonómica de Universidades.

Una medida avalada jurídicamente

La propuesta de servicios mínimos del 100 % se fundamenta en tres pilares: el derecho fundamental a la educación recogido en la Constitución Española, la normativa estatal de acceso a la universidad y el aval del TSJCV del pasado 11 de mayo de 2026.

En este sentido, cabe recordar que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV avaló los servicios mínimos dictados por la Conselleria para los centros educativos, reconociendo que el interés general del alumnado que se enfrenta a la PAU es “preponderante” y que existe “un relevante interés general en que todo ese alumnado afronte esa prueba sin más incidentes, incertidumbres o zozobras de los que son consustanciales a la prueba”.

Esta medida, ha señalado la secretaria autonómica de Universidades, “no vacía el contenido del derecho a la huelga del profesorado, lo pondera frente al derecho fundamental a la educación. Actuamos con la única finalidad de proteger a quienes no tienen ninguna responsabilidad en este conflicto. Nuestra obligación es no fallar al alumnado que se juega tanto”.